Colectivo La digna voz
Jalcomulco
(Veracruz) es una de las múltiples sedes de un conflicto de dimensiones
globales. Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios que impulsa
el proyecto de la presa hidroeléctrica en la comunidad, es una suerte
de actor de reparto. El protagonista es la población en resistencia. El
primero representa el procedimiento rutinario de extracción,
desposesión, suspensión de soberanía. El segundo representa el ulterior
acontecimiento: es decir, la condición de la posibilidad de una ruptura
con el procedimiento rutinario.
Veracruz es uno de los estados más
ricos en recursos naturales. Que para el caso de una región en
condición de bancarrota política, jurídicamente desprotegida,
económicamente hipotecada, esta riqueza se traduce en calamidad. Cabe
recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta “más de 100
proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de
93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km
de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por
añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es
susceptible a la fracturación hidráulica” (El Jarocho Cuántico 9-III-2014).
Acá no valen los análisis de especialistas, peritos o científicos.
Porque el problema no es técnico; es político. Da pena observar a
ciertos académicos “opositores” al proyecto invocando estudios
pretendidamente científicos que confirman los efectos perjudiciales que
entraña la construcción de la presa. No se difiere con el diagnóstico
(la virtual nocividad de la presa); sí en cambio con la estrategia
discursiva (inconscientemente convalidando la supuesta necesidad de un
análisis de orden científico, por oposición a una consulta ciudadana).
Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al
ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de
estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce
siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica
política neocolonial: usufructo privado de los recursos,
desconocimiento agravante de la soberanía de un territorio y población.
En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos
naturales se discute o dirime en términos científicos o técnicos. Es
preciso repolitizar este remedo chiclero de saber tecnocientífico.
En esta era de recolonización silenciosa, cualquier transnacional puede
conducir los hilos de un Estado soberano. Las legislaciones nacionales
se ocupan casi neuróticamente de ofrecer eso que eufemísticamente se
conoce como “seguridad jurídica” a la inversión privada, que no es otra
cosa que redes de protección legal para los abusos del capital.
Veracruz es un caso paradigmático. Que no vengan acá con cuentos
chinos. Mientras ciertas empresas foráneas como Goldgroup, la minera
canadiense, u Odebrecht, la compañía brasileña en cuestión, consiguen
permisos inmoderados para la extracción de minerales a gran escala
(Caballo Blanco), o para la explotación de recursos
energéticos-acuíferos (río Pescados), respectivamente, la población del
estado sigue cuesta abajo en estándares de vida y tenencia de
patrimonio. De acuerdo con un reporte reciente de la Auditoría Superior
de la Federación, el índice de pobreza en el estado aumentó de 17 a 59%
en los últimos cuatro sexenios. El informe “ubica a Veracruz en los
primeros lugares de marginación pues 28 por ciento de su población, es
decir un millón 900 mil 503 personas viven en una situación de pobreza
alimentaria. Al hablar de pobreza de capacidad el porcentaje se eleva a
36.2 con 2 millones 582 mil 256 veracruzanos; y finalmente en pobreza
patrimonial se encuentra en 59.3 por ciento equivalente a 4 millones
216 mil 24 habitantes” (La Jornada Veracruz 2-III-2014).
En otras palabras: la concesión extraordinaria de facultades
extractivas a las grandes empresas (extranjeras o domésticas) redunda
naturalmente en confiscación de patrimonio vital para una multiplicidad
de sectores poblacionales, especialmente los más desposeídos.
El alegato científico o técnico puede contribuir a respaldar un
posicionamiento, en este caso el rechazo categórico al proyecto de la
represa. Pero el primer fundamento debe ser de orden político. Se ha
sostenido que la construcción de la presa afectará a más de un millón
200 mil habitantes (cerca del 13% de la población total del estado),
particularmente en lo correspondiente a servicios turísticos,
agricultura, pesca, ganadería, provocando alteraciones en toda la
cadena de la actividad productiva, en los ciclos de inundación y
sequía, y en el quehacer cotidiano de la comunidades contiguas. De
acuerdo con ciertas versiones que acierta en señalar La Jornada Veracruz,
“la construcción de la hidroeléctrica está mucho más asociada a las
necesidades de alimentación de energía para un proyecto de parque
industrial cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un
parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde
2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como
sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la
Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente
privado: el de una empresa particular con fines públicamente
inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos
conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados
ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la
indignación” (Eduardo Galeano).
La resistencia civil en
curso, que cobra forma en la modalidad de un amplio movimiento
antirepresas en Veracruz, es una consecuencia natural de un sistema
sostenido en la desposesión, y no pocas veces en el exterminio de la
oposición ciudadana. En diversos espacios se discute la pertinencia de
esta insubordinación. Pero en todo caso, lo que cabría discutir (o
acaso condenar) es la pertinencia de un modelo que coloca a las
poblaciones en condición de agentes sobrantes, insistentemente
ignorados. Las resistencias son criaturas de la neoliberalización, cuya
operatividad no es aceptable ni sostenible aún con toda la parafernalia
tecnocientífica. Hace falta desvelar la naturaleza de esta estrategia
política de alcance global. Y en lo tocante a la resistencia,
corresponde apoyar irrestrictamente la movilización, e involucrarnos
activamente en la agenda transformacional de nuestro pares ciudadanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario