ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ / EL UNIVERSAL
El proceso electoral puso en evidencia el control que los poderes fácticos mantienen sobre el país. México es gobernado hoy por una minoría que detenta el poder económico y que en esta elección jugó el papel determinante.
El Estado mexicano se ha escindido de la sociedad y se encuentra secuestrado por grupos minoritarios que utilizan las instituciones para mantener sus privilegios y despojar a la nación de su riqueza. Esta situación ha provocado una profunda crisis de legitimidad, la cual abona a la ampliación de la brecha entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
A través de canonjías entre gobierno, políticos y empresarios se han definido los relevos presidenciales, acrecentado la concentración monopólica, cuyo poder se percibe más pujante que nunca. Ante el vacío creado por una Presidencia debilitada, los monopolios, en particular los que detentan las concesiones de los medios de comunicación, construyen candidatos, imponen gobernantes, censuran la información, vetan y linchan mediáticamente a quienes cuestionan su poder.
Asistimos al resquebrajamiento de los últimos reductos del Estado-nación con el eventual regreso al poder de una generación de tecnócratas y políticos corporativistas que a lo largo de tres décadas implementaron un proceso de privatización profunda de los bienes nacionales, que propició una desmedida concentración del ingreso y el consiguiente aumento del poder del capital frente al poder público, en un ambiente en el que cualquier intento de transformación democrática crea hostilidad entre quienes ven amenazados sus intereses y genera reacciones de imposición sobre la voluntad popular. A ello se suma la presencia de otros poderes informales, que ligados a actividades ilícitas controlan amplias regiones del territorio nacional.
Ante el debilitamiento del Estado, el centro del poder gravita al margen de las instituciones públicas. El ejercicio de elección popular es sustituido por el dinero y la compra de conciencias, en tanto las instituciones subordinan su capacidad de velar por el interés del país a intereses particulares.
En las últimas semanas hemos presenciado evidencias claras de esta situación y la restauración del abuso del poder en la aplicación a modo de la ley por una autoridad electoral omisa y complaciente para sancionar las irregularidades cometidas en la elección presidencial, así como la asociación de los poderes fácticos con una clase política incapaz de establecer la libre competencia y superar la profunda lejanía de las instituciones de la sociedad, como lo acredita también la embestida del Ejecutivo federal contra la libertad de expresión y las pretensiones de Felipe Calderón de despedir a Carmen Aristegui a cambio de refrendar la banda 2.5 Ghz al grupo MVS.
Este escenario plantea el reto de impulsar un viraje profundo en nuestro régimen político para instaurar una nueva era de convivencia basada en la reconciliación nacional. Se trata de construir un proceso democrático en el que predomine la estabilidad y certidumbre, donde la equidad constituye la condición fundamental para el desarrollo y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos para la sana convivencia.
Se requiere erradicar la cultura política que desprecia la dignidad de las personas, en la que prevalece una perspectiva gubernamental que, en vez de ciudadanos, ve clientelas, para transitar hacia una sociedad donde los ciudadanos se asuman como sujetos reales de derechos y hacia un nuevo orden democrático, fundado en un precepto despreciado por los hombres del poder: el respeto a la soberanía popular.
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