Peña y Moreira en una fotografía tomada en noviembre de 2011. Foto: Octavio Gómez
MADRID (proceso.com.mx).- Si partimos de los usos y costumbres de
la política mexicana, la exigencia de la oposición para destituir a la
embajadora de México en España, Roberta Lajous, y a la agregada legal de
la PGR, Érica Cervantes, por su nada pulcro manejo en el caso Moreira,
su injerencia para conocer las acusaciones en este caso criminal y la
ayuda desmedida al exdirigente priista y su familia, es casi seguro que
permanezcan en su cargo.
El 25 de febrero, en el Senado mexicano se registró el exhorto de los panistas Mariana Gómez del Campo y Luis Fernando Salazar a Enrique Peña Nieto para que destituya a Lajous por el “uso irregular” de los recursos de esta legación diplomática para beneficiar a Moreira. El miércoles 2, ampliaron la exigencia para que también destituya a Cervantes, quien por salvarse, echó a la hoguera a su subalterno Abraham Pérez Daza como el responsable de la irregular actuación del gobierno mexicano en este caso.
En México, la exigencia de rendición de cuentas suele responderse con el silencio, la negativa ante la evidencias o bien con aguantar el vendaval, cuando la presión es mayor. Ahí está el “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, que ante las críticas Peña le recomendaba a su entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; similar expresión a la que aquí lanzó el presidente Mariano Rajoy a su extesorero del PP, Luis Bárcenas: “Sé fuerte, Luis”, para que no salpicara culpas ante el desenlace judicial por el mayor caso de corrupción política en este país.
En el caso Moreira, las informaciones publicadas por el diario El País afloraron actuaciones que, desde el principio olían mal, pero que pasaron por alto con tal de salvar al exgobernador de Coahuila.
No importó transgredir los protocolos diplomáticos de asistencia
consular, al buscarle un abogado de prestigio y al llamar
insistentemente a los investigadores españoles para saber de los cargos.
La incomodidad entre los españoles, conocida por El País, también la han ido acreditando los corresponsales mexicanos que saben de la sorpresa que causó la desmedida actuación del gobierno de Peña en la investigación contra Moreira, de la que México no es parte.
La detención del expresidente del PRI también exhibió a los funcionarios diplomáticos que se enteraron del escándalo por la prensa, lo que muestra la falta de la buena operación política de los miembros de la legación con las autoridades españolas, que sí se llegó a ver en otras épocas.
Lo cierto es que nada salva al agregado adjunto Pérez Daza de rendir cuentas ante el Órgano Interno de Control de la PGR, por participar en la ofensiva a favor del exdirigente del PRI. Pero está documentado que lo hizo por disposición de Érica Cervantes, su superior inmediata y protegida de la embajadora Lajous.
En diciembre de 2014, el semanario Proceso ya se había ocupado del caso de Érica Cervantes Albarrán, funcionaria del entorno de Jesús Murillo Karam, cuando documentó que tenía doble nacionalidad, mexicana y española, condición prohibida por la ley mexicana. Lo hacía con la complacencia de Murillo y en franco conflicto de intereses a la hora de debatir asuntos que podrían implicar a ambos países. El caso mostraba uno más de los desaseos que Peña Nieto permite en la política exterior del país.
En la operación injerencista, también tiene responsabilidad la titular de la PGR, Arely Gómez, quien en un país sin impunidad seguramente tendría que haber dimitido.
La señora Gómez pretende hacerse a un lado al declarar que su enlace telefónico con su homóloga española, Consuelo Madrigal, no fue “más allá de lo que marca su actuar”. Alegó que es una “costumbre habitual” que entre fiscales de diferentes países “tengamos comunicación” para ver “asuntos que tenemos pendientes”. Eso nadie lo podrá cuestionar, pero no que esa comunicación se centrara en demandar información de Moreira que, por cierto, no le compartieron porque el caso está en secreto de sumario.
Pero regresando a la señora Lajous, mujer culta y refinada, con largo recorrido en el Servicio Exterior Mexicano y miembro de una familia bien conocida en la élite de la burocracia mexicana, su actuar en este caso, por comisión o por omisión –como argumenta su entorno— le hace enfrentarse a la exigencia de su remoción, cosa que hace meses estaba prácticamente decidida en el gobierno de Peña, pero que, finalmente, se frenó.
Desde Los Pinos se había dado la orden de relevarla de España porque Peña Nieto quería darle una salida digna al defenestrado secretario de Educación, Emilio Chuayffet, enviándolo a Madrid. Sin embargo, la deteriorada salud del también exgobernador mexiquense, los orilló a mantener a Lajous en España.
Peña la quería relevar, entre otras razones, porque no es miembro de su círculo cercano, pero también por desatinos en su gestión, cuyos reclamos son frecuentemente canalizados por el subsecretario, embajador Carlos de Icaza. Ella misma, consciente de los desafectos en Los Pinos inició una nutrida agenda de actos que difundió en las redes sociales para atemperar los ánimos.
Pero “sus yerros políticos”, están documentados. Reciente su arribo a España, en 2014, en un encuentro privado con un grupo de directivos de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, llegó a decir que “la violencia en México creció mucho cuando el Ejército salió a las calles”, como tituló el portal El Imparcial, del que es socio uno de los directivos de Ortega-Marañón, sin que ella supiera que se iban a difundir sus palabras.
O reconocer en ese encuentro, que la reforma que más costaría sacar adelante sería la educativa, por “el enorme poder que aglutina el sindicato dirigido desde la cárcel por Elba Esther Gordillo, que consigue su poder e influencia con que los políticos ganen o pierdan elecciones”.
La embajada movió sus hilos para que el citado medio modificara su titular sobre el Ejército. Le propuso uno muy distinto: “El Pacto por México ha permitido avanzar en el proceso de reformas estructurales”.
En el caso que se cumpla la exigencia de la oposición y Peña la retire de la embajada, tendría que dejar de formar parte del “Círculo Diplomático del Teatro Real”, donde se reúnen los embajadores para disfrutar de veladas de ópera o de participar en reality show como MasterChef, como el celebrado en la embajada de Italia, con otra docena de embajadores acreditados en España para degustar platillos de diseño.
El 25 de febrero, en el Senado mexicano se registró el exhorto de los panistas Mariana Gómez del Campo y Luis Fernando Salazar a Enrique Peña Nieto para que destituya a Lajous por el “uso irregular” de los recursos de esta legación diplomática para beneficiar a Moreira. El miércoles 2, ampliaron la exigencia para que también destituya a Cervantes, quien por salvarse, echó a la hoguera a su subalterno Abraham Pérez Daza como el responsable de la irregular actuación del gobierno mexicano en este caso.
En México, la exigencia de rendición de cuentas suele responderse con el silencio, la negativa ante la evidencias o bien con aguantar el vendaval, cuando la presión es mayor. Ahí está el “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, que ante las críticas Peña le recomendaba a su entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; similar expresión a la que aquí lanzó el presidente Mariano Rajoy a su extesorero del PP, Luis Bárcenas: “Sé fuerte, Luis”, para que no salpicara culpas ante el desenlace judicial por el mayor caso de corrupción política en este país.
En el caso Moreira, las informaciones publicadas por el diario El País afloraron actuaciones que, desde el principio olían mal, pero que pasaron por alto con tal de salvar al exgobernador de Coahuila.
La incomodidad entre los españoles, conocida por El País, también la han ido acreditando los corresponsales mexicanos que saben de la sorpresa que causó la desmedida actuación del gobierno de Peña en la investigación contra Moreira, de la que México no es parte.
La detención del expresidente del PRI también exhibió a los funcionarios diplomáticos que se enteraron del escándalo por la prensa, lo que muestra la falta de la buena operación política de los miembros de la legación con las autoridades españolas, que sí se llegó a ver en otras épocas.
Lo cierto es que nada salva al agregado adjunto Pérez Daza de rendir cuentas ante el Órgano Interno de Control de la PGR, por participar en la ofensiva a favor del exdirigente del PRI. Pero está documentado que lo hizo por disposición de Érica Cervantes, su superior inmediata y protegida de la embajadora Lajous.
En diciembre de 2014, el semanario Proceso ya se había ocupado del caso de Érica Cervantes Albarrán, funcionaria del entorno de Jesús Murillo Karam, cuando documentó que tenía doble nacionalidad, mexicana y española, condición prohibida por la ley mexicana. Lo hacía con la complacencia de Murillo y en franco conflicto de intereses a la hora de debatir asuntos que podrían implicar a ambos países. El caso mostraba uno más de los desaseos que Peña Nieto permite en la política exterior del país.
En la operación injerencista, también tiene responsabilidad la titular de la PGR, Arely Gómez, quien en un país sin impunidad seguramente tendría que haber dimitido.
La señora Gómez pretende hacerse a un lado al declarar que su enlace telefónico con su homóloga española, Consuelo Madrigal, no fue “más allá de lo que marca su actuar”. Alegó que es una “costumbre habitual” que entre fiscales de diferentes países “tengamos comunicación” para ver “asuntos que tenemos pendientes”. Eso nadie lo podrá cuestionar, pero no que esa comunicación se centrara en demandar información de Moreira que, por cierto, no le compartieron porque el caso está en secreto de sumario.
Pero regresando a la señora Lajous, mujer culta y refinada, con largo recorrido en el Servicio Exterior Mexicano y miembro de una familia bien conocida en la élite de la burocracia mexicana, su actuar en este caso, por comisión o por omisión –como argumenta su entorno— le hace enfrentarse a la exigencia de su remoción, cosa que hace meses estaba prácticamente decidida en el gobierno de Peña, pero que, finalmente, se frenó.
Desde Los Pinos se había dado la orden de relevarla de España porque Peña Nieto quería darle una salida digna al defenestrado secretario de Educación, Emilio Chuayffet, enviándolo a Madrid. Sin embargo, la deteriorada salud del también exgobernador mexiquense, los orilló a mantener a Lajous en España.
Peña la quería relevar, entre otras razones, porque no es miembro de su círculo cercano, pero también por desatinos en su gestión, cuyos reclamos son frecuentemente canalizados por el subsecretario, embajador Carlos de Icaza. Ella misma, consciente de los desafectos en Los Pinos inició una nutrida agenda de actos que difundió en las redes sociales para atemperar los ánimos.
Pero “sus yerros políticos”, están documentados. Reciente su arribo a España, en 2014, en un encuentro privado con un grupo de directivos de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, llegó a decir que “la violencia en México creció mucho cuando el Ejército salió a las calles”, como tituló el portal El Imparcial, del que es socio uno de los directivos de Ortega-Marañón, sin que ella supiera que se iban a difundir sus palabras.
O reconocer en ese encuentro, que la reforma que más costaría sacar adelante sería la educativa, por “el enorme poder que aglutina el sindicato dirigido desde la cárcel por Elba Esther Gordillo, que consigue su poder e influencia con que los políticos ganen o pierdan elecciones”.
La embajada movió sus hilos para que el citado medio modificara su titular sobre el Ejército. Le propuso uno muy distinto: “El Pacto por México ha permitido avanzar en el proceso de reformas estructurales”.
En el caso que se cumpla la exigencia de la oposición y Peña la retire de la embajada, tendría que dejar de formar parte del “Círculo Diplomático del Teatro Real”, donde se reúnen los embajadores para disfrutar de veladas de ópera o de participar en reality show como MasterChef, como el celebrado en la embajada de Italia, con otra docena de embajadores acreditados en España para degustar platillos de diseño.
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