Por: Edgar Rosas
(03 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En México la
desaparición forzada es una política de Estado, lo que lo configura como
un crimen de lesa humanidad. Por lo menos desde la década de los
sesenta, se ha evidenciado el uso de este delito como parte de la
estrategia impulsada desde el poder para perseguir a luchadores sociales que se oponen al régimen.
Así lo consideró Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de
detenidos-desaparecidas ¡Hasta Encontrarlos! La defensora de derechos
humanos, enfatizó que a la fecha, aunque el Estado insista en que no hay
desapariciones forzadas-cometidas en manos de agentes del Estado-, el fenómeno persiste y va en aumento.
“Las desapariciones forzadas son una política de Estado, eso lo
tenemos claro. Para nosotros, las desapariciones son crímenes de lesa
humanidad. El hecho de que las desapariciones forzadas se den desde los
años sesenta, y que a la actualidad los casos se sigan cometiendo, es
una forma sistemática de cometer esta violación grave a los DDHH;
y es generalizada por el gran número de víctimas que ha cobrado este
delito. Por lo tanto si cumple esos dos requisitos, que es sistemática y
generalizada, es un crimen de lesa humanidad”, dijo al participar en el
foro “Desaparición forzada, una realidad vigente”.
Reyes Maldonado, hija del luchador social, Edmundo Reyes Amaya,
detenido- desaparecido por policías y militares en el año 2007, enfatizó
que a pesar del tiempo, la persecución política a través de la
desaparición continúa.
“Quiero destacar esta parte sistemática de las desapariciones. A pesar del tiempo, esta práctica de persecución política, de criminalización, se mantiene en contra de activistas, defensores de DDHH y luchadores sociales
Esto es importante señalarlo, porque aunque el Estado diga que no se
cometen desapariciones forzadas, y que no se cometen de manera selectiva
en contra de activistas y luchadores sociales, eso es mentira, y el
caso Ayotzinapa y el de nuestros familiares son un claro ejemplo de esa
persecución que aún se sigue dando en contra de quienes deciden
organizarse y luchar en defensa de sus derechos humanos por la vía que
sea”, sentenció.
Nadin Reyes recordó el contexto en el que se dio la desaparición de
su padre, Edmundo Reyes Amaya, y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos
integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Apuntó que este
par de luchadores sociales fueron detenidos-desaparecidos
el 26 de mayo de 2007 en Oaxaca, justo cuando se encontraba la
persecución en contra del magisterio y de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO).
“El caso se deriva del conflicto magisterial en 2006, concretamente
contra la APPO; comenzó una persecución contra activistas que el
gobierno pensó que participaron en el movimiento.
Cualquiera que sea la vía de lucha, no es justificación para que el
Estado los desaparezca. Igual no hay justificación para que se
desaparezca a nadie en este contexto, sean jóvenes, estudiantes,
hombres, mujeres, obreros, campesinos, el Estado no tiene por qué
desaparecer a las personas, se supone que por eso tenemos un marco legal
y existe un Estado de derecho para juzgar a las personas si cometieron
algún delito (…) la gravedad es mayor cuando el Estado decide
desaparecer a una persona por su lucha, por su exigencia de respeto a
sus derechos”, destacó.
“El Estado no tiene la voluntad para buscar a nuestros familiares”
Reyes Maldonado criticó la posición del gobierno ante los casos de
desaparición. Lamentó que las autoridades no tienen la voluntad de
emprender la búsqueda de las personas desaparecidas. Dijo que en este
contexto, las familias deben tomar la iniciativa ante la omisión de la
autoridad.
“En el camino nos hemos dado cuenta que hay miles de casos, por eso
nos orilló a organizarnos. Vimos que en todo el país había muchos casos,
en Oaxaca, en el mismo año que desapreció mi papá y su compañero,
desaparecieron las compañeras Daniela y Virginia; Lauro Juárez, indígena
triqui; el profesor Carlos Rene y un sinfín de activistas. Nos dimos
cuenta que era un patrón que se estaba dando de persecución y
criminalización tan sólo en dicha entidad.
“La necesidad de exigencia, de buscar justicia, nos ha orillado como
familiares a realizar cosas que no imaginábamos, obligadas porque el
Estado no tiene la voluntad política para buscar y mucho menos para
investigar a los responsables de cometer este crimen”, expuso.
Recordó que en el caso de Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez hay una resolución emitida por un
Tribunal Colegiado, en donde se ordenó abrir los cuarteles militares
para buscar a los luchadores sociales; además que mandata a las
autoridades citar a declarar a militares, sin embargo, dijo, a casi dos
años de darse a conocer aún no es cumplida.
“El caso ganó una resolución judicial en junio de 2014, y esta
resolución lo que dice es que tiene que buscarse a mi padre y su
compañero en instalaciones militares, y que tiene que citarse a declarar
a altos mandos, tanto de Sedena, como de del Cisen. Ha sido un logro.
Pero cuál ha sido la respuesta: como se trata de militares, que es lo
más alto que el Estado siempre ha protegido y no ha querido sancionar,
esta resolución se encuentra en desacato”, denunció.
Nadin Reyes llamó a solidarse con las víctimas, sobre todo en el contexto de crisis de derechos humanos que se vive.
“Exigimos ley general de desaparición acorde a estándares internacionales”
Zita Loyo, integrante de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, habló sobre la importancia de contar con una ley en materia de desaparición que se apegue a los más altos estándares internacionales
De cara a la aprobación de una legislación que permita atender la
problemática, la abogada recordó que en el pasado septiembre, las
organizaciones integrantes de la campaña presentaron una iniciativa de
ley en el Senado, la cual fue redactada desde las sociedad civil y las
víctimas.
Entre los puntos incluidos en la iniciativa, y que se consideran como
mínimos para una legislación de esta índole, se encuentra la correcta
tipificación del delito de desaparición forzada y de desaparición
cometida a manos de particulares, en aras de sancionar correctamente el
delito.
Además hizo mención, que se incluye la necesidad de definir la figura
jurídica de la persona desaparecida, puesto que hoy en día al no
existir una regulación en la materia, se presentan conflictos para los
familiares al intentar realizar algún trámite que requiere la presencia
del familiar desaparecido.
Entre otras cosas, enfatiza la importancia de definir que la
desaparición es un delito continuo e imprescriptible, al igual que se
especifique de manera detallada que la desaparición forzada es cometida
por agentes del Estado, con el objetivo de que no existan lagunas que
permitan al Estado escapar de su responsabilidad en la comisión del
delito.
Zita Loyo señaló que la iniciativa presentada por la Campaña fue
redactada tomando como base recomendaciones que han hecho órganos
internacionales al respecto. Advirtió que si el Legislativo aprueba una
ley que no cumpla con los requerimientos mínimos para que sea efectiva,
se demostrará una vez más la falta de voluntad del Estado para combatir
el fenómeno
No hay comentarios.:
Publicar un comentario