El pasado fin de semana diversos medios
estadunidenses e internacionales dieron a conocer los borradores de dos
memorandos elaborados por el Departamento de Seguridad Interior de
Estados Unidos, firmados por su titular, el ex general Michael Kelly,
que reiteran las falsedades de que la inmigración en la frontera sur
ha desbordado a las agencias federalesy ha creado
una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa, y que establecen una política absolutamente discrecional para proceder a la expulsión de extranjeros del territorio del país vecino.
Las directivas no sólo incluyen medidas para iniciar de inmediato
la planeación, diseño, construcción y mantenimientodel muro fronterizo con el que el ahora presidente Donald Trump ha amenazado desde que era precandidato, sino que ordenan acelerar y multiplicar las detenciones y deportaciones de indocumentados, independientemente de su edad.
Más aún, los criterios esbozados en ambos documentos para considerar que una persona tiene
antecedentes criminalesson tan laxos e indefinidos que cualquier indocumentado que haya cometido una infracción o falta administrativa podría ser incluido en esa categoría, según señaló el abogado José Pertierra, especialista en asuntos de migración. La también abogada de derechos humanos Joanne Lin se refirió a los documentos filtrados como
una combinación sin precedente de acciones inconstitucionales radicales.
La difusión de los memorandos ha causado fundamentada zozobra en las
comunidades de migrantes, particularmente entre los mexicanos, a quienes
Trump ha llamado en el pasado reciente
violadores y narcotraficantes, en lo que constituye una inaceptable generalización que agravia a una comunidad que, en su abrumadora mayoría, está compuesta por trabajadores honestos que son un factor invaluable para las economías de Estados Unidos y México.
En el primer mes de su administración, Trump ha dado pruebas
consistentes de su disposición a criminalizar de manera generalizada a
millones de personas y a establecer políticas que se traducen en la
violación masiva de derechos humanos. Es claro que ante semejante
ofensiva las actitudes obsecuentes han resultado inútiles, si no es que
abiertamente contraproducentes, en la medida en que se ha enviado el
mensaje de que los migrantes mexicanos se encuentran en un estado de
plena indefensión y que, por ende, es posible seguirlos presentando en
forma demagógica como uno de los principales orígenes de la problemática
que aqueja a Estados Unidos.
Para emprender una estrategia efectiva de protección a los migrantes
es necesario abandonar los gestos conciliatorios y asumir una actitud de
firmeza en todos los terrenos, empezando por el diplomático. Se han
dejado pasar demasiados gestos de hostilidad sin que hasta ahora la
parte mexicana haya presentado una nota de protesta, haya procedido a
una suspensión de los contactos bilaterales o haya acudido a los
organismos internacionales a denunciar los atropellos. Por añadidura, no
hay en el Legislativo, que se sepa, ningún proyecto de ley orientado a
proteger a la industria nacional y binacional de la andanada
proteccionista con la que Trump amenaza casi todos los días.
Ciertamente no hay razón para adoptar ante la Casa Blanca actitudes hostiles u
ofensivas,
pero sí de pasar de una vez por todas a la defensiva. Se ha esfumado la
ilusión –alimentada durante tres décadas por las sucesivas
administraciones mexicanas– de que el gobierno de Washington era un
aliado,
buen vecino,
socioy
amigo: Trump ha hecho caer las máscaras y hoy ese gobierno se presenta como un poder agresivo, prepotente e insolente que interpreta cualquier gesto conciliatorio como señal de claudicación.
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