¿Qué hace Pemex en Repsol?
Editorial La Jornada
El
presidente de la corporación petrolera española Repsol, Antonio Brufau,
exhortó ayer a Petróleos Mexicanos (Pemex) a estrechar la colaboración
entre ambas entidades y ofreció a la representación mexicana
que se siente con la compañía para analizar todas las oportunidades para cooperar. La declaración tiene lugar dos años y medio después de que firmaron una alianza estratégica que significó la compra, por parte de la empresa mexicana, de 9 por ciento de las acciones de la española, y un día después de que el coordinador de asesores de Pemex, Carlos Roa, criticó severamente, en una entrevista publicada en Madrid, el desempeño del propio Brufau y se manifestó por un cambio en la administración de Repsol para que ésta
pueda ser un gran socio.
Como elemento de contexto han de señalarse los cuestionamientos a
Brufau en la propia España por las percepciones astronómicas que él
mismo se asigna como titular de la empresa (de 5 a 10 millones de euros
anuales) y las imputaciones judiciales en su contra por las operaciones
financieras dudosas que realizó como alto cargo de La Caixa y de Gas
Natural, aunque las pesquisas no han prosperado por la espesa red de
complicidades político-empresariales que existe en el país ibérico.
Por otra parte, el intercambio de declaraciones Roa-Brufau tiene
como telón de fondo el acuerdo alcanzado por Repsol y el gobierno
argentino para saldar las indemnizaciones por la expropiación, en mayo
de 2012, de las acciones que el corporativo español poseía de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPG), la empresa argentina de
hidrocarburos. La parte mexicana se vio involucrada en el diferendo
debido a que, unos meses antes, el entonces director de Pemex, Juan
José Suárez Coppel, decidió invertir cerca de mil 150 millones de euros
(19 mil 55 millones de pesos, al cambio del momento) en Repsol.
Esa participación fue cuestionada porque reflejaba una enorme
incongruencia del gobierno mexicano, ya que el discurso oficial
mantenía –y sigue manteniendo– que el Estado carece de los recursos
necesarios para invertir en el desarrollo de Pemex, lo que hacía
absurdo que se destinara semejante monto a una trasnacional. Por lo
demás, el porcentaje accionario de Pemex no es suficiente para incidir
en forma significativa en la dirección de Repsol, como el propio Suárez
Coppel pudo comprobar cuando, días después, el consejo de
administración de la corporación española amenazó con expulsar a Pemex
si ésta insistía en aliarse con otro accionista minoritario.
La
situación, en esencia, no ha cambiado: el gobierno federal sigue
afirmando que no hay recursos suficientes para financiar la industria
petrolera nacional, y precisamente esa fue una de las justificaciones
utilizadas para operar la reciente reforma legal que permite la
privatización del sector; en cuanto a la situación en Repsol, el martes
pasado su consejo modificó el reglamento para prohibir a los consejeros
que externen públicamente sus discrepancias con la gerencia de la
trasnacional, lo que resulta una clara reacción a las declaraciones
formuladas horas antes por Roa.
Por donde se le vea, la asociación entre Pemex y Repsol es un mal
negocio para la primera. A la distancia, es claro que la inversión en
una corporación gestionada en forma casi gansteril constituyó una de
las más graves afectaciones de cuantas perpetró la administración de
Felipe Calderón en contra del patrimonio de todos los mexicanos. De la
misma manera es insostenible el rescate realizado por la petrolera
mexicana de un astillero gallego que se encontraba en quiebra virtual.
En resumen, es tiempo de revertir esas asociaciones heredadas del
sexenio anterior, de recuperar, en lo posible, los capitales destinados
a las empresas españolas, y de emplear tales recursos en el
mejoramiento y la modernización de la planta petrolera nacional, la
cual experimenta, con o sin reforma energética, una clara necesidad de
inversión.
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