Por: Edgar Rosas
(04 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En las últimas
décadas, los diferentes gobiernos mexicanos han impulsado una política
económica y de “desarrollo” basada en la sobreexplotación de los
recursos naturales. En este sentido, cada vez resulta más evidente, y se
recrudece, el hecho de que los intereses corporativos se anteponen a
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el
contexto de la imposición de megaproyectos.
Así lo consideró José Antonio López, coordinador del Área de Justicia
Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC).
El defensor de derechos humanos enfatizó que la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto obedece
a lo antes expuesto, pues, además de basarse en la sobreexplotación, se
cimienta en el despojo y la desaparición de la propiedad comunal de los
pueblos.
“En las últimas décadas, el Estado mexicano ha venido impulsando una
política económica y de desarrollo que implica la sobreexplotación de
los bienes naturales de la nación, y entre estos, la tierra y el
territorio. Esto afecta a la población y grupos más vulnerables, como
las comunidades indígenas y campesinos.
La reforma energética
se basa en esta política de sobreexplotación y despojo, aunque el
Estado mexicano ha señalado varias veces que esta reformas son en aras
de lograr un mayor desarrollo económico. Lo que hemos identificado
plenamente es que la reforma energética va hacia el despojo y la
desaparición del Estado comunal o estado agrario de las tierras”,
señaló.
En lo referente destacó que desde la puesta en marcha de la reforma
energética se ha dejado ver la complicidad del gobierno con empresas,
quienes actúan de manera conjunta para imponer las megaobras. Puso como
ejemplo el caso del pueblo juchiteco y la violación a sus derechos con
la intención de impulsar la construcción de un parque eólico.
“No se respeta el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos. En noviembre de 2014 se echó a andar la consulta al pueblo
juchiteco para el consentimiento de un megaproyecto eólico, sin
embargo, la consulta no fue realizada como lo marca la ley, en primera,
no fue previa porque el proyecto ya estaba en curso; y en segunda
porque se inició una persecución contra los defensores de la comunidad,
se les intimidó, se les hostigó.
“Encontramos que la Sener, como autoridad garante, incurrió en varias
omisiones. No fue previa ni libre. La empresa participó formando grupos
de presión, criminalizando a los que defendían su territorio y
violentando constantemente las asambleas o audiencias en donde se
llevaron a cabo estas consultas. No fue libre porque se presentaron 33
incidentes de seguridad en contra de los defensores comunitarios. Hubo
llamadas telefónicas de intimidación; presión y amenazas directamente
en las asambleas; y además, las autoridades accedieron a estas
amenazas”, detalló.
El defensor manifestó que el actuar del gobierno en este caso
evidencía que la consulta para conocer el consentimiento de los pueblos
no es realizada de buena fe-como lo marca la ley-, sino sólo como
requisito para poner en marcha el megaproyecto.
“¿Qué se viene con la reforma energética? Precisamente esto. Así como
aplicó la supuesta consulta en Juchitán, así se van a aplicar en todos
los proyectos, en la región de Veracruz, de Tamaulipas, en toda la
región del sureste; van a aplicar una consulta con violencia, con
criminalización, con fallas estructurales directas”, dijo.
Al respecto, habló sobre la persecución de los defensores de la tierra.
Recordó que hoy en día, en México se vive un contexto en donde la
criminalización de luchadores sociales, y en especial los defensores de
la tierra, es recurrente.
“Lo que hemos venido viendo es que ha ido en aumento el número de
agresiones, de criminalización contra defensores y va a aumentar cuando
inicien con todos los trabajados derivados de la reforma energética,
porque las comunidades que aún permanecen defendiendo sus tierras, no
van a permitir los atropellos que están realizando. Y la única manera
que tiene el Estado, las empresas, cuando una comunidad se defiende con
apoyo en el derecho, es la criminalización, es la detención arbitraria y
es la desaparición.
En México, así como lo reconoce ONU,
defender derechos humanos es un trabajo de alto riesgo, por todas las
condiciones de criminalización, persecución y agresiones”, manifestó.
Empresas y gobierno, el binomio para criminalizar
En el contexto de agresiones, hostigamiento y criminalización en contra de defensores de la tierra,
o las comunidades en resistencia, las empresas son un personaje clave,
que actúan con la venía del gobierno, dijo Fernanda Hopenhay,
subdirectora de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación (PODER).
La investigadora señaló que desde las organizaciones de la sociedad
civil se observa con preocupación el aumento en la criminalización de
defensores de la tierra y territorio. Además, dijo, deber ser señal de
alarma el aumento en las violaciones a los derechos humanos de los
pueblos, sobre todo ante los intentos de imponer megaproyectos.
“Hemos visto con mucha preocupación este aumento en la
criminalización de personas defensoras de derechos humanos y el aumento
en las violaciones de DDHH como tal vinculados a estos proyectos de gran
escala que tienen que ver con la industria extractiva, con la
generación de energía, infraestructura turismo, desarrollos
inmobiliarios, entre muchos otros.
“El involucramiento de las empresas es mucho. Esto sucede con la
venía de las autoridades y la participación activa de las empresas (…)
por definición, las compañías buscan maximizar sus utilidades y tienen
una mirada de corto plazo, que no considera los impactos a DDHH
generados por su actividad”, destacó.
La integrante de PODER enfatizó que el gobierno emplea las tácticas
de hostigamiento, amenazas, criminalización e incluso agresión ante la
organización y resistencia de las comunidades.
Por su parte, Olga Guzmán puntualizó que con la profundización de la
reforma energética este contexto de criminalización aumentará, además,
dijo, se podría ver en el panorama que los intereses corporativos
seguirán estando por encima de los derechos humanos.
“Se tiene que analizar que estamos en un contexto, que no es nuevo,
pero cada vez se hace más evidente y se recrudece y es en el que las
empresas o los intereses corporativos son priorizados por sobre los
intereses y derechos de los pueblos y comunidades. Se teme cada vez este
panorama durante el presente sexenio, y sobre todo a partir de la
reforma energética”, indicó.
Lamentó que a este panorama de persecución se debe añadir la impunidad, pues además de que resulta peligroso defender el territorio y la tierra, los agravios en contra de luchadores no son sancionados
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