En Europa la extrema
derecha se viene consolidando, alimentándose del desaliento de la crisis
económica y del creciente racismo contra los refugiados que huyen de la
violencia de Oriente Medio. Así lo confirma la formación de extrema
derecha, Demócratas de Suecia -de origen neonazi- cuyo líder de partido
identificó la expansión del Islam como "la mayor amenaza extranjera
desde la Segunda Guerra Mundial". En tanto que en Finlandia, afectada
por la recesión económica, el partido de extrema derecha Verdaderos
Finlandeses está actualmente en el Gobierno.
Asimismo en Italia, la
Liga Norte ha avanzado posiciones en ese país, hasta lograr que su
líder, Matteo Salvini, pueda exigir desmantelar los asentamientos de
gitanos, y Luca Zaia, adscrito a ese mismo partido, tras convertirse en
gobernador de Venecia, pudiera reclamar el año pasado la expulsión de
los migrantes africanos. Mientras que en Holanda los sondeos señalan que
la formación liderada por Geert Wilders, quien, como Donald Trump,
quiere frenar la inmigración musulmana para impedir una "invasión
islámica", va en camino de encabezar las elecciones generales. En tanto
que en la Grecia azotada por la austeridad, el partido neonazi Amanecer
Dorado aterroriza a los inmigrantes. E incluso en Alemania, que en la
posguerra evito el auge del fascismo, los populistas de extrema derecha
de Alternativa para Alemania cada vez cuentan con más partidarios1.
En
paralelo de esta avanzada de la derecha en Europa, en España mediante
el Partido Popular, además del creciente racismo compartido con los
demás países europeos ya señalados, hace gala de una trama de corrupción
político-empresarial, de más de diez años con la multinacional ibérica
OHL, que también tiene intereses en México, al otorgar contratos
públicos a cambio de comisiones o de financiamiento irregular hacia
dicho partido2.
En México y otros países de América Latina, las élites políticas, al
incurrir cada vez más en actos de corrupción con empresas como OHL, como
supuestamente a ocurrido con la construcción del viaducto Bicentenario.
Como indicamos en un trabajo previo, vienen implementando lo que Ruy
Mauro Marini llamo el Estado del Cuarto Poder. Ocurriendo así
debido a que las modificaciones ocurridas en el plano militar, derivadas
de la formulación de doctrina de contrainsurgencia, también
transformaron la estructura de las burguesías criollas, traduciéndose en
modificaciones del bloque político dominante. Las burguesías criollas
se transformaron, puesto que la base objetiva fue la integración de los
sistemas de producción al sistema imperialista, mediante las inversiones
directas de capital extranjero, la subordinación tecnológica y la
penetración financiera. Lo que llevó a que durante la década de los
cincuenta del siglo pasado, y aun más durante los sesenta, surgiera y se
desarrollara una burguesía monopólica estrechamente vinculada a la
burguesía imperialista, especialmente a la norteamericana.
Estrecho
abrazo entre las burguesías que ha obligado a América Latina a
afianzarse, desde los años 80 a un patrón de especialización
exportadora, recreando la inserción internacional de la región como
proveedora de productos básicos3.
Deviniendo del proyecto de reconversión económica diseñado por el
Pentágono, que ha implicado para nuestra región reasumir el papel de
economía exportadora que desempeñó antes en el sistema capitalista,
renunciando al intento de desarrollo auto-centrado, que inició en los
años treinta.
Siendo así que hoy, en distintas partes de Latinoamérica destaca una renovada gravitación de commodities4,
y para brindarles mayores ganancias a las grandes corporaciones
privadas y las multinacionales, pese a los aspectos negativos y la
evidencia de la limitada contribución a un genuino desarrollo nacional,
incluso bajo los gobiernos llamados progresistas o de la nueva izquierda
se han amoldado las legislaciones nacionales para permitir la
explotación y expoliación de los territorios sin mayores controles
políticos ni ambientales. Por lo que se pueden apreciar las
coincidencias existentes en distintos países de América Latina en las
leyes de agua, de páramos, de minería, de hidrocarburos. Las
legislaciones ambientales se están diseñando para el beneficio de las
corporaciones y no para proteger el medio ambiente y mucho menos a los
pueblos que habitan estos territorios.
Esquema en el que la
burguesía monopólica ha privilegiado el uso de las Fuerzas Armadas como
elemento central de su estrategia, conformando un Estado
contrainsurgente, que tiene como esencia, desde el punto de vista de su
estructuración y funcionamiento, el hecho de que las Fuerzas Armadas
sólo comparten allí el poder con dicha burguesía. De manera que, según
Marini, siempre que se encuentren ciertas estructuras, funcionamiento
y coparticipación entre las Fuerzas Armadas y capital monopólico se
estará frente aun Estado de contrainsurgencia, tenga éste o no la forma
de dictadura militar, puesto que esto es sólo la expresión formal del
Estado.
Estado de contrainsurgencia que en la actualidad,
tras abandonar desde los ochenta el llamado “Estado populista”, es decir
el “Estado de toda la burguesía”, que favorecía la acumulación de todas
las fracciones. Y ser sustituido por un nuevo Estado que se preocupa
fundamentalmente por los intereses de las fracciones monopólicas,
nacionales y extranjeras, ha devenido en Estado corporativo de la
burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas. Donde destaca el hecho de
que los tecnócratas civiles y militares, que se ocupan de la gestión del
Estado, son sólo la representación política del capital y no son entes
autónomos. Más aun, dentro de la fusión de los intereses corporativos de
las Fuerzas Armadas y la burguesía monopólica, ésta última sólo
representa una fracción propiamente capitalista de la burguesía y las
Fuerzas Armadas sólo son un cuerpo de funcionarios cuya voluntad
económica y política es rigurosamente la de la clase a la que sirve. Y
aunque el Estado de contrainsurgencia sea el Estado del capital
monopólico, cuyas fracciones constituyen hoy en día el bloque en el
poder, no excluyen la participación de las demás fracciones burguesas5.
Sin embargo, dentro de este marco las contradicciones inter-burguesas,
al exacerbarse, han exigido espacios políticos para dirimirse. De forma
que la centralización rígida del poder político, en manos de la élite
tecnocrático-militar, ha tenido que flexibilizarse, permitiendo el
accionar de los partidos y hasta cierto punto la prensa, para que las
distintas fracciones burguesas puedan desarrollar su lucha. Apuntándose
así a la institucionalización política, manifiesta en las “democracias
viables”. De manera tal que las contradicciones inter-burguesas llevan a
cabo una “apertura” política que preserva lo esencial del Estado de
contrainsurgencia, que es la participación directa del gran capital en
la gestión económica y la subordinación de los poderes del Estado a las
Fuerzas Armadas, conformando el Estado del Cuarto poder. Que permite a
las Fuerzas Armadas ejercer un importante papel en la vigilancia, el
control y la dirección de los asuntos del aparato estatal. Resultando en
el avasallamiento del aparato estatal por las Fuerzas Armadas, por
encima de las estructuras propias de la democracia parlamentaria que se
ostente6.
Bajo
este lente, podemos observar que el engranaje económico de la burguesía
monopólica y la oligarquía en México, dentro del esquema de las
democracias viables, han permitido el funcionamiento y la
coparticipación de las Fuerzas Armadas, dando forma al Estado de Cuarto
poder. Una burguesía monopólica y una vieja oligarquía conformada por
funcionarios públicos, que tras emprender el camino de los negocios han
consolidado lo que hoy es una diversificada red de empresas que
controlan y monopolizan prácticamente todo. Empresarios, banqueros y
políticos poderosos que han estado apadrinados por los regímenes del PRI
neoliberal y los posteriores gobiernos panistas de derecha. Están en la
agricultura, la minería, la metalurgia, la siderurgia, los
hidrocarburos, los energéticos, el turismo, la salud, el transporte, los
alimentos, las telecomunicaciones, la cibernética, los mercados
financieros y hasta las campañas políticas. Poseedores de grandes
fortunas, dueños de zonas hoteleras, parques industriales, centros
comerciales, hospitales, televisoras, radiodifusoras, editoriales,
empresas de telefonía, constructoras, gaseras, cervecerías,
supermercados, aeropuertos, líneas ferroviarias, flotas marítimas,
terminales camioneras y centros financieros.
De forma tal que
estos empresarios consentidos del sistema neoliberal, sin importar que
sean los responsables de las recurrentes crisis económicas, que estén
involucrados en escándalos de corrupción política, sean los
protagonistas del “pase de charola” de 75 millones de pesos para el PRI
en 1994, sean los deudores del fraude bancario de 800 millones del
Fobaproa, sean los beneficiados de licitaciones, privatizaciones y
exenciones de impuestos públicos, además de intocables por la justicia.
Cuyos nombres destacan en la revista Forbes en las últimas décadas, con
riquezas que fluctúan entre los mil millones y los diez mil millones de
dólares: Carlos Slim, Roberto Hernández, José Madariaga, Roberto
González, Carlos Hank Rhon, Carlos Peralta, Adrián Sada, Lorenzo
Sambrano, Juan Sánchez Navarro, Eugenio Garza, Alfredo Harp, Alfonso
Romo, Ricardo Salinas Pliego. Desde hace tres décadas, a partir de
repartirse el país y dirigir el rumbo de la economía nacional, manejando
el destino de millones de mexicanos7.
En
una acomodaticia subordinación con el gobierno norteamericano, que ha
renovado la Doctrina Monroe para debilitar a las fuerzas armadas
nacionales en su papel como defensor de la soberanía nacional y por el
contrario sean utilizadas como cuerpo de protección de los intereses
estadounidenses y del capital nacional y trasnacional. Estrategia
económica dictada por intereses corporativos para someter las
principales actividades económicas del país al dominio central y la
administración de sus corporaciones petroleras, petroquímicas, gaseras,
ferrocarrileras, eléctricas, portuarias, aeroportuarias, carreteras y de
telecomunicaciones. La burguesía monopólica viene manejando la
estructura policiaco-militar nacional, para restablecer el orden
perdido, por las políticas económicas “sugeridas” por el Fondo Monetario
Internacional, que han desestabilizado a todo el sistema social y
económico mexicano, generando caos e inconformidad social.
Pretendiéndose
que las fuerzas armadas mexicanas reduzcan su papel constitucional y
asuman el control interno de la población, es decir, que repriman los
conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica
del FMI y el Banco Mundial, organismos financieros multilaterales
dominados por el Pentágono. Convirtiéndose así en un verdadero ejército
de ocupación contra los mexicanos, bajo el amparo de un Estado de Cuatro
poderes, tal como indica Marini. Aspecto que cobro mayor fuerza durante
el llamado gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox
Quesada electo el 2 de julio de 2000. Éste se inclino aun más hacia el
uso de las fuerzas armadas, otorgándoles facultades para intervenir en
todos los aspectos de la lucha antidrogas. Y por primera vez en la
historia de nuestro país, un general fue nombrado como titular de la
PGR, para lo cual fueron invocadas razones de seguridad nacional.
Fox
aumento la militarización, permitiendo que las fuerzas armadas actuaran
de manera abierta en la persecución de delitos que competen a las
autoridades civiles. Otorgando cargos a militares que correspondían a
civiles. El primer caso fue el del general Rafael Macedo de la Concha en
la PGR, quien a su vez se rodeó ahí de otros 14 militares de alto rango
y diez mil militares en la Policía Federal Preventiva. Respecto al
presupuesto designado a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena)
ocupo el cuarto lugar para el gobierno federal por considerar a dicha
institución como altamente prioritaria y ser una dependencia
“estratégica” encargada de la seguridad nacional, por lo que no se ha
visto afectado por los recortes presupuestales. Tan sólo en el año 2002
mantenía un presupuesto de 22 mil 705 millones 420 mil pesos8, manteniendo un fuerte hermetismo respecto a su uso.
Jeffrey
Davidow embajador de Estados Unidos en México entre 1998 y 2002,
escribió que el liderazgo de Vicente Fox le gano una profunda admiración
en el gobierno estadounidense, y por su parte la DEA, siete meses
después de que Fox tomara posesión, emitió un comunicado exaltando los
nuevos estándares de confianza y la cooperación entre las fuerzas del
orden de ambos países y a principios de 2003 la Casa Blanca declaró que
México y Estados Unidos habían alcanzado niveles de coordinación sin
paralelo en la lucha antinarcóticos. Según señalo Davidow, antes de la
transición del año 2000 los regímenes priistas habían racionalizado su
renuencia a trabajar más estrechamente con Estados Unidos utilizando el
“argumento falso” de que la cooperación resultaría en una pérdida de
soberanía nacional.
De tal forma vino más, de acuerdo con el
diagnóstico sobre el estado de la cooperación binacional ante el cambio
de gobierno en 2006, el embajador Tony Garza enlistó una serie de
aspectos que Estados Unidos debía defender sin vacilaciones, una vez
ganados en México. Una serie de objetivos que tenían que alcanzarse en
los siguientes tres años:
- Presionar para que se pudiera continuar con las estrechas relaciones de trabajo entre la DEA y la oficina del procurador general, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
- De “vital” importancia, mantener la extraordinaria cooperación entre el FBI y el Instituto Nacional de Migración (INM) y la AFI, ya que resulto en la deportación de cientos de “fugitivos”.
- Convencer al gobierno mexicano de establecer un gobierno marítimo, después de haber estado trabajando para tal fin con la Secretaria de Marina.
- El gobierno mexicano debería considerar la creación de fuerzas de tarea conjuntas para realizar operativos y arrestos por mar, aire y tierra9.
Tales
intereses lograron posicionarse en nuestro país con Felipe Calderón de
tal manera que, pese al saldo y los costos tempranos de la guerra contra
el narco; de 6000 a 8000 civiles muertos y 300 soldados y la policía
asesinados en 2008. El Pentágono logra avances importantes en temas de
interés estratégico. Uno de los más sobresalientes fue el avance
histórico en la oficialización de la “cooperación” entre las fuerzas
armadas de ambos países, asunto eludido durante mucho tiempo por los
gobiernos mexicanos. Así, durante el calderonato la Policía Federal, el
ejército y la Marina Nacional, forman grupos especiales integrados por
policías, soldados y marinos seleccionados después de un intenso
intercambio de información y verificación de datos sobre la vida, la
trayectoria y las propiedades de cada hombre, contando con el “apoyo” de
los bancos de datos de la DEA, el FBI, la CIA y el Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Bajo el pretexto de lograr blindar a estos
grupos contra la cooptación que ejercerían sobre ellos los carteles de
la droga10.
Conforme
Felipe Calderón cuenta con el respaldo de la sociedad con Estados
Unidos para la militarización de las instituciones de seguridad de
nuestro país, se continúa avanzando en este sentido. Si bien para
entonces alrededor de 45 000 soldados habían ocupado distintas ciudades
del país y decenas de altos oficiales de la Secretaría de la Defensa
habían viajado a bases militares estadounidenses para recibir
entrenamiento en operaciones de contraterrorismo, antinarcóticos y
contrainsurgencia, en un amplio programa de siete millones de dólares
financiados por el Departamento de Defensa estadounidense. Más todavía,
el gobierno de Washington respalda la decisión del presidente Calderón
de sustituir con militares todos los mandos de la Policía Federal y
mediante fondos de la Iniciativa Mérida miles de agentes federales serán
entrenados en México, Colombia y distintas sedes de la DEA, el FBI y
bases militares estadounidenses. Además, Calderón también militariza el
servicio aduanal en todos los puertos fronterizos con el apoyo de
Estados Unidos: cerca de 700 servidores fueron relevados por 1400
oficiales entrenados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP)11.
En
esta lógica, la visita que hizo Calderón a Colombia en el 2006 también
fue muy importante. En ese país el presidente Álvaro Uribe reúne en un
salón del Palacio a Calderón y su comitiva – Maximiliano Cortázar,
Arturo Sarukhan y Juan Camilo Mouriño – con los estrategas de su
gobierno en narcotráfico: los ministros de Defensa e Interior, el fiscal
general del Estado, el jefe del Estado Mayor presidencial y el
comandante de la Policía Nacional. A este encuentro también se sumaron
los expresidentes César Gaviria, Alfonso López y Belisario Betancourt.
En
dicha reunión los estrategas colombianos explicaron a Calderón que “en
su lucha contra los cárteles” fue de vital importancia “transmitir” a la
ciudadanía la idea de que la seguridad formaba parte de los Derechos
Humano, y en la medida en la que la población había comprendido ese
concepto, las fuerzas del orden pudieron actuar con mayor apertura y
confianza y despertar el apoyo de la sociedad. Más aun, después de
ese viaje, por “sugerencia” del gobierno del presidente Bush la
administración calderonista se dio a la tarea de construir una estrecha
relación de cooperación con el gobierno colombiano en materia de
narcóticos. Decididos a profundizar la experiencia colombiana en México
Felipe Calderón y el procurador Medina Mora se aproximan al militar
Óscar Naranjo para tender puentes que le permitieran en forma conjunta12.
En
tanto que, algunos de los mandos militares en México, por su parte han
indicado como hizo el general Galván, estar dispuestos a aceptar
cualquier tipo de entrenamiento que el Pentágono tenga la capacidad de
“ofrecer”. Multiplicándose así, la “cooperación” entre los ejércitos
estadounidenses y sus contrapartes en México, además de desplazarse
hacia otros espacios con relativa velocidad. Que si bien en teoría
mantenían el principio de no intervención de tropas estadounidenses,
también establecidas en la Iniciativa Mérida, se ha avanzado con paso
firme en la implementación de programas institucionales y operaciones
que han supuesto el entrenamiento de tropas mexicanas, la importación de
tácticas, estrategias y doctrinas militares, así como el despliegue en
territorio mexicano de acciones “conjuntas” para ubicar y desarticular a
supuestas redes criminales. Aspecto en el cual destaca el Instituto del
Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. En dicho lugar,
de acuerdo con el informe conjunto del Departamento de Defensa y el
Departamento de Estado norteamericano sobre entrenamiento militar, en
septiembre de 2009 cerca de 40 oficiales del ejército mexicano
recibieron cursos sobre inteligencia y análisis de formación en
narcoterrorismo.
Sin embargo, lo más relevante es que en dicha
institución, localizada en el Fuerte Benning, en Georgia. Fundada a
finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Pentágono decide
establecer en Centro de Entrenamiento de América Latina, en el Canal de
Panamá. Ahí, gran parte de los gobiernos latinoamericanos subordinados a
los designios estadounidenses enviaban a miles de policías y militares a
capacitarse cada año, en doctrinas norteamericanas de
contrainsurgencia. Y rebautizada más tarde como Escuela de las Américas,
ahí durante cinco décadas cerca de 70 000 policías y militares de una
veintena de países latinoamericanos fueron entrenados en tácticas de
espionaje y tortura. Sobresaliendo en tal entrenamiento graduados
tristemente célebres como el general Manuel Antonio Noriega y Omar
Torrijos, de Panamá; Leopoldo Galtieri, teniente general que dirigió la
dictadura que torturó, secuestro y asesino a miles de personas en
Argentina, y Hugo Banzer, dictador boliviano acusado de la desaparición y
muerte de cientos de opositores a su régimen13.
Además,
otros tantos policías y militares entrenados en la misma Escuela de las
Américas dirigieron y formaron parte de movimientos represivos durante
la guerra civil en el Salvador. Participando en el asesinato del
arzobispo Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de más de 900 personas en
el Mozote, hecho documentado por la periodista Alma Guillermoprieto. Con
tales antecedentes, la Escuela de las Américas empieza a ser conocida
como la escuela de asesinos y torturadores. Y por tales motivos a
entrado y desaparecido de la escena política, en 1977 fue retirada de
Panamá y trasladada al Fuerte Benning. Siete años después, el presidente
Reagan autorizó la reanudación de entrenamientos en tácticas
antiguerrilla. Sus puertas cerraron a finales de la década de los
noventa, tras una larga historia de denuncias de organizaciones
defensoras de los derechos humanos. Reabriendo en 2001 transformada en
el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad,
después de que se decidió que ya no estuviera más bajo el mando del
ejército estadounidense. A partir de entonces el Departamento de Estado
se haría cargo de definir, supervisar y coordinar los programas de
entrenamiento en los cuales han venido formándose nuevas generaciones de
policías y militares en América Latina.
Pasando por alto estos
antecedentes en México, durante las primeras semanas de 2010, el
gobierno calderonista envió agentes federales y militares a entrenarse a
éste Instituto. Mientras que por su parte oficiales del ejército de
Estados Unidos y expertos con experiencia en agencias de “aplicación de
la ley” también se trasladaron a México, con la intensión de dirigir
cursos intensivos sobre transparencia al interior de las fuerzas armadas
y salvaguardar los derechos humanos en el cumplimiento de tareas de
mantenimiento del orden, planificación y generación de inteligencia y
operaciones en zonas de alta peligrosidad, según información oficial
entregada por el Departamento de Estado norteamericano.
En este
esquema, el Comando Norte también ha recibido a oficiales del ejército y
la Marina de México para entrenarlos en tareas de intervención
nocturna, contraterrorismo y piloteo de aviones así como helicópteros de
combate. Siendo la esencia de estos entrenamientos, según señalo el
general Víctor Renaurt, jefe del Comando Norte en comparecencia ante el
Congreso estadounidense, el compartir la experiencia reciente de las
guerras en Afganistán e Iraq para atrapar a los líderes del tráfico de
las drogas. Pero que en los hechos, en lugar de combatir a los cárteles
de la droga, según se viene instaurando el Estado del Cuarto Poder en
nuestro país, se registran cada vez más graves violaciones a los
derechos humanos en comunidades indígenas y en las fronteras, similares a
los abusos cometidos en la cárcel de Abu Grahib, por parte del ejército
norteamericano14.
Muestra de esto es que, en México tan sólo del primero de diciembre de
2006 al 31 de diciembre de 2014 la Procuraduría General de la República
recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son
atribuibles a militares15.
En
concordancia con sus antecesores, también Enrique Peña Nieto, semanas
después de su triunfo como presidente, pese a que al inicio de su
campaña había declarado estar listo para desmilitarizar la estrategia
contra el narcotráfico, en una entrevista con The Washington Post
señalo que sin duda estaba comprometido a mantener una “intensa,
cercana y efectiva cooperación con Estados Unidos.” Y un día después,
Roberta Jacobson, subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del
Departamento de Estado norteamericano, declaro que a su gobierno no le
preocupaba que la llegada de Peña Nieto a Los Pinos pudiera tener un
efecto negativo en la alianza entre ambos gobiernos contra el
narcotráfico.
Así, se confía en que el Estado de Cuarto Poder
continúe, de manera tal que, pese a registrarse un aumento en el país de
detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión, traslado de personas
detenidas a instalaciones militares, en lugar de, conforme a la ley
ponerlas a disposición de autoridades civiles. Siendo recurrentes
golpes, torturas, allanamiento de morada, homicidios y desapariciones
forzadas. Respecto a los militares, los recortes y austeridad anunciados
para 2016 no tocaran a las instituciones encargadas de la “seguridad y
defensa nacional”. Por lo que las fuerzas armadas mexicanas tendrán a su
disposición 99 mil 651 millones 876 mil 400, es decir casi 100 mil
millones. Mismos que serán repartidos; para la Sedena se otorgarán 72
mil millones 719 mil 526 pesos, institución de la cual dependen a su vez
el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras que a la
Semar se entregaran 27 mil 401 millones 156 mil 874 pesos, institución
de la cual depende a su vez la Armada de México. Pero además de estos
recursos, le debemos sumar los miles de dólares que obtiene cada año de
la Iniciativa Mérida.
En este mismo sentido, pese a que éste año
será de “austeridad” los titulares de estas secretarias de Estado, muy
diferentes a las tropas de soldados rasos y marinería que se encuentran
en el escalafón más bajo. Conforme al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que se debe publicar en el
Diario Oficial de la Federación, los titulares de las dos secretarias
ganarán al mes 192 mil 615 pesos netos. Tanto el general de división
Salvador Cienfuegos Zepeda, al frente de la Sedena, así como el
almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, al frente de la Semar, recibirán
mensaualmente 138 mil 939 pesos de sueldo más 53 mil 676 pesos en
prestaciones (ya sean en efectivo o en especie). A esto se le debe sumar
el seguro de vida institucional y el popularmente llamado bono de
miedo, intitulado de manera oficial, con toda solemnidad, “pago
extraordinario por riesgo que se otorga a los servidores públicos cuyo
desempeño pone en riesgo la seguridad o salud de los mismos”, por 40 mil
473 pesos netos cada 30 días. Lo que sumado arroja para estos mandos
superiores de las Fuerzas Armadas 233 mil 88 pesos16.
Hechos
que conforman el esquema del Estado del cuarto Poder, impulsado desde
Washington hacia nuestro país y en el cual no se piensa retroceder, sino
que por el contrario se exacerba ante el enfrentamiento que mantiene
con países como China y Rusia. Con Rusia una muestra de estos conflictos
la da la decisión de los ministros de Defensa de los 28 países que
forman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes
reunidos en Bruselas el jueves 11 de este mes, decidieron reforzar la
presencia militar de este bloque, que gran parte esta financiado con
cerca de 70 por ciento por la Casa Blanca, en su franja oriental. Con la
escusa de “disuadir” a Moscú de “cometer una agresión” contra cualquier
país miembro” de la alianza noratlántica. Así se pretende desplegar una
“pequeña fuerza multinacional rotatoria de soldados y armamento” en la
frontera con Rusia, desde Estonia, Letonia y Lituania, hasta Polonia.
Además Estados Unidos también anuncio que va a proporcionar este año a
la alianza atlántica 3 mil 400 millo9nes de dólares para habilitar
antiguas infraestructuras de la guerra fría, que volverán a albergar
tanques, carros blindados, piezas de artillería y efectivos, entre los
que se cuenta un contingente estadounidense de 5 mil soldados17.
Mientras
que en el plano económico y comercial viene impulsando la cooperación,
marcadamente en el Transpacífico, toda vez que para el Pentágono resulta
inaplazable enfrentar a los países asiáticos en “alianza” con sus
vecinos más cercanos: México y Canadá. Escenario donde no es ajeno el
anuncio del proyecto de Enrique Peña Nieto de mandar el Congreso la
iniciativa para facultar al Ejecutivo federal sobre la determinación de
crear Zonas Económicas Especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con la
pretensión de facilitar la inversión “estratégica trasnacional”, a lo
cual se agrega lo dicho por el secretario de Hacienda, de que en esas
entidades no se observan los efectos “positivos” de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio y de la inserción de México en la
globalidad. Mientras que en contra partida, conforme al Estado de Cuarto
Poder, la impunidad se da en la defensa del Ejército a toda costa en
los casos de Tlatlaya, Tanhuata, Apatzingan y se mantienen en prisión a
los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, a Nestora Salgado y Cemeí
Verdía18.
Todo
esto ocurre en nuestro país, en un contexto en el cual hoy, en todos
los países de nuestra región adscritos a la lógica de la promoción de
cultivos de exportación en desmedro del abastecimiento local, se ha
reforzado un empresariado que maneja los negocios rurales con criterios
capitalistas de acumulación intensiva. Siendo la vieja oligarquía quien
encabeza esta reconversión, en estrecha asociación con las grandes
compañías del “agrobusiness”19.
Desconociendo los derechos de los pueblos originarios y comunidades,
concibiéndolos como en la década de los sesenta como quedados, rezagados
y atrasados. Ocultando las consecuencias evidentes de siembras
extensivas que generan destrucción ambiental, hambre y desertificación
de las tierras, como ocurre con la siembra de palma y la soja ejemplo
típico de este nuevo esquema agrícola. Se ha difundido en Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, destruyendo otros cultivos, mediante un
modelo transgénico de siembra directa y dependencia de las corporaciones
agrobiotecnológicas20.
Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta, Aventis, Dow Agrosciencce, Bayer y
BASF, controlan en el planeta el mercado mundial de semilla, granos,
alimentos y agroquímicos. Solo Monsanto tuvo ingresos por 15 mil 430
millones de dólares en 2014, posee una plantilla de 26 mil 200 millones
de empleados, dedica a la investigación científica mil 500 millones de
dólares y laboran con el corporativo unos 20 mil científicos21.
De
forma tal que el llamado extractivismo, que abarca la explotación
minera, petrolera, hídrica, los agronegocios y la infraestructura o los
llamados proyectos de desarrollo, a pesar de la creciente evidencia de
su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, en nuestro
país así como en otros países como Argentina, ha venido cobrando una
importante vigencia. En Argentina este ha sido un país pionero para el
modelo extractivista, aceptando en las últimas dos décadas la
megamineria a cielo abierto, los cultivos transgénicos y el uso de
paquetes de agrotoxicos y el fracking; además de incrementar el
desmonte, las represas y el desarrollo nuclear. Tan solo desde el año
2002, que contaba con 18 proyectos mineros, paso a contar en el 2003,
con 40, y hacia el 2011 las explotaciones superaron las 600. Según el
informe oficial presentado por la Secretaría de Minería titulado
‘Minería en números’, actualizado por última vez en enero de 2012. El
crecimiento a partir de 2003 fue del 1.500%22.
De forma tal que las corporaciones se han venido configurando como el
verdadero mandatario de este país que, además de envenenar a su gente
criminaliza cada día más aquellas personas y organizaciones que
resisten.
Esto ha venido siendo así porque, en una clara
reivindicación del plan neoliberal minero del menemismo que introdujo
reformas en la Constitución Nacional y al Código de Minería para
garantizar el saqueo de recurso, en el año 2004, Néstor Kirchner
presentó el Plan Minero Nacional frente a funcionarios y empresarios.
Durante el cual, el entonces presidente declaró: “El sector minero
argentino es uno de los pocos que durante la década del 90, con cambios
importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de
inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente”. Y
poco después, la presidenta Cristina Fernández con argumentos muy
débiles sobre el ambientalismo, así como evocando una vacua idea de
"sustentabilidad", en realidad apoyaría a rajatabla a los gobernadores
promineros y reafirmaría su alianza estratégica con las corporaciones
mineras. Propiciando así, después de este claro alineamiento con las
empresas transnacionales que las luchas sociales se tornaran aún más
agudas.
Así, los gobiernos de Argentina, de la mano de una
ferviente exportación de materias primas y como abiertos partidarios del
libre comercio. Han colocado ha este país en el extremo de la expansión
de la frontera agropecuaria, un mayor acaparamiento de tierras en manos
de agentes económicos poderosos, una mayor desforestación, más
criminalización, un mayor número de desalojos rurales y asesinatos de
campesinos e indígenas. En el verano de 2013, por ejemplo, cuatro
integrantes de la comunidad los qom, que han mantenido un largo litigio
por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, fueron asesinados
en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del
Gobierno nacional.
Y, pese a que las leyes argentinas en sus
fracciones 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de
los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006
hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio
nacional ("relevamiento de tierras") para definir los territorios
indígenas. En Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Formosa continúan los
enfrentamientos de los pueblos originarios con las agro-industrias. De
forma tal que la tasa de desmontes en Santiago del Estero quintuplica la
media mundial, propiciando el desplazamiento forzoso de familias
campesinas. En donde El Chaco Semiárido es una zona que se encuentra
bajo una enorme presión por la extensión de la frontera agrícola, que
transforma grandes superficies de suelo en monocultivos de soja. En
tanto que en Tucumán, el responsable de los desalojos de pueblos
indígenas es el propio gobierno provincial, con el apoyo de los jueces y
las policías. No obstante que, en mayo de 2011 el gobierno llegó a un
acuerdo con la comunidad indígena toba qom para garantizar su seguridad,
Amnistía Internacional ha documentado nuevas amenazas y actos de acoso
contra dicha comunidad23.
Situación
que parece no cambiara, sino que empeorara con el gobierno de Mauricio
Macri, ex seguidor del funesto Carlos Menem. Toda vez que viene
intentando gobernar a puro decreto presidencial, maniatando al Poder
Legislativo, para sustituirlo con acciones inconstitucionales por parte
del presidente. Asimismo, ha venido autorizando a los militares y
policías, como en tiempos de la dictadura, a revisar por la calle
cualquier maleta o bulto y a derribar aviones que sean percibidos como
“sospechosos”. Mientras que por otro lado mando a encarcelar, a la
dirigente del movimiento social Tupac Amaru sin intervención judicial
previa. Así como ha reintroducido las recomendaciones de ajusten en los
ingresos, privatizaciones y devaluaciones, además de los despidos de
miles de trabajadores petroleros indicados por el FMI y el Banco Mundial24.
Llegando al grado de que mismo Papa tema se de una mexicanización de
Argentina, tal como antes se temía una colombianización de México25.
En consonancia con esta situación, otros mandatarios de la región son
atacados por los representantes de la más abierta reacción y fieles
acólitos del Consenso de Washington. Ya no sólo se trata de tumbar a
Dilma Rousseff, sino de imposibilitar un posible retorno a la
presidencia de Lula da Silva. Asimismo, no sólo la economía venezolana
se encuentra maltrecha, sino que a Nicolas Maduro se lo tacha de tirano y
pierde la última elección legislativa26.
En Bolivia, el gobierno demostró una guerra sucia contra Evo Morales
por parte de la embajada norteamericana, encarnada en Peter Brennan. Así
como planes encaminados con el mismo fin por parte de la CIA
denunciados por La Época y ampliados por Ojo con los Medios.
Siendo
Peter Brennan, el encargado de negocios de Estados Unidos, el jefe de
una estructura permanente de operadores políticos y agentes de
inteligencia con el objetivo de debilitar a su enemigo Evo Morales y al
proceso de cambio boliviano27.
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Rebelión. “Evo podría expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos”. Por Andrés Sal.lari. 17-02-2016.
Notas
1 Rebelión. “La extrema derecha está lista para una nueva crisis económica”. Por: Owen Jones, 13-02-2016. www.rebelion.org/noticia.php?id=208880
2 La Jornada. Viernes 12-02-2016.
3 Katz Claudio. ALAI, América Latina en Movimiento. “Dualidades de América Latina (I): Economía y clases”. 2014-01-27
4
Escala de los proyectos (actividades de tipo “capital intensiva”), el
carácter de los actores involucrados (corporaciones trasnacionales) y
las consecuencias para la actividad productiva (fortalecen los
“enclaves de exportación” y se consolidan bajo lo que denominan
“Consenso de los Commodities”, es decir la exportación de bienes “sin
mayor valor agregado”). En: Grigera Juan y Álvarez Laura. “Extractivismo
y acumulación por desposesión. Un análisis de las explicaciones sobre
agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina de la
posconvertibilidad”. Theomai 27-28· Año 2013. Perspectivas diversas sobre la problemática territorial y urbana.
5 Marini Ruy Mauro. “El Estado de contrainsurgencia.” Intervención en el debate sobre La cuestión del fascismo en América Latina, Cuadernos Políticos, México, ediciones ERA, núm. 18, octubre diciembre, 1978, pp. 21-29.
6 Ibíd. Marini Ruy Mauro.
7 Contra Línea. Septiembre 2002. “Los privilegios de la oligarquía”. Pág. 32.
8 Ibíd. Pp. 82-92.
9 Torre Wilbert. “Narcoleaks. La alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado”. Grijalbo, 2013. Pp. 109-110.
10 Ibíd. Torre Wilbert. Pp. 160-161.
11 Ibíd. Torre Wilbert. Pp. 172-173.
12 Ibíd. Pp. 174-175.
13 Ibíd. Pp. 223-224.
14 Ibíd. Pp. 224-225.
15 La Jornada. Miércoles 17 de febrero de 2016.
16 Revista Contra línea, 30 de noviembre de 2015. Pág. 12.
17 La Jornada. 12-02-2016.
18 La Jornada. 25-08-2015.
19 Katz Claudio. Ibíd.
20 Sotelo Valencia Adrián. “México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis”. UNAM, Ítaca, 2014. Pág. 40.
21 La Jornada. “¿Comerán los mexicanos tortillas transgénicas?” Por Víctor M. Toledo, 01-09-2015.
22 Contrainfo.com. “Extractivismo minero como política de Estado”. Por: Fabián Chiaramello. 29-09-2015.
23 Rebelión. “Se expanden los tugurios en los márgenes de las ciudades. Desplazamientos forzosos de pobladores”. Por: Juan Luis Berterretche, 25-02-2013.
24 La Jornada. 21-01-2016.
25 La Jornada. 17- 02-2016. “Juárez, ahora la caravana de Bergoglio”. Por: Willivaldo Delgadillo.
26 La Jornada. 17-02-2016. “El pinchi poder”. Por: Luis Linares Zapata.
27 Rebelión. “Evo podría expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos”. Por Andrés Sal.lari. 17-02-2016.
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