Tanto
el Instituto Federal Electoral (IFE), como el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), están al servicio pleno de la
oligarquía, y nada hará cambiar su manera de actuar.
Una
vez demostrado que la oligarquía no tiene un mínimo interés en que
México transite hacia la democracia, queda preguntarse qué hacer con el
fin de lograr los cambios que convienen a las clases mayoritarias. Es
un hecho la cancelación de la vía electoral, así que lo razonable es
buscar otros caminos que permitan a la sociedad una defensa elemental
de sus intereses básicos. No hay condiciones para quitarle a los
poderes fácticos su hegemonía sobre un sistema político estructurado
para servir a sus fines de control y dominación. Así que no tiene
sentido seguir jugando bajo sus reglas.
Es inútil todo esfuerzo tendiente a ganar espacios de poder con apego total a las instituciones. Las autoridades electorales no tuvieron empacho en burlarse de sus propias normas con tal de imponer al candidato de la derecha, tal como se les ordenó y por lo que cobran salarios extraordinarios. Podría haber tenido mayoría absoluta Andrés Manuel López Obrador, aun así no habría sido reconocido su triunfo, como en el 2006 y como sucedió en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo un triunfo inobjetable, reconocido incluso, años después, por Miguel de la Madrid.
Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), están al servicio pleno de la oligarquía, y nada hará cambiar su manera de actuar. El colmo sería que los partidos de izquierda aceptaran seguir jugando al gato y al ratón. ¿Qué puede ocurrir si dejaran de hacerlo? ¿Les quitarían sus recursos sólo a ellos y el grupo en el poder se quitaría la máscara de “demócrata”? No es creíble.
Sin embargo, se obligaría a las instituciones a demostrar su verdadero rostro, lo que pondría en marcha una serie de contradicciones que tarde o temprano acabarían entrampando al sistema político al servicio de la oligarquía. En este escenario, a las fuerzas democráticas no les queda otro camino que aprestarse a una lucha firme, sin caer en provocaciones, que estarán a la orden del día, junto a una inacabable campaña de los medios orientada a desprestigiar su lucha y tratar de aislarlas de los grupos que podrían ser sus aliados naturales, como los burócratas y profesionistas que sobreviven apenas con sueldos raquíticos.
No hay que olvidar que la sociedad mayoritaria es un activo que urge ganarse para la gran causa reivindicadora que se avecina. Es preciso trabajar junto a las masas de trabajadores, clases medias y organizaciones sociales, para concientizarlas sobre la etapa que viene, de organización social profunda con la finalidad de imponerle a la oligarquía nuevas reglas, que convengan a la nación, no a intereses trasnacionales como ahora sucede.
Con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, la marcha del país será en sentido contrario a lo que conviene a la sociedad mayoritaria, motivo por el que se profundizarán las contradicciones que caracterizan a México en la actualidad. Llegará con la instrucción de imponer condiciones lesivas a los trabajadores, a fin de garantizar altas tasas de ganancias a la oligarquía. Evitarlo será posible en la medida que se puedan sacudir a dirigentes traidores que actuarán como simples capataces. Lo importante será perder el miedo a las represalias, que serán muy duras en un principio.
No dudará el “gobierno” de Peña Nieto en tomar medidas extremas, con tal de disciplinar a los “revoltosos”, pero llegaría una etapa en que ir más adelante sería instaurar una dictadura fascista. ¿Estaría dispuesto el gobierno estadounidense a mostrar también su verdadero rostro, como si hubiera regresado a los tiempos en que apoyaba dictaduras latinoamericanas? Es muy probable que pudiera suceder, teniendo en cuenta los acelerados avances del conservadurismo más retrógrado en la nación vecina. Pero al actuar de esa forma, estaría abriendo una amplia brecha con las naciones que aún luchan para construir instituciones democráticas cada vez más funcionales y progresistas.
Como quiera que sea, lo que no deja dudas es la necesidad de organizar al pueblo, con la mística, firmeza, inteligencia y dinamismo que ha demostrado la organización #Yosoy132. Habrá motivos de sobra para despertar la conciencia de los ciudadanos, porque estará en juego la sobrevivencia de las nuevas generaciones de mexicanos. Organización, organización y más organización deberá ser la consigna en los meses y años venideros, única alternativa para evitar que México pase a ser no el patio trasero de Estados Unidos, sino un gran basurero sin futuro, una vez que las grandes empresas trasnacionales explotadoras de nuestros recursos, acabaran con ellos, tarea que no les llevaría mucho tiempo.
Tan dramático escenario será factible gracias a la traición de los consejeros y magistrados electorales, quienes habrán de pasar a la Historia como los “judas” que vendieron su dignidad por treinta monedas, cuando en sus manos tuvieron la oportunidad de abrir cauces a la legalidad y sentar las bases de una democracia moderna y participativa.
Es inútil todo esfuerzo tendiente a ganar espacios de poder con apego total a las instituciones. Las autoridades electorales no tuvieron empacho en burlarse de sus propias normas con tal de imponer al candidato de la derecha, tal como se les ordenó y por lo que cobran salarios extraordinarios. Podría haber tenido mayoría absoluta Andrés Manuel López Obrador, aun así no habría sido reconocido su triunfo, como en el 2006 y como sucedió en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo un triunfo inobjetable, reconocido incluso, años después, por Miguel de la Madrid.
Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), están al servicio pleno de la oligarquía, y nada hará cambiar su manera de actuar. El colmo sería que los partidos de izquierda aceptaran seguir jugando al gato y al ratón. ¿Qué puede ocurrir si dejaran de hacerlo? ¿Les quitarían sus recursos sólo a ellos y el grupo en el poder se quitaría la máscara de “demócrata”? No es creíble.
Sin embargo, se obligaría a las instituciones a demostrar su verdadero rostro, lo que pondría en marcha una serie de contradicciones que tarde o temprano acabarían entrampando al sistema político al servicio de la oligarquía. En este escenario, a las fuerzas democráticas no les queda otro camino que aprestarse a una lucha firme, sin caer en provocaciones, que estarán a la orden del día, junto a una inacabable campaña de los medios orientada a desprestigiar su lucha y tratar de aislarlas de los grupos que podrían ser sus aliados naturales, como los burócratas y profesionistas que sobreviven apenas con sueldos raquíticos.
No hay que olvidar que la sociedad mayoritaria es un activo que urge ganarse para la gran causa reivindicadora que se avecina. Es preciso trabajar junto a las masas de trabajadores, clases medias y organizaciones sociales, para concientizarlas sobre la etapa que viene, de organización social profunda con la finalidad de imponerle a la oligarquía nuevas reglas, que convengan a la nación, no a intereses trasnacionales como ahora sucede.
Con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, la marcha del país será en sentido contrario a lo que conviene a la sociedad mayoritaria, motivo por el que se profundizarán las contradicciones que caracterizan a México en la actualidad. Llegará con la instrucción de imponer condiciones lesivas a los trabajadores, a fin de garantizar altas tasas de ganancias a la oligarquía. Evitarlo será posible en la medida que se puedan sacudir a dirigentes traidores que actuarán como simples capataces. Lo importante será perder el miedo a las represalias, que serán muy duras en un principio.
No dudará el “gobierno” de Peña Nieto en tomar medidas extremas, con tal de disciplinar a los “revoltosos”, pero llegaría una etapa en que ir más adelante sería instaurar una dictadura fascista. ¿Estaría dispuesto el gobierno estadounidense a mostrar también su verdadero rostro, como si hubiera regresado a los tiempos en que apoyaba dictaduras latinoamericanas? Es muy probable que pudiera suceder, teniendo en cuenta los acelerados avances del conservadurismo más retrógrado en la nación vecina. Pero al actuar de esa forma, estaría abriendo una amplia brecha con las naciones que aún luchan para construir instituciones democráticas cada vez más funcionales y progresistas.
Como quiera que sea, lo que no deja dudas es la necesidad de organizar al pueblo, con la mística, firmeza, inteligencia y dinamismo que ha demostrado la organización #Yosoy132. Habrá motivos de sobra para despertar la conciencia de los ciudadanos, porque estará en juego la sobrevivencia de las nuevas generaciones de mexicanos. Organización, organización y más organización deberá ser la consigna en los meses y años venideros, única alternativa para evitar que México pase a ser no el patio trasero de Estados Unidos, sino un gran basurero sin futuro, una vez que las grandes empresas trasnacionales explotadoras de nuestros recursos, acabaran con ellos, tarea que no les llevaría mucho tiempo.
Tan dramático escenario será factible gracias a la traición de los consejeros y magistrados electorales, quienes habrán de pasar a la Historia como los “judas” que vendieron su dignidad por treinta monedas, cuando en sus manos tuvieron la oportunidad de abrir cauces a la legalidad y sentar las bases de una democracia moderna y participativa.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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