“Estamos tomando conciencia de que la respuesta institucional contra la violencia machista es insuficiente, de que tenemos que hacer algo”

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  June Fernández

La Última Gota (trailer) from Las Tejedoras on Vimeo.

El colectivo feminista madrileño Las Tejedoras critica mediante un cortometraje la revictimización por parte del sistema judicial que enfrentan las mujeres que denuncian malos tratos y que se presenta como única vía para salir de una situación de violencia. El mensaje generalizado de que “nada se puede hacer si las mujeres no denuncian” se utiliza como “lavado de manos institucional y social”, que impide a las víctimas obtener apoyo y reparación.

“Señora, se limita usted a contar anécdotas inconexas, que sólo demuestran la animadversión que siente hacia su marido”. “Le estamos pidiendo pruebas, no vecinas”. “¿Que su marido la violaba? ¿Se da cuenta de que está haciendo una acusación gravísima?”. El cortometraje ‘La última gota’, realizado por el colectivo feminista Las Tejedoras, ficciona situaciones reales de mujeres que denunciaron a sus parejas por violencia de género y se enfrentaron a juicios en los que profesionales con escasa formación las trataron como sospechosas. Además, la cinta señala la falta de voluntad mostrada por el Gobierno español para atajar la violencia machista y la tendencia de la clase política y de los medios de comunicación de responsabilizar a las víctimas, con el consabido “No las podemos ayudar si no denuncian”.

“Hay que facilitar otros mecanismos para atajar las situaciones de violencia: a través de los centros de salud, los colectivos de mujeres, otros servicios sociales… El Estado no es sólo policía y juzgados”

El guion se basa en la experiencia de integrantes del colectivo que se dedican a la abogacía y al trabajo social. Las escenas se intercalan con animaciones en las que una voz en off aporta datos alarmantes, como que el 73% de casos de violencia de género no se denuncian, que desde 2009 el número de denuncias ha ido en descenso, mientras ha crecido el porcentaje de denuncias retiradas y que se ha reducido en un 12% el número de órdenes de alejamiento concedidas. Tres de las ‘tejedoras’, Elena Saura, Isabel Cáceres y Julia Yagüe, explican que el objetivo con este proyecto es “crear debate social e invitar a construir alternativas” para luchar contra la violencia machista. “Puede servir para que las mujeres que piensen en denunciar sepan con qué se pueden encontrar y vayan mejor preparadas, para que quienes ya han vivido situaciones similares sepan que no son las únicas, y para que las y los profesionales tomen conciencia y se formen”, añade Cáceres.

¿Qué balance hacéis diez años después de la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género?
Julia Yagüe: La ley tenía sus limitaciones, pero introducía avances en lo relativo a la violencia en el contexto de la pareja; por ejemplo, proponía alternativas para garantizar una asistencia integral a las mujeres. Esas promesas no sólo no se están cumpliendo, sino que el proceso judicial se convierte en una nueva fuente de violencia.

Elena Saura: En los siete años de aplicación de la ley, ha aumentado en un 158% el sobreseimiento de las causas; las denuncias se archivan por falta de pruebas. Amnistía Internacional ha emplazado al Gobierno a evaluar la aplicación de la ley y a investigar por qué las mujeres no denuncian y por qué son cada vez más las que retiran las denuncias.

¿Qué compromisos institucionales reclamáis vosotras?
Saura: Que se cumpla la ley. Es papel mojado si no se dota de presupuesto para su desarrollo. La formación de quienes trabajan en los llamados juzgados especializados se limita a un curso virtual que no permite suficiente profundización, mientras que otras especialidades exigen estudiar dos años. Exigimos una formación profunda y con perspectiva de género. Y hay que facilitar otros mecanismos para atajar las situaciones de violencia: a través de los centros de salud, los colectivos de mujeres, otros servicios sociales… El Estado no es sólo policía y juzgados.

Yagüe: Sólo un 30% de las mujeres en situación de maltrato se plantea interponer una denuncia, pero el 100% van al centro de salud con síntomas asociados al maltrato, como dolores de cabeza o depresión. Una mayor especialización por parte de las y los trabajadores de los servicios sociales y de salud permitiría que detecten situaciones de violencia y hagan un acompañamiento efectivo. No podemos denunciar una situación de violencia cuando estamos machacadas psicológicamente, con la autoestima por los suelos y sin apoyos.

En el vídeo replican la memorable afirmación de la ministra Ana Mato: “No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”.
Yagüe: Ese discurso es un lavado de manos. Si no denuncias te acusan de que no quieres interrumpir esa situación de violencia. Y cuando denuncias, la situación de violencia no se interrumpe, porque las mujeres encuentran violencia institucional en un proceso judicial que además las pone en riesgo.

“En los juzgados se cuestiona constantemente la veracidad del testimonio de la mujer y se le exige aportar pruebas. En otro tipo de delitos hay una investigación, una búsqueda de pruebas, se llama a testigos”

Isabel Cáceres: Tú vas al juzgado y esperas justicia y reparación. Eso sería lo normal, pero no es lo que está ocurriendo, porque el sistema judicial es patriarcal.

Saura: Ha calado en la ciudadanía el mensaje generalizado de que no se puede atajar el problema si las mujeres no lo denuncian. Nosotras no decimos que no recurran a la vía penal, sino que llamamos a que ésta no sea el único mecanismo válido para salir de una situación de violencia y que cuando se denuncie se establezca una protección de derechos para que las mujeres no se vean violentadas en el proceso. Además, las campañas de sensibilización suelen poner el foco sólo en la víctima, nunca en los maltratadores, que no están siendo repudiados socialmente.

Muestran a víctimas de violencia de género acorraladas en duros interrogatorios.
Yagüe: En los juzgados se reflejan todos los prejuicios sociales. Se cuestiona constantemente la veracidad del testimonio de la mujer y no se la deja relatar su historia a su manera: “Conteste sí o no”. Y recordemos que muchas no dominan el castellano. En otro tipo de delitos hay una investigación, una búsqueda de pruebas, se llama a testigos. En los delitos por violencia de género, a la mujer se le exige aportar pruebas que determinen que ha vivido esas situación. Además, sólo tienen en cuenta la violencia física, en vez de entender que es la puntita más visible de una pirámide de violencia que incluye acoso, control, desprecio, violencia sexual… ¿Cómo demuestras que has sido sistemáticamente despreciada o minusvalorada por tu pareja?

¿No se aceptan testimonios y peritajes para probar la violencia psicológica?
Cáceres: Cuando es juicio rápido no suelen intervenir profesionales de servicios sociales.

Yagüe: Solicitar informes a profesionales -que sabemos detectar si un testimonio es veraz- es una buena práctica que la mayoría de jueces no contempla. Además, se juzga la última situación concreta que motivó la denuncia, en vez de abrir diligencias para investigar que es una violencia habitual.

Saura: Los testimonio de vecinas que han sido testigos tampoco se suelen admitir.

Los juicios rápidos sonaban a avance, pero la consecuencia es que la denunciante llega a la vista con poca preparación.
Yagüe: Interponen la denuncia desinformadas, recién salidas de la situación de violencia, y el contenido de la denuncia tiene mucho peso en el juicio. La ley establece el derecho al asesoramiento jurídico gratuito desde antes de la interposición de la denuncia, pero muchas veces se encuentran con el abogado cinco minutos antes de la comparecencia.

Saura: Y una historia de violencia no es algo que se cuente en cinco minutos.

Cáceres: Muchas comisarías no saben aplicar los protocolos. Los turnos de abogacía de guardia son recursos escasos. La policía les dice: “Huy, la abogada puede tardar horas en venir, no le va a hacer ni caso y le va a cobrar” y les convence de que “vuelva usted mañana”.

Una piensa que con la denuncia cesará el maltrato, y se encuentra con el inicio de un proceso que implica más violencia, por parte del agresor y del sistema judicial.

Cáceres: No se promueve el empoderamiento de las víctimas para que puedan sobrevivir a la vía penal. Existen muy pocos servicios sociales que no exijan presentar denuncia, y se tarda meses en tener una cita con una psicóloga. Es mínimo el porcentaje de mujeres que reciben atención previa antes de poner la denuncia.

Saura: La ley contempla la atención psicológica, pero no es obligatoria.

“Es una estrategia recurrente que ellos afirmen que también sufrieron maltrato. El resultado suele ser una orden de alejamiento mutua o que las causas se archiven

Yagüe: Los agresores con sentencia favorable salen del proceso judicial cabreados por lo que “esa tipeja se ha atrevido a hacer”, crecidos e impunes, sienten que nadie les va a detener. Muchas veces las mujeres tienen que huir, lo que se traduce en desarraigo para ellas y para las hijas y hijos a su cargo. Los maltratadores siguen yendo al bar de la esquina, al mismo trabajo, quedan con los amigotes. No hay respuesta social.

Destacan que entre 2011 y 2012 651 mujeres fueron condenadas como consecuencia de las contradenuncias presentadas por sus agresores.

Yagüe: Es una estrategia recurrente que ellos afirmen que también sufrieron maltrato (aunque esto no se juzga como violencia de género sino como delitos comunes). El resultado suele ser una orden de alejamiento mutua o que las causas se archiven. También abundan las presiones a las mujeres para que retiren la denuncia, como decirles que piensen en las consecuencias que la orden de alejamiento tendrá para los hijos.

Cáceres: En muchos casos, a las mujeres las atienden abogados del turno de oficio, mientras que los hombres pueden contratar a letrados mucho más activos.

Saura: Los maltratadores se informan, tienen foros en internet. Y el sistema patriarcal les beneficia, porque si el personal de los juzgados de violencia de género no están bien formado, los prejuicios machistas se imponen. Nosotras tenemos que ir al juicio mucho más armadas y empoderadas.

Y uno de los prejuicios que condiciona a las y los profesionales de la justicia es el de que las mujeres denuncian malos tratos en falso.

Yagüe: Las denuncias falsas por violencia de género representan el 0,0038% (según los datos de 2012 de la Fiscalía General del Estado) y, sin embargo, esta fábula que se divulga constantemente. Los machistas presentan los datos de sobreseimiento de casos como indicador de denuncias falsas. Pero recordemos que recabar pruebas es difícil, entre otras cosas porque pone a las mujeres en situaciones de riesgo: por ejemplo, coger el móvil para grabar al agresor durante un episodio de violencia puede aumentar su enfado.

Si asumimos que la vía penal no está funcionando, ¿qué puede hacer la ciudadanía para detectar y combatir la violencia de género?

Saura: Es importante concienciar a la gente desde la infancia, pero el Gobierno eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía: si en las escuelas ya se hablaba poco de igualdad, de derechos humanos, de violencia, ahora ni eso.

Yagüe: Nos hemos relajando pensando que las instituciones estaban haciendo algo. Estamos tomando conciencia de que la respuesta institucional no es suficiente, de que tenemos que hacer algo, pero no tenemos herramientas. Hemos de empezar a pensar estrategias colectivas y trabajar en autodefensa feminista para promover el empoderamiento de las víctimas y enfrentar a los agresores. Si queremos acompañar bien a una mujer que enfrenta violencia, hemos de asesorarnos, no juzgarla y tener mucha paciencia. Resulta frustrante cuando una amiga no se anima a denunciar, pero recordemos que es muy valioso que sepa que estamos ahí, que cuando lo necesite nos puede llamar, venirse a nuestra casa… Y eso rompe el cerco de aislamiento que fortalece al maltratador.