El país se encuentra en
un estado de emergencia, un estado de transición catastrófica hacia una
crisis destructiva de todos los sectores populares y bienes nacionales
que por derecho, nos corresponden a nosotrxs, los pueblos de México.
Entre estos bienes, se encuentran nuestras libertades y garantías
jurídicas que históricamente hemos adquirido, una de ellas es el derecho
a la protesta pacífica para demandar y/o exigir acciones, vacios u
omisiones que el gobierno efectué.
La imposición del proyecto
neoliberal mediante el desvío de poder y el uso de la violencia
sistemática obedece a una lógica de la destrucción y recolonización de
nuestros pueblos.
Este panorama no es nuevo; es un proyecto que
se ha forjado históricamente y obedece a la legitimización del saqueo y
la ocupación. [1]
1.-La criminalización de la protesta.
En un clima de nula libertad de expresión, de violación permanente de
formas de elección de gobernantes e impedimento estructural para acceder
al poder a través de las vías permisibles, de violencia permanente
contra las mujeres, de negación de los derechos de minoría para la
población indígena – además mayoritaria en el país – de control social y
de un sistema de aparatos extraestatales que funcionan como mecanismo
de control y coerción, como los sindicatos, iglesias, medios de
comunicación, grupos porriles dentro de las universidades, etc. Además,
se ha instaurado un régimen cívico – militar que impone un estado de
excepción permanente y que bajo la creación de la figura de “enemigo
interno”, justifica una guerra terrorista en contra de los pueblos de
México.
Se trata de una construcción criminal que niega el
presupuesto mínimo de que el Estado debe asumirse como el principal
garante de la continuidad histórica de la formación social que le dio
origen. Además de una situación de crisis humanitaria para quienes
vivimos en este país y una negación de toda posibilidad de vivir en una
Nación libre y soberana.
La respuesta constante del Estado y de
los intereses norteamericanos en México para enfrentar la crisis
histórica que empezó a gestarse en los últimos cincuenta años ha sido la
destrucción de la población. No se tratan de hechos aislados, que
tengan que ver con políticas de gobiernos de segundo nivel o por el
exceso de la fuerza pública o por el uso del ejército en contadas
ocasiones, por el contrario, la política de exterminio de las naciones
es histórica y recurrente en todos los casos de “la vida pública” del
país.
Ante esto, es evidente y necesaria la reacción popular,
actos civiles de resistencia legitimados legalmente en el artículo 39 de
nuestra constitución política pero que se criminalizan y/o sitúan desde
las cúpulas gobernantes como actos “desestabilizadores”que se oponen a
un “desarrollo nacional” ficticio que obedece a la entrega y el saqueo
de nuestro país (Aristegui noticias, 2014).
La criminalización
de la protesta es una parte de la tesis represora del estado al
enfrentarse a la antítesis del desarrollo social propuesta por los
sectores populares oprimidxs; esta criminalización de la protesta es una
forma de represión a los intentos populares por empoderarse.
La concepción del poder popular coloca la mirada en la construcción de
nuevas relaciones de poder que se van configurando a diario en la
materialización de una nueva sociedad, una nueva gobernabilidad y un
nuevo Estado, que se fortalece como acumulado político en el marco de un
nuevo ordenamiento institucional, social y político revestido de la
legitimidad que le conceden los distintos sectores sociales y se valida
en la confrontación diaria al metabolismo del capital.
La
protesta social (manifestación, marcha, huelga, paro, etc.) es entonces
el mecanismo de los sectores populares para construir nuevas relaciones
de poder que culminen en el libre derecho a la autodeterminación. Sobre
el derecho a la autodeterminación de las naciones y más concretamente
explicando el tema de minorías nacionales y nacionalidades Marta
Harnecker (1987) escribe:
“Las nacionalidades o minorías
nacionales son grupos más o menos numerosos de personas que usan un
mismo idioma y tienen tradiciones históricas y culturales comunes. {…}
Lo que caracteriza en cambio a las naciones de la época moderna, según
los clásicos del marxismo, es la comunidad histórico – economía que se
establece entre todos los habitantes de un mismo territorio, lo que va
haciendo que, en el caso de existir tradiciones históricas y culturales
de diferente origen, estas vayan poco a poco asimilándose a una nueva
cultura nacional y vayan conformando un nuevo “carácter nacional”. (p.
105)
Entonces ¿Por qué criminalizar la protesta social? Porque
la protesta social reviste las ansias y anhelos de cambio; reviste la
propuesta de autodeterminación cubierta de reclamos al Estado por
vacios, omisiones o acciones directas que afectan de manera inmediata el
libre desarrollo de los pueblos.
La protesta social vislumbra
la ineficacia del Estado, y los verdaderos intereses de las clases
apropiadas del aparato estatal mexicano. Dibuja el panorama amplio y el
mapeo de actores que actúan directa y/o indirectamente en el
desmantelamiento nacional, alumbra las consciencias individuales
transformándolas en consciencias comunitarias, en nuevos sujetos
comunitarios.
En los artículos 1,2, 6, 7, 9, 14, 39, 41, etc.
Queda expreso el fundamento jurídico/social que nos otorga el derecho a
autodeterminarnos, expresar nuestra inconformidad y los mecanismos para
defender nuestros intereses nacionales. [2]
1.1.- Mecanismos de criminalización.
Cuando se habla de que en el país se vive un estado de excepción
hacemos referencia a un estado (y sus aparatos ideológicos) que
mantienen una guerra interna en contra de un enemigo prefabricado o
elaborado por la ideología. [3]
Se prepara el terreno
ideológico que justifica la criminalización y represión a la legítima
protesta social, los medios de comunicación al servicio de las clases
dominantes se encargan de fabricar en el imaginario inconsciente popular
una ficción abstracta que hace ver al pueblo como el actor traidor a sí
mismo, como si la legítima protesta fuera un acto criminal, cuando en
esta lógica, el pueblo usa la legítima protesta para evidenciar las
atrocidades del estado criminal.
El estado de guerra, miedo,
terror y violencia permanente, usa una dialéctica en el discurso, para
hacer pasar por violento y criminal cualquier acto que denuncie
públicamente los excesos y resultados de este sistema podrido y
corrompido.
Al consolidar la pre criminalización mediática, las
clases dominantes repiten, instauran y ejercen un discurso masivamente,
convirtiéndose en un discurso hegemónico, que atenta, irónicamente,
ante la creación de una contrahegemonía y poder popular.Anteestos
procesos de criminalización David Pavón Cuellar (2014)menciona durante
su conferencia en Sao Paulo, Brasil:
“No importa cuántas y
cuáles mediaciones hubiera entre el capital y los policías asesinos de
Iguala. Da igual que obedecieran directamente a un capo local del
narcotráfico o indirectamente al presidente mexicano que a su vez
obedece al capitalismo global con sus narcotraficantes, banqueros y
demás personificaciones criminales. En ambos casos, una parte importante
de la responsabilidad última de la matanza recae en el capital, en el
capitalismo, lo que no absuelve desde luego a los esbirros del capital,
desde los policías de Iguala hasta el Presidente de la República. Lo que
digo es algo que parece presentirse entre los supervivientes de
Ayotzinapa y entre las decenas de miles de estudiantes mexicanos que han
salido a protestar a las calles después de la masacre. Basta escuchar
las consignas y pasear por las redes sociales para captar la intuición
general de que los estudiantes fueron asesinados por algo que se expresa
lo mismo en los narcotraficantes que en los policías, en los distintos
niveles del gobierno y del crimen organizado, en los medios masivos de
comunicación, en los diversos poderes fácticos económicos, en las
últimas reformas neoliberales y en la manera en que los partidos
opositores se han dejado intimidar, sobornar, cooptar y degradar por el
corrupto y represor Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que
volvió al poder en 2012, después de haber gobernado México entre 1930 y
2000.”
La construcción mediática de la criminalización, se
constituye ulteriormente a la sociedad, pero tiene sus bases en la
dinámica histórico – económica y política del país.
Al
criminalizar la protesta social se criminaliza la libertad, se
criminaliza a aquellos que anteriormente lucharon por conseguir esos
derechos a las generaciones futuras, se criminaliza el pasado, presente y
porvenir, pretendiendo aniquilar cualquier manifestación libre de
ideas.
Aristegui noticias
. (14 de Noviembre de 2014). Obtenido de Aristegui noticias:
http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/epn-ve-afan-por-desestabilizar-el-pais-detras-de-protestas-por-ayotzinapa/
Harnecker, M. (1987). Estudiantes, cristianos e indígenas en la revolución. La Habana: Siglo XXI.
López, G., & Rivas. (2013). La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal. México : El volcán.
Pavón Cuellar, D. (2014). Estado de excepción: Marx y Lacan en Ayotzinapa. Foro del Campo Lacaniano. Sao Paulo.
Revueltas, J. (1978). Juventud y revolución. México. D.F.: Editores Era.
Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias De análisis y elementos de interpretación,en Capitalismo criminal. Ensayos críticos, Bogotá, 2008.
Notas
[1]
Pablo Gonzales Casanova ha insistido en que vivimos un proceso renovado
de dominación y reapropiación del mundo; una recolonización a través de
la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el
ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, a través
de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la
sociedad y a los ciudadanos en particular. En el caso de México, se
destacan, como ejemplos, dentro de las primeras, la reforma al artículo
27 de la Constitución y sus leyes secundarias que pusieron en venta las
tierras ejidales y comunales, abrieron los territorios a corporaciones
extranjeras, y constituyen, en los hechos la ruptura de la alianza
social y el pacto político producto de una revolución armada que da
lugar a la Carta Magna de 1917 y que costó al país un millón de muertos.
De las segundas, tenemos al Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y la
iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y
política de la Nación. Véase G. Lopez y Rivas, La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal, El Volcán, México, 2003.
[2]
La validez constitucional recae en la ficción jurídica, es el pueblo
(constituido en un sujeto comunitario integro) el que debe velar por sus
propios intereses, la constitución es entonces la expresión ideológica
de una(s) clase(s) social(es), por esto al examinar la constitución se
observa que se ha ido modificando acorde a los intereses del
neoliberalismo y no del desarrollo social popular.
[3]
Sobre las características de un estado de este tipo resaltamos: “1.
Infiltración del Estado por expresiones de tipo criminal: el poder
alcanzado por las máquinas de acumulación ilegal se manifiesta en una
capacidad relativamente difusa pero efectiva de erosionar y derrumbar
las instituciones sociales, políticas y económicas establecidas,
mediante un conjunto de acciones desafiantes y violentas (…) 2. La
simbiosis entre delito y Estado. (…) un tipo particular de "criminalidad
institucional" cuya expresión esencial radica en la figura del
paraestado que desafía la soberanía y la capacidad regulatoria del
Estado. Se trata de formas de poder paralelas/articuladas al marco
institucional. Ese paraestado incluye poderosas fracciones capitalistas
encargadas de regulación/control territorial, gastos en bienestar social
y un restringido pero eficaz apoyo popular (a base de la intimidación).
Tal ensamblaje se sostiene en el "monopolio de la violencia
paraestatal", en aparatos represivos (la expresión concreta en el
paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos "brazados
armados" al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista. En ese
sentido existe una relación funcional y de dependencia: la
institucionalidad formal se vuelve tan dependiente de su parásito
criminal como éste de las instituciones establecidas. 3. La
resignificación del circuito tierra-- ‐ territorio como fuente de
valorización capitalista y transformación de las relaciones de
propiedad. Aquí es común encontrar disputas por el control territorial
en las zonas de trascendencia geopolítica y económica. Son evidentes, en
ese sentido, los planes/ dispositivos de control territorial sobre
regiones estratégicas para los intereses del capital (nacional y
transnacional). (…)La nueva espacialidad capitalista conlleva nuevos
procesos de reterritorialización. Dicha espacialidad no implica la
renuncia al territorio, contempla justamente una redefinición del
concepto de territorio. Dentro de esas disputas se hacen presentes, por
ejemplo, expropiaciones violentas de tierras a través de nuevos ciclos
de acumulación por desposesión. 4. Flexibilización violenta y
"servilización" del trabajo. Con el servilismo se pasa de un régimen en
el que los derechos sociales de los trabajadores tenían una validez
universal en el mercado de trabajo, y estaban protegidos por normas
jurídicas con la suficiente solidez para garantizarlos, a un régimen en
el que los derechos de los trabajadores se esfuman progresivamente bajo
el apremio de las contingencias económicas (…) Expresiones (criminales)
del capitalismo, particularmente la forma paraestatal, consideran el
salario cada vez más como una variable de ajuste de la política
económica, pues ahora corresponde a los asalariados absorber los shocks
macroeconómicos. En ese marco es común el uso de la violencia, lo que
conlleva a una creciente precarización del trabajo, en sus más variadas
expresiones. Véase Cfr. Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias De análisis y elementos de interpretación,en Capitalismo criminal. Ensayos críticos, Bogotá, 2008.
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