Falta castigo a responsables, recalcan familias y activistas
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 30 ago 12 (CIMAC).- El segundo evento oficial de presentación del “Memorial de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” no fue un acto de “buena voluntad” del Estado mexicano, sino en mero cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), apuntó Cecilia Espinoza, abogada de la Red Mesa de Mujeres.
En entrevista telefónica, la defensora de Derechos Humanos (DH) advirtió que el acto de contrición llevado a cabo hoy por las autoridades federales y estatales respecto al feminicidio en la urbe fronteriza, sólo tendrá significado real hasta que los responsables sean detenidos y castigados.
En el evento oficial el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, leyó a nombre del Estado mexicano el reconocimiento de responsabilidad por el asesinato en 2001 de las jóvenes Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados ese mismo año en el predio conocido como Campo Algodonero.
A raíz de ese caso, que llegó hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CoIDH condenó en 2009 al Estado mexicano por la ola de violencia feminicida en Ciudad Juárez.
Por órdenes de la Corte, Poiré ofreció hoy una disculpa pública a las madres, así como a todas las familias de las víctimas de feminicidio, quienes durante años han sufrido la vulneración de sus derechos y las consecuencias de la impunidad.
El funcionario también inauguró un memorial en honor a todas las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en la urbe fronteriza desde 1993, el cual contempló una escultura, un conjunto de placas que expliquen qué es el feminicidio, y los nombres de todas las víctimas.
El 6 de noviembre de 2011 ya se había presentado el memorial, pero fue rechazado por las familias y las organizaciones civiles, ya que el monumento estaba inconcluso.
NUEVA INCONFORMIDAD
Cecilia Espinoza recalcó que esta segunda presentación incumplió el resolutivo de la sentencia de la CoIDH referente al memorial, toda vez que éste tiene que ser un espacio “dignificante y dignificador” de la vida de las mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas.
Subrayó que mientras no haya castigo a los responsables el memorial sólo refleja la impunidad que continúa en Ciudad Juárez, toda vez que las familias y las organizaciones civiles siguen reclamando y visibilizando el feminicidio que no cesa.
Para la Red Mesa de Mujeres –indicó la abogada– los resolutivos de la Corte no están cumplidos, ni lo estarán, hasta que las instituciones de gobierno den a conocer lo que realmente pasó y sigue pasando en la ciudad.
“Decidimos participar en el evento por que el memorial no es un hecho de buena voluntad del Estado, sino una respuesta a la sentencia”, aclaró.
“No es un regalo, no es una acción salida del gobierno de México, sino una acción emanada de una sentencia en la cual el Estado mexicano está siendo cuestionado por omisiones cometidas tanto en los hechos de Campo Algodonero, como los hechos que continúan en la actualidad, que son las desapariciones y el feminicidio”, recalcó.
Espinoza dijo que la Red Mesa de Mujeres mantiene la exigencia de que el Estado genere acciones efectivas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en Juárez.
Durante el evento oficial, Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda Herrera Monreal, una de las víctimas del Campo Algodonero, expresó: “Ha sido muy difícil llegar aquí el día de hoy, pero por fin podemos encontrarnos y escuchar una disculpa del gobierno por todo lo que hemos pasado durante estos años”.
La mamá de Esmeralda agregó: “No sólo se trata de nuestras hijas, pues muchas otras niñas y mujeres aquí en Ciudad Juárez han sido víctimas del feminicidio, pero sobre todo víctimas de la impunidad, pues la mayoría de los casos están sin resolverse, por eso es muy importante que en este memorial se vayan inscribiendo los nombres de todas y cada una de ellas, para recordarlas siempre y para exigir justicia y sanción a los responsables”.
En paralelo al acto gubernamental, algunas madres y familiares de mujeres desaparecidas exigieron al gobernador del estado, César Duarte, resultados en las investigaciones de los secuestros.
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