Por ello PGR no puede consignar a militares violadores
Por la Redacción
México, DF, 28 ago 12 (CIMAC).- Un grupo de organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a cooperar con las investigaciones para sancionar a los militares que en 2002 violaron a las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
En una carta dirigida a la Presidencia de la República, las agrupaciones acusaron a la Sedena de negarse a colaborar con la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene las indagatorias desde el 12 de agosto de 2011 sin ningún avance.
Inés y Valentina son dos indígenas oriundas de Guerrero que en hechos distintos fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas en 2002, y quienes desde entonces buscaron justicia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En octubre de 2010 el alto tribunal interamericano publicó dos sentencias con las que ordenó al Estado mexicano investigar y esclarecer los hechos ocurridos hace 10 años en contra de ambas mujeres, sin que hasta ahora haya resultado alguno, señalaron los grupos ciudadanos.
En la carta también enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y otros funcionarios, se explica que a pesar de los diversos compromisos asumidos por el gobierno federal son escasos los avances en la implementación de las sentencias.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 71 organizaciones de 21 estados del país así como diversas agrupaciones internacionales, expresaron su preocupación al respecto.
Advirtieron que a 10 años de los sucesos ocurridos a Inés y Valentina, ellas no han obtenido justicia toda vez que los expedientes no se han presentado ante una autoridad judicial debido a la falta de cooperación por parte de la Sedena con la PGR.
Aunque desde agosto de 2011 las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la PGR, las autoridades militares no integraron toda la información en el expediente.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que acompaña el caso de ambas indígenas, desde marzo pasado la Fevimtra requirió documentos que la Sedena no ha entregado.
Una vez que la PGR y la Fevimtra cuenten con esta información se podría subsanar las deficiencias en que incurrió la Sedena, o bien dejar constancia de las diligencias que no se hicieron en la jurisdicción militar y que dificultan el acceso a la justicia.
Las agrupaciones denunciaron que la impunidad militar persiste, por ello pidieron a Felipe Calderón que garantice la cooperación de la Sedena en las investigaciones que realiza la PGR en ambos casos, a fin de consignar lo más pronto posible.
Asimismo solicitaron que a unos meses de que concluya el sexenio, considere que ésta es la última oportunidad para poner en el centro de la agenda de los Derechos Humanos el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana.
Tlachinollan informó que esta carta forma parte de una campaña para impulsar el cumplimiento de las sentencias debido a que el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos, para cumplir las medidas de reparación pese a que estas resoluciones son de carácter definitivo e inapelable.
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