Por Jesús Cantú
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace poco más de tres años se aprobó
la reforma laboral –la primera de las llamadas reformas estructurales
que, según sus promotores, catapultaría el crecimiento económico del
país y mejoraría sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos–
pero los indicadores de la economía mexicana muestran que, hasta el
momento, nada ha cambiado.
El presidente Enrique Peña Nieto (como antes hizo su antecesor Felipe
Calderón) se aferran a los datos de creación de empleos y defienden el
bajo crecimiento argumentando que otros países incluso decrecen.
Calderón, por ejemplo, señalaba en su último informe, en septiembre
de 2012: “Hoy, México está en la ruta del crecimiento, a diferencia de
lo que se ha visto en otras naciones”. Usó ese argumento para defender
un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 2%
anual.
A su vez, el martes 23 Peña Nieto justificó el crecimiento de 2.5% en
2015, que acababa de dar a conocer el Inegi, lo que significa que, en
promedio, durante su gobierno el PIB ha aumentado 2% cada año:
“Ciertamente todavía no en los números o en el nivel que quisiéramos
estar, pero lamentablemente en el contexto mundial en donde hoy hay
desaceleración económica, aquí estamos creciendo, cuando en gran parte
del mundo los países no lo están haciendo; y muchos otros, incluso, no
sólo no crecen, sino su economía ha decrecido”.
También los dos se compararon con sus antecesores para magnificar la
variación en el número de empleos. Calderón apuntó en su último informe:
“A pesar de la crisis económica global, en lo que va de esta
administración se registró un máximo histórico en el número de afiliados
al IMSS, al crearse un millón 859 mil 563 plazas formales, más del
doble que en el mismo periodo de la administración anterior”.
Por su parte, Peña Nieto declaró el 9 de octubre del año pasado, al
participar en la Semana Nacional del Emprendedor 2015: “Si midiéramos el
empleo que se ha generado en estos primeros 34 meses de un millón 614
mil empleos, comparado con los empleos creados en las cuatro
administraciones anteriores, en el mismo periodo evaluado, en los
primeros 34 meses, ésta es la cifra de empleos más alta comparada en las
cinco últimas administraciones”.
Pero lo que ninguno de los dos aclara es la calidad de los empleos,
pues de acuerdo con un análisis realizado por Héctor Magaña, coordinador
de análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios del
Tecnológico de Monterrey, difundido por el periódico regiomontano El
Norte, en su edición del pasado miércoles 24, “entre el cuarto trimestre
de 2014 y el mismo período de 2015 se agregaron 891 personas al total
de trabajadores que perciben sólo un salario mínimo (…) mientras que el
número de quienes ganan hasta dos salarios mínimos aumentó en 628 mil”.
De esto se puede deducir que gran parte de los nuevos empleos
implican una remuneración, cuando mucho, de dos salarios mínimos, que de
acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), significa “una
remuneración ligeramente superior al umbral de la pobreza extrema”, ya
que México es el único país de América Latina donde el salario mínimo
está por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con el análisis
antes citado, un total de 7.6 millones de trabajadores reciben sólo un
salario mínimo; y 12.7 ganan hasta dos salarios mínimos, así 20.3
millones de trabajadores perciben un ingreso por debajo o en el mismo
umbral de la pobreza extrema.
A estos datos hay que agregar que, según las cifras del Inegi, el
empleo informal entre el último trimestre de 2014 y el mismo periodo de
2015 creció en 1.14 millones de personas, lo que significa un incremento
de 4%, para llegar a 30.5 millones personas (58.8% del total de la
población ocupada); y que otras 4.4 millones de personas se encontraban
subocupadas, es decir, no trabajaban 40 horas a la semana. En este
contexto se entiende por qué 63.8 millones de mexicanos (3.2 millones
más que en 2012) recibieron ingresos por debajo de la línea de
bienestar, como reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social en julio del año pasado.
Las últimas medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y el
gobernador del Banco de México, a pesar de que no afectan los programas
sociales –como reiteradamente repiten los integrantes del gabinete
federal– sí impactarán el crecimiento económico estimado para 2016. Todo
indica que, en el mejor de los casos, se situará entre 2 y 2.5%. En
contrapartida, la devaluación del peso frente al dólar ya llega casi a
50% desde el inicio del sexenio; el déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos alcanzó el monto más alto desde que se tiene registro,
y la deuda pública ha crecido en más de 33% desde el inicio del
sexenio.
Así parece que las buenas noticias asociadas a las promesas que se
hicieron con las reformas estructurales se limitan a la disminución de
las tarifas telefónicas y eléctricas; las primeras, producto de la
apertura en telecomunicaciones y las decisiones del órgano regulador, y
las segundas, por la elevación del subsidio a la Comisión Federal de
Electricidad.
Aunque desde el inicio se señaló que el mayor impulso en el
crecimiento económico se daría hasta el último año del sexenio, no
contaban con el derrumbe en los precios de los hidrocarburos, que hoy
pone en riesgo incluso la inversión de las concesiones ya otorgadas en
la llamada ronda 1.
En este contexto de desesperación por los magros resultados
económicos, el gobierno sigue apostando a la reforma energética y, por
ello, acelera el paso y se brinca etapas, aunque el entorno
internacional sea desfavorable. La desesperación jamás es buena
consejera y las consecuencias pueden ser muy lamentables.
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