Eduardo Ibarra Aguirre
El informe anual Situación de los derechos humanos en México,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a su
vez a la desacreditada Organización de los Estados Americanos, generó un
severo desencuentro entre la CIDH y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El
documento de la CIDH postula, en síntesis, que la desaparición de los
43 estudiantes de Aytozinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente
colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, y
muestra las “graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo
de casos, como la “impunidad estructural y casi absoluta” en los
crímenes que ocurren en el país.
Los
absolutos no existen en quizá ningún ámbito de la vida humana, excepto
en los fundamentalismos religiosos e ideológicos, pero con frecuencia el
término se usa para eficacia de un discurso. Y llama la atención que
los informantes pasen, como si nada, de la “aparente colusión” a la
“impunidad casi absoluta”. Sus razones tendrán, no las explican.
Puntualiza
la CIDH que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de
seguridad desde hace varios años”, en gran medida por la “guerra contra
el narcotráfico” impulsada por Felipe Calderón, y al aumentar el papel
del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública se ha “desatado
aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos
en la que se observa una falta de rendición de cuentas”.
El
diagnóstico no es novedoso y menos original. Lo apuntaron en distintos
momentos varios organismos defensores de los derechos humanos, así como
relatorías especiales y expertos de la Organización de las Naciones
Unidas: la existencia de una grave crisis de derechos humanos.
Sin
embargo, el gobierno en voz de las secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General reaccionó en forma
airada, porque el informe “no refleja la situación general del país,
parte de premisas y diagnósticos erróneos y la metodología utilizada por
el organismo regional tuvo un sesgo inicial”. A su juicio “desestimó o
recogió sólo parcialmente” información que el Estado le entregó durante y
posteriormente a la visita de sus comisionados en septiembre y octubre
de 2015”. Más aún: “Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos
desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no
refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos
erróneos.”
En
efecto, la CIDH reconoce las medidas tomadas por el gobierno de EPN,
entre ellas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones
de ciertos abusos de derechos humanos, pero indica que “la respuesta
estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su
implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje
legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de
personas en el país”.
México
no es un país de leyes. Por ello el Ejército y la Marina realizan
labores policiacas, sustituyen al Ministerio Público y violan derechos
humanos en forma sistémica. Y esto lo sabe muy bien la CIDH. E
involucrarlos en la lucha contra el narcotráfico no es una decisión
soberana, sino impuesta desde la Casa Blanca y el Pentágono. Esta parte
del problema no puede ser ignorada porque fue y es una estrategia de
Estados Unidos en Latinoamérica para también socavar a los ejércitos
nacionales.
La
diferencia básica entre informantes y gobierno es que no existen
“cambios sustanciales” en las políticas de seguridad. Y tiene razón la
CIDH, pero ¿es posible hacerlo bajo los esquemas que aún impulsa e
impone Barack Obama?
Acuse de recibo
“En México no existe la cultura de la respuesta –al menos por mail–,
ni siquiera por error. Debemos acostumbrarnos y ser corteses con los
mensajes, sobre todo con la valía que tienen los contenidos de Forum.
Aviso que recibí el texto ‘Crítica de la Auditoría a la SEP y el INEE’ y
encarecidamente deseo seguir obteniendo Utopía. Atte. EGGG” (Ernesto
Gonzalo González Gálves)… El mismo comentario del 1 de marzo lo
recomienda Compa Sol por #DDHH con el imperativo “Hay que leerlo”… El
24 de febrero cumplió 89 años de vida doña Rosario Ibarra de Piedra (la
tía Rosario, digo siempre, y ella me aclara que “por lo menos
ideológicamente” somos parientes). Mucha salud para este ícono en la
brega contra la prisión política, la desaparición forzada y los derechos
humanos… Juan
José Ramos Auris solicita la donación de libros para la biblioteca de
la Escuela Estatal N° 36065 de Pampachacra. (…) Aclara: “Somos niños de
una comunidad campesina, de nacionalidad quechua. Pendiente de sus
misivas me despido y con la seguridad de contar con su valioso apoyo.
Atentamente, Juan José Ramos Auris. I.E. N° 36065-Huancavelica. Correo
Central de Hvca. Huancavelica, Perú”… Este texto llegó a sus manos
gracias a que Teléfonos de México no me suspendió el servicio a pesar
de los tres meses que no le cubrió Bancomer por un imperdonable error.
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