(Primera Parte)
Escrito por Jenaro Villamil el 30 marzo 2014
Primera parte del reportaje aparecido originalmente en la edición 1952 del semanario Proceso.
El lunes 24 de marzo, a las 19 horas,
en un acto insólito, los presidentes nacionales del PAN, Cecilia
Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un escueto comunicado para
desconocer y expresar la oposición de ambos partidos a la iniciativa
del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
presentada 7 horas antes en el Senado. Argumentaron que violaba la
reforma constitucional del 2013 y demandaron una ley “democrática,
antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los
usuarios”.
La
presentación de la iniciativa de Peña Nieto dejó muy mal sabor de boca
en las dirigencias de ambos partidos. En el PRD prácticamente todos los
grupos y tribus que integran las bancadas en la Cámara de Diputados y
del Senado se opusieron a la iniciativa, argumentando que era una clara
violación a la Constitución y que confirmaba lo que se planteó en los
“borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero de este año.
En el PAN, Santiago Creel y Juan
Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido,
Cecilia Romero, para analizar los términos de la iniciativa en la tarde
del mismo lunes 24 de marzo. El ex secretario de Gobernación foxista y
el ex titular de Comunicaciones y Transportes durante el calderonismo,
ambos ex integrantes del Consejo Rector del Pacto por México,
coincidieron también que violaba lo acordado en la reforma
constitucional de abril de 2013.
Un intercambio de llamadas y mensajes
entre Creel, Molinar Horcasitas, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y
Jesús Zambrano, ambos del PRD, afinaron los términos del comunicado
conjunto y la necesidad de salir a medios de comunicación ese mismo día.
Mientras Romero y Zambrano leían en el
Hotel Hilton de la Alameda central el rompimiento con la ley de Peña,
el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier
Lozano, descalificó la posición de los dirigentes panista y perredista.
Argumentó que Cecilia Romero había sido “mal informada”.
En su cuenta de Twitter, el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero a dirigente nacional del PAN, afirmó:
“Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.
El 25 de marzo, Lozano en declaraciones a los medios y en su compulsiva cuenta de Twitter afirmó:
“Vaya confusión. Pretende
@GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de
#Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún otro legislador –ni siquiera del
PRI- ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa enviada
por el Ejecutivo federal, como el panista-corderista Javier Lozano
Alarcón.
Incluso, Lozano maniobró para que el
jueves 27, se suspendiera la sesión con los integrantes de las
comisiones unidas del Senado –Comunicación, presidida por él; Estudios
Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y Radio y
Televisión, con Alejandra Barrales, del PRD- para que se tomara un
acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de
la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros,
discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La
fecha límite para su aprobación será entre el 23 y 25 de abril, anunció
Lozano.
Su correligionario, Javier Corral, con
una posición diametralmente opuesta a la de Lozano, afirmó que esa
decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los
integrantes de las comisiones unidas (no los presidentes ni la Mesa
Directiva) pueden tomar ese acuerdo.
Alejandra Barrales, presidenta de una
de las tres comisiones, afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a
conocer por Lozano y Graciela Ortiz y que este lunes 31 de marzo los
integrantes de su comisión votarían.
Lozano, Operador de Televisa
La presión de Lozano por aprobar fast track
un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha
molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores
que no están alineados ni al grupo de Gustavo Madero ni al de Ernesto
Cordero han sostenido reuniones con especialistas de distintos sectores
y han coincidido que el contenido de la ley tiene claros elementos de
anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el
control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes
sociales.
El activismo de Lozano no es casual. El
PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o
cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la
iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos
“amarrados” de su bancada, según confiaron a Proceso distintos legisladores consultados. Incluso, ha prometido “uno o dos votos” del PRD.
Lozano fue uno de los cuatro redactores
de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de
Comunicaciones, Ignacio Peralta, el consejero jurídico de la
presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de
Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo personal del panista.
Oficialmente, nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que
procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la SCT para
dar el toque final a una iniciativa que ha generado posiciones
polarizantes.
La presencia de Lozano entre el equipo
de redactores de la ley de telecomunicaciones fue una condición
impuesta por el grupo de Ernesto Cordero –quien controla la mayoría de
los votos de la bancada del PAN en el Senado- durante la aprobación de
la reforma constitucional en materia energética en diciembre el 2013.
Testigos de esta negociación relataron a Proceso que
Cordero negoció con Humberto Castillejos, coordinador jurídico de Los
Pinos, y con Luis Videgaray, el poderoso secretario de Hacienda, para
que se incluyera a Lozano en este equipo.
Priista, panista, zedillista,
calderonista y ahora corderista Lozano se ha caracterizado en los
últimos meses por su claro apoyo a las campañas orquestadas por Grupo
Televisa en contra de la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, en contra
del ex titular de la Cofetel, Mony de Swaan, y a favor de aprobar en
sus términos esta iniciativa.
La cercanía de Javier Lozano con el
director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier
Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga Jean tener
acceso a la información privilegiada durante la elaboración de la
iniciativa de telecomunicaciones y defender “los candados” a favor del
monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición No. 1944 (“Alistan la nueva ‘Ley Televisa’”).
Lozano y Tejado Dondé no ocultan sus
simpatías y sus propios acuerdos. En sus respectivas cuentas en Twitter
ambos se tratan como “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero,
al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra
Mony de Swaan y en identificar a todos los críticos de Grupo Televisa
como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.
Tejado Dondé y Lozano lograron
introducir en la Auditoría Superior de la Federación a un personaje que
trabajó para Grupo IUSA y para especialistas del Instituto del Derecho
de Telecomunicaciones (IDET), un organismo con posiciones claramente a
favor de Televisa. Ambos fueron fundadores y forman parte del IDET (ver
Proceso, No. 1945).
La sincronía entre Tejado y Lozano
también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) emitiera la su declaración de “agente
económico preponderante” en contra de América Móvil y Televisa, el
pasado 7 de marzo, presionaron para que el organismo investigara un
supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín
Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. En el Senado, Lozano impulsó un
punto de acuerdo para impulsar esta investigación.
Paradójicamente, Lozano Alarcón como ex
presidente de Cofetel (octubre de 1998 y marzo de 1999) fue favorable a
la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión,
la empresa filial de Azcárraga Jean en televisión por cable. Grupo
Carso llegó a tener el 49 por ciento de las acciones de esta empresa.
En ese entonces, según Lozano, Carlos Slim no violaba la prohibición
del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el
mercado de radiodifusión.
Lozano también fue investigado por la
Auditoría Superior de la Federación por otorgarle una segunda prórroga
a la empresa Unefon, cuando fue presidente de Cofetel.
“Al respecto y sin tener facultades
para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola
al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas
por Cofetel a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia
que, sin tener facultades para ello, señaló que las mismas eran
adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”,
concluyó la ASF en su informe de 2008 (ver Proceso, No. 1725).
El caso generó un agrio debate público
entre Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones durante el
gobierno de Vicente Fox, y Javier Lozano, entonces secretario del
Trabajo con Felipe Calderón. Lozano acusó a Alvarez Hoth de haber
perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego)
que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro
indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el
último día de la gestión foxista. Alvarez Hoth y la ASF establecieron
que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos
prórrogas consecutivas, aprobadas por Lozano (ver Proceso, Nos. 1626, 1639 y 1642).
Como subsecretario de Comunicaciones y
Transportes (1996-1997) y como presidente de Cofetel (1998-1999),
Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil.
Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y ex jefe de
Lozano en la Secretaría de Hacienda (1984-1989), fue de las compañías
más beneficiadas.
La única empresa del sector que ha
expresado públicamente su beneplácito y apoyo a la iniciativa Peña
Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.
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