CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de cuatro meses de las elecciones para gobernador en el Estado de México, en las cuales el PRI podría perder por primera vez en su historia el control sobre la entidad más poblada del país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por el mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, incrementó en 493 millones de pesos la parte del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) destinada a los municipios de ese estado.
Así lo anunció el pasado 20 de enero el mexiquense Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol. El presupuesto del FAIS para la entidad se elevará así a 4 mil 593 millones de pesos este año, 12% más que en 2016.
Dos días antes, en una reunión con el gabinete de la región XVIII del Estado de México en la que participó como “representante del gobierno federal”, García Bejos anunció que la Sedesol conseguirá recursos adicionales para que los presidentes municipales del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz realicen obras de infraestructura social.
Estas cuatro entidades tendrán elecciones el próximo 4 de junio: en el Estado de México sólo se redefinirá la gubernatura; en Coahuila se renovarán el Ejecutivo, 27 diputaciones y 38 presidencias municipales; en Nayarit los votantes elegirán un nuevo gobernador, 20 presidentes municipales, 30 diputados y 197 regidores; y en Veracruz 212 alcaldías estarán en juego.
“Se apoyará a los municipios para que puedan firmar con Banobras los convenios de colaboración y puedan acceder a los recursos que les permitirán realizar obras de infraestructura social como alcantarillado, pavimentación, redes de agua potable, dispensarios médicos y rehabilitación de hospitales, entre otras”, aseveró García Bejos.
El proyecto de presupuesto para 2017 otorga 569 millones de pesos del FAIS al estado y los municipios de Coahuila –14.29% más que el año pasado–, mientras los de Nayarit tendrán 671 millones 574 mil pesos –un incremento de 15.15%– y los de Veracruz, 6 mil 978 millones de pesos –9.41% más que en 2016–.
El operador
Estos eventos alimentan el temor de que Luis Miranda Nava, amigo cercano de Enrique Peña Nieto, utilice a la Sedesol como una plataforma de captación de votos para el PRI.
El funcionario se definió como “operador político” durante las comparecencias que realizó en el Senado y la Cámara de Diputados los pasados 12 de octubre y 23 de noviembre, respectivamente. “No soy un operador electoral, soy un operador político”, afirmó. En ambas ocasiones, legisladores de oposición cuestionaron al priista por su escaso conocimiento sobre el tema de la pobreza y le exigieron no utilizar a la Sedesol como herramienta de control electoral.
Para acallar las críticas y las suspicacias sobre el desvío de programas sociales con fines electorales, Miranda Nava se comprometió ante los diputados a no visitar el Estado de México, Coahuila, Nayarit ni Veracruz hasta pasados los comicios.
Pero esta promesa no abarcó a sus subsecretarios más cercanos, y a García Bejos en particular. Al atraer la atención mediática hacia él, Miranda dejó al subsecretario un espacio para operar con tranquilidad: sólo en el primer mes y medio de este año visitó la entidad ocho veces.
García Bejos es uno de los priistas mexiquenses cercanos a Enrique Peña Nieto que el titular de la Sedesol colocó en puestos clave del sector central de la dependencia federal.
Hasta abril de 2012 fue director general del grupo Compañía Inversora Corporativa, que ha obtenido contratos por 770 millones de dólares con los gobiernos federal y del Estado de México, de acuerdo con una investigación periodística realizada por Univisión en junio de 2015.
Fue también uno de los tres apoderados legales de Inmobiliaria Virreyes 1130, que le rentó a Peña Nieto la casa que ocupó durante su periodo de transición, en el otoño de 2012. Durante los siguientes tres años estuvo al frente de la mexiquense Secretaría del Trabajo.
Ahora, la subsecretaría a su cargo tiene atribuciones clave en el manejo de los recursos y los programas sociales y asume las relaciones de la Sedesol con los gobiernos estatales.
Muy activo en redes sociales, García Bejos utiliza su cuenta de Twitter para apoyar públicamente a Alfredo del Mazo, el aspirante priista a la gubernatura del Estado de México, así como a Alejandra del Moral, Raymundo Martínez o Carlos Iriarte, integrantes de la nueva dirección del PRI en la entidad.
FAIS en la opacidad
El pasado 20 de enero el funcionario dio posesión a José Luis Cruz Flores Gómez como nuevo delegado de la Sedesol en el Estado de México.
Flores Gómez, exdiputado federal con estudios incompletos de derecho, lleva 32 años en el PRI de Ecatepec, el segundo municipio con mayor población del país. Forma parte del círculo cercano de Eruviel Ávila Villegas, el actual gobernador de la entidad, y fue alcalde interino del mismo municipio en 2006.
En la última década, Flores Gómez asumió varios cargos en Ecatepec, entre ellos director de Gobierno –de 2009 a 2010– y de Seguridad Pública y de Tránsito –el año siguiente–. También fue presidente del Comité Directivo Municipal y subsecretario del Comité Directivo Estatal del PRI.
Las delegaciones de la Sedesol en los estados son los principales enlaces con los Comités de Contraloría, los cuales vigilarán y denunciarán “cualquier irregularidad en el uso de recursos” durante las elecciones.
También determinan, junto con las autoridades estatales y municipales, el uso de los recursos millonarios del FAIS, supuestamente destinados a la construcción de infraestructura social o para el financiamiento de proyectos productivos.
Las entidades pueden destinar hasta una tercera parte del dinero del FAIS en “proyectos especiales” los cuales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no están alineados con los objetivos del fondo (…) no contribuyen a la disminución de los indicadores claves en el combate a la pobreza y el rezago social”.
El gobierno federal ha incrementado los recursos del FAIS de manera constante y en todas las entidades federativas: de 49 mil 999 millones de pesos en 2012 pasó a 67 mil 420 millones de pesos en 2017, lo cual representa un aumento de 36.40% en cinco años.
Este incremento no mejoró la situación: “De 2010 a 2015, de los 2 mil 457 municipios analizados, 44 disminuyeron su rezago social, 914 aumentaron su rezago social y 1499 permanecieron igual”, deploró la ASF en la auditoria 1635-DS, donde enlistó una serie de deficiencias en el FAIS, sobre todo en torno a su opacidad y su uso discrecional.
Así, la ASF subrayó que los municipios reportan el destino de apenas dos de cada 10 pesos que reciben del fondo y que los ocho restantes escapan al monitoreo y la rendición de cuentas; además, la mayoría de estos recursos termina beneficiando a la población que no sufre pobreza extrema.
Según la ASF, apenas 32 municipios del país –1.5%– reportaron la totalidad de los recursos que recibieron del fondo en 2015. El órgano fiscalizador lamentó que la Sedesol no capacite a las entidades federativas y municipales sobre el funcionamiento del fondo.
Al revisar la situación de 15 municipios, donde supuestamente se llevaron a cabo mil 320 obras con recursos del FAIS, la ASF se percató de que faltaba 45% de las actas de entrega-recepción. En otra muestra de cien municipios, sólo tres gastaron la mayor parte de los recursos del FAIS en proyectos que benefician a la población en miseria.
El caso del Estado de México resultó particularmente preocupante: en una muestra de tres municipios mexiquenses, se invirtieron apenas 200 mil pesos en proyectos que benefician a la población en pobreza extrema, mientras 11 millones de pesos del FAIS fueron invertidos en obras que no beneficiaron a esta población. La diferencia fue de 5,498%.
En la entidad que gobernó Enrique Peña Nieto vive el mayor número de personas en situación de pobreza en el país: el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 8 millones 269 mil mexiquenses en situación de pobreza en 2014, de los cuales un millón 206 mil sufrían pobreza extrema.
El estado tiene 558 mil afiliados nominales al programa Prospera –10% del total nacional–, 495 mil recipiendarios del programa Pensión para Adultos Mayores y 595 mil beneficiarios de los comedores comunitarios, según el padrón de beneficios de los programas sociales.