Fue un día de contrastes en Morelos. Por la mañana, el gobernador,
en reunión cerrada, inauguraba las instalaciones del Grupo
Antisecuestros de Morelos, y junto a Graco aparecían el fiscal federal
Renato Sales Heredia y la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel
Miranda de Wallace. Ahí, ante los funcionarios y líderes civiles, el
mandatario aceptó una falta de atención a las víctimas de secuestro en
el estado y por ello pidió disculpas. Fue lo más que aceptaría Graco
que ya había descalificado con anticipación a quienes piden su renuncia
tachando el reclamo de “venganza política” y apuntando a fantasmas del
pasado como el ex gobernador Jorge Carrillo Olea.Por la tarde, entre 8 y 10 mil personas, según la policía de Morelos, se movilizaron desde varios puntos de la capital para confluir en un mitin en la Plaza de Armas, en donde primero se habló de un plazo de tres meses para que el gobernador presentará resultados, aunque al final, varios de los oradores pidieron la renuncia inmediata de Graco Ramírez.
El único punto de confluencia ayer, entre el acto de cúpulas que encabezó el gobernador y la movilización ciudadana en su contra, fue el tema de las víctimas de la delincuencia en el estado. Mientras Graco ofrecía disculpas, en la marcha los miles de asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de todos los que han muerto en Morelos en esta ola de violencia.
Y precisamente sobre los fantasmas que buscan venganza, ahora que Jorge Carrillo Olea ha vuelto a salir a la luz pública y que cuestiona la gestión de Graco Ramírez, tal como éste lo cuestionaba hace 20 años, a las redacciones de los diarios comenzaron a llegar expedientes que reviven el negro periodo que vivieron los morelenses bajo la gestión del general retirado que hoy se dice alarmado por la inseguridad en el estado.
Uno de esos expedientes es la resolución del Poder Judicial de Morelos, fechada el 28 de abril de 2000, sobre el Juicio Político que se realizó a Jorge Carrillo Olea en el Congreso de Morelos. En esa resolución, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado concluyen que Carrillo Olea violó la Constitución del Estado al incumplir su obligación de dar seguridad a los morelenses, ordenan su destitución como gobernador y lo inhabilitan para ocupar cargos públicos por 12 años, fecha que venció el pasado 2012.
Durante el gobierno de Carrillo Olea, dicen los magistrados, “la inseguridad pública llegó al extremo de que los propios agentes policiacos cometían actos dañosos contra los gobernados…actos que fueron del conocimiento del Gobernador del Estado sin que éste haya tomado las medidas necesarias para corregir esos desvíos hasta la fecha que permaneció en el cargo (1994)”. Acusan también al ex mandatario de violar la constitución al haber nombrado a dos procuradores, Fernando Blumenkon y Carlos Perede Merlo, que no cumplían los requisitos legales, de haber desviado un fideicomiso constituido en Bancomer para la construcción de una Central de Abastos al que le dio un uso diferente, y en general de haber hecho “caso omiso” de la grave situación de inseguridad que vivió Morelos en esa época.
Ese es el mismo ex gobernador Carrillo Olea que hoy sale públicamente a cuestionar al actual mandatario Graco Ramírez, como antes lo hizo también con los panistas Sergio Estrada y Marco Adame. El general que ha afirmado que su destitución fue producto de un “resentimiento de Ernesto Zedillo”, aunque el fallo del Tribunal de Morelos afirma que: “Jorge Carrillo Olea es responsable de causar graves perjuicios a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como consecuencia del abandono y de la desatención injustificada de las funciones que se le encomendaron, violentando con ello los derechos constitucionales de todos los morelenses”.
Graco Ramírez tendrá que responder a los reclamos de seguridad y de ineficacia que le hacen los habitantes de Morelos en su corta y problemática gestión, pero ciertamente figuras como el ex gobernador Carrillo Olea no tienen la mínima autoridad moral para encabezar ni ese ni otros reclamos.
NOTAS INDISCRETAS… Alfredo Castillo confirmó que, dentro del cambio de estrategia federal, iniciarán el desarme de los grupos de autodefensa en municipios como Buenavista y La Ruana a donde entrará la Policía Federal a tomar el control que hoy tienen los comunitarios. A ver qué tan firme va esta vez el gobierno… Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.
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