On Feb 22, 2017
“Con el inicio de la
guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón se le asignó a las
fuerzas armadas un papel central en la estrategia de seguridad pública.
Esta política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima
de la vigencia de los derechos humanos, incluso de aquellos que no
pueden ser suspendidos”, ha dado a conocer Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Además ha
destacado que en el sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron
involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que en el primer
mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil
efectivos militares.
“Tal ha sido
la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que
corresponden a la policía que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915
civiles detenidos por militares. En lo que va del sexenio de Peña Nieto
(hasta enero de 2015) se han registrado 12 mil 840 civiles detenidos
por la Sedena.
Por su
parte, se han registrado 6 mil 254 personas civiles detenidas por parte
de la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014; institución que ha
realizado mil 770 operativos conjuntos con otras instituciones
estatales, municipales y federales tan solo del 2012 al 2014”, agrega.
Cabe señalar
que por la experiencia del trabajo de acompañamiento a víctimas de
violaciones de derechos humanos, la CMDPDH ha documentado casos que
involucran a víctimas civiles, en los que se tiene probada la
participación de elementos militares en violaciones graves a derechos
humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición
forzada, cometidas, no sólo a partir del 2006 en el contexto de la
guerra contra el narcotráfico, sino en diferentes contextos de la
historia reciente de México, como lo son la Guerra Sucia y el conflicto
armado en Chiapas (1994-1997).
Los órganos
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir tanto la
Comisión (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(COIDH), han podido constatar que la jurisdicción militar, tal como está
reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
De las
principales violaciones a Derechos Humanos, señaladas por distintas
organizaciones, incluyendo la CMDPDH, se encuentran las ejecuciones
extrajudiciales. De acuerdo a la ONG, en el país, el único registro
sobre homicidios que existe es llevado por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI). Este registro proporciona
información sobre muertes en el país, especificando la muerte por
homicidio o alguna otra causa violenta. No obstante, “no incluye
información sobre las particularidades del crimen, impidiendo conocer si
son casos de violaciones a derechos humanos”.
Según cifras
oficiales, desde la guerra contra el narcotráfico se rompió una
tendencia de casi 20 años en la que la tasa nacional de homicidios había
disminuido sistemáticamente cada año, alcanzando un mínimo histórico de
9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007. En 2011 la tasa de
homicidios se disparó a 24 por cada 100 mil habitantes. Según los
registros del INEGI, entre 2007 y 2011 se reportaron 95 mil 646
homicidios, un promedio de más de 50 personas por día.
De acuerdo
al informe del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, destacó en su
Informe final de su misión a México, que durante la administración de
Felipe Calderón (2006 – 2012) se registraron 102 mil 696 homicidios
dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra
el narcotráfico.
Según Heyns,
debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza
de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen
organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado. Del 2006 al
2014 la CNDH emitió 56 recomendaciones en relación con la privación del
derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas
a la Secretaría de Defensa Nacional y 6 la Secretaría de Marina.
Así pues, 3
de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida, en
ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas. Estas cifras
resultaron alarmantes para el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales,
al poner de manifiesto las violaciones a derechos humanos cometidas por
cuerpos militares.
El uso de la
fuerza indiscriminada por parte del Estado para contrarrestar el uso de
drogas y la proliferación de mercados ilegales ha resultado
particularmente mortífero para las generaciones más jóvenes, se ha
informado.
Actualmente,
uno de cada cuatro muertos de la guerra contra el narcotráfico es
joven. El incremento de la violencia y la inseguridad en el país ha
tenido un impacto particular en las y los jóvenes entre 20 y 29 años de
edad. Durante los últimos años, la tasa de homicidio juvenil se ha
triplicado, pasando de 7.8 jóvenes asesinados por cada 100 mil en 2007 a
25.5 por cada 100 mil en 2011. Es así que desde el año 2008 la
principal causa de muerte entre jóvenes en México es el homicidio,
incluso superior que los accidentes de tránsito, que históricamente
habían sido la principal causa de muerte entre jóvenes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario