1. abril, 2014 Marcos Chávez * @marcos_contra
Alrededor de 3 billones de dólares estarán en juego en los próximos años en el sector petrolero mexicano. Durante mucho tiempo al acecho, las trasnacionales tienen ahora las puertas abiertas de los hidrocarburos de México. Los casos de corrupción, saqueo e impunidad –como el que ha protagonizado Oceanografía– se multiplicarán con la “apertura”
Nuestro horizonte plomizo y nuestro
triste destino: la privatización del mundo, el fetichismo capitalista y
su fuga mortífera en la frenética aceleración de la búsqueda de
ganancias, la insaciable conquista de los mercados, el cinismo de los
vencedores
Daniel Bensaïd, Marx intempestivo
Para los tardíos doctrinarios del neoliberalismo que se placean por los circos financieros
internacionales –por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por
ejemplo– repitiendo los manidos argumentos antiestatistas y exaltando
las ventajas del inexistente “mercado libre” y las supuestas virtudes
schumpeterianas y éticas del empresariado, y anunciando un nuevo ciclo
de las fracasadas y desacreditadas reprivatizaciones, el cual ahora
incluye a los energéticos que se venderán a precios de liquidación,
siempre resulta perturbadora la inoportuna irrupción de los escándalos de corrupción en el escenario.
Sobre todo cuando el tufo de la podredumbre que envuelve a la empresa Oceanografía
devela, una vez más, hasta la indignación social, el verdadero rostro
de los fundamentos neoliberales reprivatizadores. Cuando se descubre de
nueva cuenta, hasta el tedio y la náusea, que estamos ante el enésimo caso de lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph E Stiglitz calificó, en 2002, como “el capitalismo de amiguetes”,
el cual “sugiere que la ideología del mercado libre no es más que un
ligero disfraz del anticuado bienestar corporativo: hay que dar a quien
tenga las conexiones apropiadas”; en el que “los mercados, el exceso de
desregulación, de los mercados sin grilletes, ofrecen
incentivos para esa clase de trucos sucios”, en donde “hay conflictos
de intereses inherentes [entre] los dueños y los administradores” y
“las democracias se minan cuando los intereses corporativos pueden, de
hecho, comprar las elecciones” (“El capitalismo de amiguetes al estilo americano”).
En palabras llanas, como dice Edgardo
Buscaglia: es el “capitalismo mafioso”, donde la corrupción no es más
que un pacto de impunidad entre las elites política y económica.
La era de los contratos turbios y el “diezmo” parasitarios que desangran los dineros del Estado se enseñorea impúdicamente.
El miasma del escándalo de la empresa Oceanografía devela la falaz “autorregulación” del “mercado” y el fango en que chapotea
la inescrupulosa impunidad delictuosa empresarial, amparada por la
complicidad gubernamental. Por la tolerante supervisión y la deliberada
falta de control y transparencia con que operan los reguladores del
“dejar hacer, dejar pasar” (“¿quién vigila a los guardianes? ¿Quién
hace auditorías a los auditores?”, se pregunta Stiglitz), los Chicago Boys
de Hacienda: Francisco Gil Díaz, Ernesto Cordero, José Antonio Meade,
Luis Videgaray; del Banco de México: Guillermo Ortiz, Agustín Carstens;
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Guillermo Babatz, Jaime
González; de la Bolsa Mexicana de Valores: Luis Téllez; de la Auditoría
Superior de la Federación: Juan Manuel Portal; y los responsables del
ramo energético que avalaron los turbios contratos concedidos a la
empresa de referencia: los secretarios de Energía: Felipe Calderón,
Fernando Canales, Ernesto Martens, Fernando Elizondo, Georgina Kessel,
José A Meade, Jordy Herrera, Pedro Joaquín Coldwell; y los directivos
de Petróleos Mexicanos (Pemex): Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo,
Jesús Reyes-Heroles, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin.
También embarran a los gobiernos felices de la “alternancia democrática
a la mexicana” (Vicente Fox y Felipe Calderón) y al del retorno al
indeleble pasado que nunca se fue (Enrique Peña Nieto), además del
conjunto del sistema político mexicano (los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial).
Sin duda, el estercolero de
Oceanografía-Banamex-Pemex ha dejado en una postura incómoda a Enrique
Peña, en virtud de la red compleja y mafiosa tejida, y de los delitos
económicos que se extienden hasta las familias presidenciales y a
personajes como Pedro Aspe o Ernesto Zedillo, entre otros. Pero no
porque éste se vea o se sienta forzado a romper con una de las viejas
reglas no escritas del sistema político autoritario, en aras de cumplir
con uno de los deberes constitucionales de un gobernante que se precie
de republicano y se ciña al imperio de las leyes: restaurar el
violentado estado de derecho y aplicar la justicia hasta sus últimas
consecuencias, lo que implicaría someter a juicio a los dos
responsables que solaparon la corrupción, el tráfico de influencias, el 
quebranto del erario, la impunidad de la famiglia Bribiesca Sahagún: los bosses
Fox y Calderón. Sin embargo es impensable que Peña Nieto se apegue al
canon: a los enemigos, la ley a secas; a los amigos, justicia y gracia
cuando quepa esta última. En el México posrevolucionario
nacionalista-neoliberal nunca se ha tocado a un extitular del
Ejecutivo que haya quebrantado la ley. En esas circunstancias,
elípticamente suele afectarse a algún funcionario cercano al grupo de
poder del príncipe saliente, como forma de advertencia, o
excepcionalmente a un familiar, como fue el caso de Raúl Salinas de
Gortari, en sustitución del hermano Carlos. Pero no por razones
justicieras, sino para avasallar la pretenciosa omnipresencia callista
de este último, quien había quebrantado la norma no escrita de la omertà
del presidencialismo autóctono: el eclipsamiento silencioso del déspota
agonizante para facilitar el encumbramiento y la consolidación política
del sustituto. Enrique Peña Nieto no se puede dar el lujo de desenvainar la espada de Damocles
porque ella gravitaría sobre su propia cabeza una vez perdida la
impunidad del poder presidencial. Al respecto, escribió el poeta
Horacio en sus Odas: “Para aquel que ve una espada desenvainada sobre
su impía cabeza, los festines de Sicilia, con su refinamiento, no
tendrán dulce sabor, y el canto de los pájaros, y los acordes de la
cítara, no le devolverán el sueño”. Enrique Peña tiene un rabo demasiado largo.
Recuérdese, a modo de ejemplo, su descarada violación a la ley
financiera electoral, emulando la tropelía de Calderón. Legalmente le
correspondía ejercer un gasto por 336 millones de pesos. No obstante,
utilizó 4.6 mil millones, 12.7 veces más, sin que quede claro hasta el
momento el origen de los recursos, cuyo movimiento se asemeja al lavado de dinero. La compra de votos y de la Presidencia (o el asalto, si se prefiere) volvió a salirle onerosa a los contribuyentes.
Al “salvador de México”, Peña Nieto, y
al “secretario de finanzas del año”, Luis Videgaray, no les inquieta
que la rampante corrupción institucionalizada alrededor de Pemex –y de
los contratos públicos en general– afecte al estado de ánimo de los
inversionistas esperados. El “capitalismo de amiguetes” es una
práctica común en la acumulación de capital a escala mundial. Los
costos por el pago de comisiones, sobornos, tráfico de influencias,
apoyos desinteresados a partidos y políticos, entre otros similares, son blanqueados
en las hojas de balance de las empresas de la burguesía generosa,
gracias a la “creatividad contable”. El problema radica, en todo caso,
en que, por alguna razón, las operaciones fraudulentas no puedan ser
ocultadas por las firmas y los reguladores, y aparecen públicamente.
Los fraudes de Enron, por ejemplo, fueron cubiertos, mientras se pudo,
por el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin. Cosas
del conflicto de intereses y la llamada “puerta giratoria”
(funcionarios que pasan de las empresas al gobierno y luego regresan).
George Bush hijo bloqueó todo intento por develar la relación entre sus
intereses corporativos y la definición de la política de energía
estadunidense. Enron, como otras tantas empresas beneficiadas, había
financiado campañas presidenciales y de congresistas de su país. En
2009 estalló lo que entonces se conoció como el mayor caso de
corrupción en la historia de la democracia española: gracias a su
relación con el neofranquista Partido Popular, al menos 23 empresas
obtuvieron corruptamente jugosos contratos en negocios inmobiliarios y
de servicios públicos por millones de euros entre 2004 y 2008. Sólo las
empresas del grupo Gurtel pagaron sobornos por 10 millones de euros a
los funcionarios madrileños.
La menemista privatización petrolera argentina de 1992 quedó enturbiada por la sospecha de sobornos millonarios a los legisladores de entonces.
Aquí, lo que sí es motivo de
nerviosismo para Peña y Videgaray es, primero, que el escándalo
emergiera en Estados Unidos, dado que en México las autoridades son mudas, ciegas y sordas,
lo que dificulta una política de control de daños, con el consecuente
riesgo de que, eventualmente, alcance proporciones inmanejables y la inmundicia enlode aún más al sistema, merced al creciente y voraz enjambre de contratistas que han sentado sus reales
en Pemex, en connivencia con la elite política. Después, porque los
panistas condicionaron el término de las leyes secundarias en materia
energética a la conclusión de las investigaciones relativas al fraude
de la naviera Oceanografía.
Tres de los panistas que abandonaron la Comisión de Energía del Senado
donde se “negociaban” dichas leyes son peculiares: Francisco J García
Cabeza de Vaca, que era amigo del difunto Juan Camilo Mouriño, manchado por las aguas residuales
de Pemex, y no precisamente petroleras; Jorge L Lavalle –cuya suplente
es la mamá de Mouriño–, que fue coordinador de la campaña de Mario
Ávila, frustrado suspirante panista a la gubernatura de Campeche, espléndido exfuncionario de Pemex cuando la paraestatal otorgaba expeditos contratos de dudosa reputación a Oceanografía
y que, por eso mismo, es actualmente candidato al presidio por tanta
generosidad; y Salvador Vega, quien fuera secretario de la Función
Pública y que nunca vio nada anormal justo cuando las anomalías se
volvían escandalosamente normales… Es cierto que el Partido
Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México puede
sacar adelante la ley secundaria añorada por los amigotes, si
no hay defecciones y alinean a cuatro versátiles votos opositores para
alcanzar la mayoría simple. Pero no es lo mismo una aprobación ajustada
que una holgada con la santa alianza cómplice panista, por aquello de la fantasmagórica legitimidad “democrática”.
¿Qué ofrecerá Peña a cambio a los panistas?
El asunto no es fácil cuando se tienen
encima los reflectores de un jurado federal y de la Corporación Federal
de Seguros de Depósito estadunidenses sobre el Citigroup-Banamex-Oceanografía y, por añadidura, sobre el gobierno mexicano.
A los peñistas, empero, les urge
aprobar la ley secundaria que definirá los términos del suculento
banquete petrolero. Es decir, de regresar a este sector estratégico y
emblemático de la soberanía nacional a la voracidad de las
corporaciones, como en la dorada época porfirista. Quizá esto aplaque al gobierno estadunidense.
Puede que lo serene si se considera que la contrarreforma
subordina finalmente los hidrocarburos mexicanos a los intereses
geopolíticos y energéticos estratégicos estadunidenses, y los entrega a
las corporaciones.
El negocio es más que apetecible.
A finales de 2013, el analista José
Luis Apodaca señaló que las empresas privadas nacionales y extranjeras
tendrán acceso a una riqueza en reservas de hidrocarburos equivalente a
una renta potencial de unos 3 billones de dólares. Los ingresos
excedentes (los adicionales a lo presupuestado) sumaron 1.2 mil millones de pesos
(las cursivas son mías). De ellos, poco más del 50 por ciento
corresponden a los derivados de los derechos petroleros. Los ingresos
de la paraestatal antes de intereses, impuestos y amortizaciones
pasaron de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en
2012. La inversión promedio ha sido de 22 mil millones de dólares,
mientras que empresas como Exxon o BP?(antes British Petroleum)
realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares. El pago
de su deuda ocupa el 6.4 por ciento en proporción de su capital de
operación, por lo que resulta muy discutible la afirmación de que
carece de recursos para afrontar nuevos retos.
Tan apetitosa es la industria
petrolera, agrega Apodaca, que en los últimos 2 sexenios las empresas
trasnacionales, en nombre de Pemex, ejecutaron contratos por 200 mil
millones de dólares en proyectos para extraer crudo. Con la reforma
energética multiplicarán sus ganancias por un factor de cinco. Es decir, a 1 billón de dólares.
La distribución del gas ya está
virtualmente controlada por unas cuantas empresas voraces que esquilman
a los consumidores con la complacencia oficial. Quince de ellas
acaparan alrededor del 85 por ciento del mercado nacional: Grupo Tomza,
Gas Uribe, Vela Gas, Nieto y Zaragoza. Dichas empresas gaseras tienen
un nombre comercial matriz en todo el país, pero cada una de ellas
llega a tener de 25 a 30 filiales con similares o distintos nombres o
forma nuevas compañías con el uso de prestanombres. Lo mismo ocurre con
la distribución de gasolinas.
La estimación cuantitativa de Apodaca del negocio que departirán las corporaciones es consistente. Veamos algunos detalles:
Según la Presentación a inversionista. Enero de 2014,
de Pemex, la apertura reprivatizadora va en serio. El sector privado
participará en toda la cadena productiva: la exploración de reservas,
la explotación, transporte, almacenamiento y distribución de
hidrocarburos; en los procesos industriales: refinación, proceso de
gas, petroquímicos y petrolíferos; por medio de una diversidad de
contratos: de compensación, de servicios (dinero en efectivo), de
utilidad y producción compartidas (porcentajes de utilidad y de
producción), de licencias (transferencia onerosa de propiedad).
Por principio, les dará acceso a
explotación de las reservas de hidrocarburos que, en el caso de las
probadas, el total asciende a 13.9 mil millones de barriles de petróleo
crudo equivalente y a 10 mil millones de barriles de petróleo crudo, y
1.4 mil millones de pies cúbicos, y cuyo periodo de vida, al ritmo de
explotación de 2013, es del orden de 10 años. El total de reservas, que
incluye además a las probables y posibles, suma 44.5 mil millones y el
crudo a 31 mil millones, cuyo horizonte es de alrededor de 33 años
(Pemex, Anuario estadístico 2013).
La lógica de la apertura petrolera es
aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios
actualmente a 3 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025. La de gas
natural de 5.7 mil millones de pies cúbicos diarios a 8 mil millones en
2018, y 10.4 mil millones en 2025.
Es obvio que en esos años las ventas,
ingresos y utilidades esperados por los participantes en la industria
variarán de acuerdo con la demanda, los precios, los costos, etcétera.
Sin
embargo, datos de Pemex permiten hacer un ejercicio para aproximarse a
la magnitud del negocio que compartirán el gobierno, Pemex y las
empresas privadas.
En 2013, la paraestatal y sus
organismos subsidiarios obtuvieron ingresos corrientes por las ventas
de 1.9 billones de pesos corrientes, equivalente a 143 mil millones de
dólares. De esa cantidad 619 mil millones de pesos correspondieron a
las ventas externas y 1.1 billón a las internas, 47 mil millones de
dólares y 82 mil millones en cada caso. Si a los ingresos se agrega la
inversión física (329 mil millones de pesos o 26 mil millones de
dólares) y los intereses pagados por la deuda de Pemex (41 mil millones
de pesos o 3.3 mil millones de dólares), entonces el espacio donde
podrá participar el sector privado (de hecho ya lo hace) se amplía
hasta 2.2 billones de pesos o 171 mil millones de dólares.
Si sólo se ajustan las cifras
anteriores con la inflación y la paridad esperadas en lo que resta del
peñismo (tasa anual de 4 por ciento y alrededor de 13.1 pesos por
dólar), hacia 2018 los ingresos corrientes podrían ubicarse en 2.3
billones de pesos (171 millones de dólares), las ventas por exportación
en 753 mil millones de pesos (58 mil millones de dólares) y las
internas en 1.3 billones (10 mil millones de dólares). Agregándose la
inversión y los intereses, el gran total llegaría a 2.7 billones de
pesos o a alrededor de 209 mil millones de dólares. De manera
acumulada, los ingresos entre 2014 y 2018 ascenderían a 10.6 billones
de pesos o 956 mil millones de dólares. Si se considera el lapso de
vida de las reservas probadas, entonces las cantidades pasarían a 23
billones de pesos y 1.8 billones de dólares.
Descontando los gastos y antes del pago
de impuestos, Pemex y sus subsidiarias obtuvieron un rendimiento por 1
billón de pesos o 77.5 mil millones de dólares en 2013. Una vez
realizado el saqueo fiscal (1.18 billones de pesos o 77.7 mil millones
de dólares), el resultado final es un déficit por 3.1 mil millones de
pesos. Era natural que el esquema tributario tuviera que modificarse,
ya que ninguna empresa privada aceptaría trabajar sólo para la hacienda
pública.
Los consumidores tendrán que pagar
impuestos y precios de los hidrocarburos debido a la menor carga fiscal
que se les aplicará a las corporaciones.
Inicialmente, alrededor del billón de pesos de la renta petrolera girará la redistribución pública y privada.
En el Informe citado se señala
que Pemex ocupa el lugar 13 entre las compañías más grandes de América,
medida por sus ingresos (126 mil millones de dólares). El primero
corresponde a Exxon Mobil (453 mil millones de dólares), el tercero a
Chevron (246 mil millones), el siguiente a ConocoPhillips (237 mil
millones) y el sexto a Petrobras (146 mil millones). La diferencia es
que éstas –salvo Petrobras– sólo comparten las ganancias netas (después
del pago de impuestos) con sus accionistas; el gobierno compartirá la
renta con los “socios” privados, la cual será restada a los mexicanos
porque ellos tendrán que pagar mayores precios.
Es obvio que las cifras citadas
previamente son un pálido reflejo de las ganancias privadas que se
aspiran obtener en la industria. Por ejemplo, se espera una inversión
149 mil millones de dólares (30 mil millones anuales) en 2014-2018. Al
menos 10 mil millones serán de responsabilidad empresarial. Se estima
que se construirán 10 mil kilómetros de gasoductos, con una inversión
calculada en 50 mil millones de dólares, de los cuales unos 23 mil
millones serán realizados por el capital privado.
Si antes de aprobarse la
reprivatización ya se habían entregado zonas como Chicontepec, Burgos y
campos maduros al sector privado, las concesiones se ampliarán
significativamente.
Por sí misma, la extracción del crudo
es más que rentable. El costo de exploración y desarrollo es de 13.72
dólares por barril. El de producción del crudo en 6.84 dólares. El
precio medio de la mezcla de exportación fue de 98.46 dólares por
barril.
Las crecientes importaciones de
hidrocarburos resultan ser otra área atractiva debido a su explosivo
crecimiento. En 2002, el total sumó 3.3 mil millones de dólares. El gas
natural seco, 775 millones; los petrolíferos, 2.5 mil millones, y los
petroquímicos, 46 millones. En 2013, las compras totales llegaron a
28.3 mil millones de dólares; el gas natural seco, a 2.5 mil millones;
los petrolíferos, a 25.7 mil millones; y los petroquímicos, a 129
millones. En el caso de los petrolíferos, el valor de las importaciones
de las gasolinas pasó de 1.2 mil millones de dólares a 19 mil millones
entre 2002 y 2012.
Cada área de los hidrocarburos que se abra al sector privado representará un nuevo espacio de ganancias.
Poco importa que la relación Pemex-sector privado supure corrupción actualmente.
Ello, pese a que Emilio Lozoya considere el de Oceanografía como “un caso aislado”.
*Economista
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