By Redacción Revolución
De
acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el
caso de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en
Ensenada, Baja California, se cometieron “detenciones arbitrarias” y
“uso excesivo de la fuerza”, con el empleo de balas de goma y bombas de
humo, además de que hubo personas lesionadas y amenazadas, así como
daños a viviendas, cometidas por elementos de las policías municipal y
estatal.
Por medio de su recomendación 2/2017, la
CNDH da cuenta de las agresiones, golpizas, detenciones arbitrarias y
amenazas en contra de jornaleros y ciudadanos que no participaban en los
bloqueos carreteros y actos en protesta por las pésimas condiciones
laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias.
Tras
la investigación de los hechos ocurridos el 17 de marzo; 9, 18 y 26 de
mayo, y 24 de septiembre, todos de 2015, el organismo acreditó también
que en todos los operativos policiacos no existió una efectiva
supervisión de la actuación de los elementos de seguridad ni se
aplicaron los protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza,
así como de dispositivos no letales.
Además, la
amplia recomendación de 225 cuartillas señala que “en la realidad de
pobreza y marginación que vive la población jornalera del Valle de San
Quintín, existen suficientes evidencias de una falta de coordinación
institucional y una omisión de los gobiernos federal y estatal para
hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de
oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o
colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”.
El
documento acredita que tan sólo el 17 de marzo de ese año fueron
detenidos más de 200 jornaleros, entre los que se encontraban unos 50
menores de edad. Todos ellos habrían bloqueado la carretera
Transpeninsular en protesta por sus condiciones laborales y de seguridad
social, ya que sus contratantes no les pagaban salario digno, horas
extras, ni los turnos dobles o triples que laboraban; no estaban
afilados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni les otorgaban las
prestaciones de ley, además de violar los beneficios por gravidez,
conforme a la ley.
La CNDH reproduce múltiples declaraciones de los detenidos ante el
Ministerio Público, constatada con entrevistas personales, donde se
denuncia las golpizas y amenazas de muerte propinadas por los policías
en el momento de la detención.
A esto se añade que
los agentes del Ministerio Público omitieron realizar la investigación
para determinar el origen de las lesiones presentadas a varios de las
víctimas que resultaron lesionadas, incluyendo varios menores de edad.
“Varios
fueron detenidos por personas civiles armadas con piedras y palos, que
viajaban en camionetas pick up blancas, en su mayoría hombres, quienes
también los golpearon”, señala la recomendación de la CNDH.
“Hasta
el momento no hay evidencia que acredite el inicio de algún
procedimiento administrativo o penal contra servidores públicos
federales, estatales o municipales, respecto de las acciones u omisiones
sobre los hechos de la queja. Respecto de los jornaleros y detenidos,
algunos fueron puestos en libertad; unos más sentenciados y otros
continúan en proceso”.
El documento de la CNDH es
dirigido al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid;
al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo; a los secretarios de
Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; así como al director
del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa.
Este mismo lunes,
el Seguro Social indicó que colaborará con la CNDH. Para ello, los
titulares de la diferentes áreas se encargarán de realizará lo que
corresponda para mejorar las condiciones laborales y de seguridad social
de los jornaleros agrícolas de San Quintín. Asimismo, se reforzará la
capacitación en materia de derechos humanos al personal del instituto en
esa delegación, con apego a las normas nacionales e internacionales.
La
Secretaría de Desarrollo Social también indicó que cumplirá con la
recomendación, para lo cual elaborará un censo sobre la situación de los
jornaleros, impartirá cursos de derechos humanos a su personal y
reforzará la vigilancia de las instancias que aplican el programa de
atención a trabajadores agrícolas.
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