De vuelta a prisión
Simón Vargas Aguilar*
In principio erat verbum
En diciembre de 2013, la
Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer una lista con
69 de los 122 capos del narcotráfico más buscados, que fueron
arrestados o abatidos durante la actual administración del presidente
Enrique Peña Nieto, dando seguimiento a la anterior política de
detenciones prioritarias, implementada en el sexenio de Felipe
Calderón, donde el éxito de la estrategia de seguridad se medía con
base en el número de criminales detenidos, desvinculando la inseguridad
prevaleciente.
se ha logrado detener a 74.
Pero, con la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, suman 75 miembros del crimen organizado capturados. Y es que El Chapo no sólo estaba en la mira de autoridades mexicanas, sino que para el gobierno de Estados Unidos el narcotraficante era uno de los criminales más buscados, incluso la administración Obama ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que condujera a su captura.
En este contexto, Joaquín El Chapo Guzmán era ubicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el fugitivo número W613028312, y era buscado por violaciones a las leyes 21 USC 841 (a) (1) y 846, que se refieren a la producción y distribución de drogas en la nación estadunidense. Asimismo, para la Administración para el Control de Drogas (DEA), El Chapo estaba incluido en la lista de los más buscados, junto a Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.
Hoy –precisa el secretario de Gobernación–
a diferencia del sexenio pasado sí se está ocupando la inteligencia contra los delincuentes, y los tres niveles de gobierno trabajan coordinadamente; sin embargo, la percepción sobre la seguridad pública continúa siendo negativa, ya que, de acuerdo con el Inegi, 57.8 por ciento de la población de 18 años y más considera
la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa.
En diciembre de 2013, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registró que para 68 por ciento de la población su lugar de residencia es inseguro; 69.9 por ciento de los entrevistados calificó el desempeño de la policía como
poco efectivoo
nada efectivoen sus labores relativas a la prevención (uno de los pilares de la nueva estrategia) y combate a la delincuencia.
Por
ello la detención de un capo no garantiza el mejoramiento de la
seguridad en el país, ya que, como señala el doctor Edgardo Buscaglia,
para
Esto, aunado a que tras la recaptura de El Chapo la sociedad exige ver desmanteladas las empresas legales que están bajo su poder, así como ver tras las rejas a los servidores públicos, políticos y miembros de la sociedad civil que lo ayudaron a encumbrarse, “porque El Chapo Guzmán y su gente tienen en el bolsillo a cientos de políticos mexicanos”, explica Buscaglia, y añade que es tiempo de que
Durante su traslado a Toluca, en 1993, El Chapo les dijo a los funcionarios que lo escoltaban:
Aún quedan muchas dudas, por ejemplo, ¿cómo y bajo qué circunstancias fue capturado en 1993? ¿Cómo logró escapar aquel 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande? ¿Quiénes facilitaron su escape? ¿Quién le permitió alcanzar este nivel de influencia a escala mundial?
Sin esas respuestas, pero sobre todo sin la reducción de la disponibilidad de drogas, sin el combate a los daños colaterales en las víctimas de la sociedad civil, sin la disminución y erradicación de los delitos asociados al narcotráfico, como el secuestro y la extorsión, así como la destrucción de las estructuras de los otros cárteles, la recaptura de El Chapo será inútil.
*Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia
Twitter: @simonvargasa
Facebook: simonvargasa
dañar a una estructura criminal tan compleja como la de Sinaloa, que se ubica en 54 países del mundo, necesitas cubrir los vacíos de Estado mexicano, y de otros países donde Sinaloa está ubicado, con unidades de investigación patrimonial, funcionalmente autónomas, que brillan por su ausencia en México.
Esto, aunado a que tras la recaptura de El Chapo la sociedad exige ver desmanteladas las empresas legales que están bajo su poder, así como ver tras las rejas a los servidores públicos, políticos y miembros de la sociedad civil que lo ayudaron a encumbrarse, “porque El Chapo Guzmán y su gente tienen en el bolsillo a cientos de políticos mexicanos”, explica Buscaglia, y añade que es tiempo de que
empiece a haber esas detenciones de políticos, incautaciones y decomisos de activos reales.
Durante su traslado a Toluca, en 1993, El Chapo les dijo a los funcionarios que lo escoltaban:
¿Cuánto dinero quieren? Tengo mucho, les doy los nombres de comandantes, de funcionarios, de gente a mi servicio. Estoy arreglado muy arriba.
Aún quedan muchas dudas, por ejemplo, ¿cómo y bajo qué circunstancias fue capturado en 1993? ¿Cómo logró escapar aquel 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande? ¿Quiénes facilitaron su escape? ¿Quién le permitió alcanzar este nivel de influencia a escala mundial?
Sin esas respuestas, pero sobre todo sin la reducción de la disponibilidad de drogas, sin el combate a los daños colaterales en las víctimas de la sociedad civil, sin la disminución y erradicación de los delitos asociados al narcotráfico, como el secuestro y la extorsión, así como la destrucción de las estructuras de los otros cárteles, la recaptura de El Chapo será inútil.
*Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia
Twitter: @simonvargasa
Facebook: simonvargasa
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