Verificaciones
financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación
detectaron que en 2015 se tejió una oscura y complicada trama que
implicó “simulación de servicios” y la complicidad de varias
universidades locales, gracias a la cual casi dos mil millones de pesos
de la Sedesol –originalmente destinados a diversos programas sociales–
se esfumaron. Una parte de esos recursos reapareció en las cuentas
bancarias de un reducido grupo de empresarios de La Laguna.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
desvió por lo menos mil 787 millones de pesos en 2015, año en que la
dependencia fue encabezada sucesivamente por Rosario Robles Berlanga,
ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), y José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de
Hacienda.
Una revisión de las nueve verificaciones financieras que
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol
sobre la cuenta pública de 2015 muestra que nada más en un “esquema de
simulación de servicios” con tres universidades del Estado de México, la
dependencia desvió 887 millones de pesos.
Parte del dinero
desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en
Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas
recibieron recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la
instalación de baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron
334 millones 55 mil pesos de las dos maniobras –que no tienen nada que
ver una con la otra– y la ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas
y la Sedesol.
Se trata de Matchser, S. A. de C. V., que recibió
74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos; Srevint, S. A. de C. V.,
163 millones 685 mil pesos, y Factores y Servicios Humanos, S. A. de C.
V., que ganó 96 millones 13 mil pesos. De acuerdo con la documentación
de las empresas, consultada por Proceso en el Registro Público de
Comercio, las tres fueron registradas ante el mismo notario, Gustavo
Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el 17 de abril de 2009, y
Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014, respectivamente.
Factores
y Servicios Humanos está controlada por los empresarios laguneros
Javier Ángel González Colsa; su padre, Javier Ángel González Ruiz, y
Alejandro Islas González. Srevint y Matchser tienen como administradora
única a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la primera
con Carlos Luis Alfonso González Ruiz, y de la segunda con María del
Rosario González Jalife.
González Colsa aparece como socio de tres
empresas en Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango. En Coahuila
fue socio del priista Antonio Juan Marcos Villarreal en la empresa
Combustibles Integrales, S. A. de C. V., que ahora está cerrada por
liquidación.
Empresario textilero, dueño del Grupo Denim –asentado
en Gómez Palacio– e hijo de Salomón Juan Marcos Issa –exalcalde de
Torreón–, Juan Marcos Villarreal fungió como secretario de Desarrollo
Regional de La Laguna durante la administración de Humberto Moreira, y
enfrentará en fechas próximas un juicio por su supuesta participación en
operaciones de lavado de dinero por un monto cercano a 441 millones de
pesos.
Impunidad garantizada
Los desvíos de
los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de
su Órgano Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la auditoría
288-DS que “en general, no se promueven sanciones a los servidores
públicos que han infringido la normativa” y que aquella entidad no
supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa
origen de los problemas”.
De las 18 auditorías que el OIC realizó
en 2015 se derivaron 78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938
millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo apenas logró
reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada
10 pesos desviados se desvanecieron.
Y quedaron impunes: “Se
identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones
monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los
servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario
federal”, insistió la ASF.
De acuerdo con la ASF, los programas
sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon al
monitoreo del OIC. Entre ellos: los programas de Pensión para Adultos
Mayores –dotado de 36 mil 707 millones de pesos–, de Comedores
Comunitarios –3 mil 155 millones de pesos– y de Estancias Infantiles –3
mil 641 millones de pesos.
El OIC detectó deficiencias en el
padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no promovió sanción
alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados con
“recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su
programación”, y los tres restantes “continúan en investigación”.
A
lo largo de 2015 los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca
abordaron las nuevas disposiciones establecidas en el Sistema Nacional
Anticorrupción ni propusieron revisar los programas “susceptibles a
posibles actos de corrupción, como es el caso de Prospera”.
Los
propios trabajadores de la Sedesol, en la Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional del ejercicio 2015 –a la que respondieron de manera
anónima–, denunciaron que “en relación con temas de ética y prevención
de la corrupción, se carece de acciones concretas y articuladas por
parte de los mandos directivos”, recordó la ASF.
Desvíos absurdos
El
30 de enero de 2015 la Unidad de Planeación y Relaciones
Internacionales (UPRI) de la Sedesol otorgó tres contratos –por 136
millones 85 mil pesos, 319 millones 121 mil pesos y 156 millones 478 mil
pesos, respectivamente– a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado
de México, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la
Universidad Politécnica de Texcoco, para mejorar la operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Las
universidades, a su vez, transfirieron 97.7% de estos recursos a seis
personas físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o
constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron
otorgados”, precisó la ASF. Esto es ilegal, pues las universidades no
tienen derecho a subcontratar más de 49% de los servicios.
Entre
las beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se encuentran las
empresas laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios Humanos.
A
final de cuentas, los servicios no fueron prestados y el dinero se
esfumó. La ASF sostuvo, en su jerga, que el fraude consistió en “eludir
el procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros,
lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines
ajenos”.
Los contratos obligaban a las universidades a asumir el
pago de los coordinadores técnicos sociales, quienes supervisan las
obras realizadas con recursos del FAIS. Esta tarea no incumbe a la
Sedesol, sino a los estados y municipios, de acuerdo con la ASF. Para
ello la dependencia utilizó los recursos de la partida 44101, destinada a
“gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda
extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios
contratados.
Los auditores realizaron visitas domiciliarias a
cuatro proveedores, quienes “se negaron a proporcionar la información
solicitada”. Se percataron posteriormente de que estas empresas “tienen
actividades diferentes a los servicios solicitados”. Durante la
auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las
universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión.
La
ASF descubrió que, al final de la cadena, los mil 246 coordinadores
técnicos sociales recibieron pagos por un total de 79 millones 410 mil
pesos. En otras palabras, no hay manera de comprobar que los servicios
fueron prestados, y aunque fuera el caso, la Sedesol habría pagado 532
millones 301 pesos en exceso.
El absurdo no termina aquí: en
febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol asumió el pago
a los coordinadores técnicos –tarea que incumbía a las universidades–
por un monto total de 89 millones 959 mil pesos.
Sumando todas las irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37 pesos al contribuyente mexicano.
“Los
rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada
convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios
fueron definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal
dependiente de esa unidad administrativa”, informó la ASF.
En ese
entonces, el titular de esta unidad era el priista Juan Manuel López
Arroyo, quien fue nombrado delegado de la Sedatu en Puebla el pasado 10
de enero.
Oscuros despilfarros
De la
muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las partidas de
“Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras
ayudas”, que la ASF revisó a lo largo del año pasado, fueron desviados
420 millones de pesos. De nuevo, la Sedesol utilizó cinco universidades:
dos del Estado de México, dos de Chiapas y una de Zacatecas.
Las
universidades subcontrataron los servicios que les encargó la Sedesol
por un precio mucho menor. La Universidad Intercultural del Estado de
México pagó 61 millones 222 mil pesos a dos empresas para levantar los
Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y
semiurbanas, 49.3% del monto que le otorgó la Sedesol.
La
Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores por 90
millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720
mil pesos que obtuvo de la Sedesol.
La Universidad Politécnica de
Chiapas recibió dos contratos de 200 millones de pesos cada uno, en los
que la institución se comprometió a supervisar, monitorear y controlar
los comedores comunitarios del Estado… de México.
Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.
Este
caso es peculiar: la Sedesol afirmó ante los auditores que desconocía
las operaciones de la universidad, pese a que cuenta con los convenios
en sus archivos y pagó los 400 millones de pesos a la institución.
La
Universidad Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil pesos para
coordinarse con la Sedesol en la operación de proyectos. Sus entregables
resultaron de pésima calidad: información faltante, documentos con
“tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas
que no corresponden o listas de asistencia sin fechas. Tampoco acreditó
que realizó las 8 mil 400 acciones que se comprometió a efectuar.
De
los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del programa Seguro de
Vida para Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil pesos
erogados sin documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593
millones 780 mil pesos del programa de Opciones Productivas se desviaron
65 millones 904 mil pesos –alrededor de 10%–, sobre todo debido al mal
uso de los recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas.
Zonas prioritarias… para la corrupción
Los
programas que la Sedesol aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria
del país –los municipios en pobreza extrema– generaron desvíos
millonarios por parte de las delegaciones en las entidades federativas.
De
la compra e instalación de techos de lámina, parte del programa “Techos
Fijos” de la Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635
mil pesos –17% del presupuesto del programa–, de acuerdo con la
auditoría 287-DS.
La ASF señaló que ninguna de las delegaciones de
la Sedesol instrumentó “acciones de control y seguimiento” y varias
incurrieron en serias irregularidades. Un ejemplo: en Chiapas hubo 632
inconsistencias –por un costo de 33 millones 264 mil pesos– y un posible
“uso indebido para fines electorales” de los techos en el municipio de
Ocozocoautla de Espinosa.
La Sedesol aseguró que mejoró 110 mil
562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el que quedan
registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017. Aun así, en
el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan
confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF.
En el caso de la
instalación de 15 mil baños ecológicos en distintos municipios del país,
la Sedesol gastó 580 millones de pesos, 240 millones 262 mil de los
cuales fueron desviados. Un consorcio, integrado por las empresas BPG
Ingeniería, S. A. de C. V.; Grupo Daxme, S. A. de C. V., y Muebles y
Mudanzas, S. A. de C. V., le cobró a la Sedesol 38 mil 600 pesos por la
instalación de cada escusado, cerca de tres veces el precio unitario –13
mil 839 pesos– de estos retretes, fabricados por la empresa Rotoplas.
La
ASF descubrió que el consorcio elaboró un esquema fraudulento de
facturación y de “simulación de las operaciones”, con el que desvió 206
millones de pesos hacia 21 empresas y siete personas “ajenas y
desvinculadas a los servicios solicitados por la Sedesol”; entre ellas
las tres mencionadas empresas laguneras.
Total, “de 50 visitas
realizadas para constatar la instalación de los baños ecológicos, se
observó que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas razones,
entre las cuales se encuentran que el agua se regresaba por falta de
declive; los tinacos presentaban filtraciones; por mal olor, etc., por
lo que los beneficiarios los utilizaban como bodegas”, deploró la ASF.
Y
en la instalación de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas
pluviales, en los que la Sedesol pagó 580 millones de pesos, se
desviaron 98 millones 117 mil pesos, en pagos indebidos.
Cruzada fallida
La
ASF no sólo constató e investigó los desvíos de recursos; también
analizó las deficiencias estructurales en el desempeño de los programas
de la Sedesol, las cuales explican el fracaso del gobierno federal en
combatir la pobreza.
Para empezar, el órgano fiscalizador detectó
severas fallas en la integración del Padrón Único de Beneficiarios, lo
cual “repercute en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza
no sean atendidas con eficacia y eficiencia por la persistencia de la
inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que
más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de
transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos
federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”,
sentenció el órgano fiscalizador.
La ASF deploró, por ejemplo, que
en 2015 persistieron “las deficiencias en el diseño” de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH), la estrategia “estrella” de
erradicación del hambre que lanzó y promovió la administración de
Enrique Peña Nieto en los primeros dos años del sexenio.
Estas
fallas “limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás
derechos sociales a la población que se encontró en pobreza extrema
alimentaria, así como la erradicación de dicha condición”, sostuvo el
órgano fiscalizador.
En consecuencia, la CNCH sólo atendió a 60%
de la población que padece hambre y dejó fuera a 2 millones 467
mexicanos. “La información reportada por la Sedesol en la Cuenta Pública
de 2015 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos
de la CNCH”, deploró la ASF.
Desde el desplazamiento de Robles a
la Sedatu, en septiembre de 2015, la Cruzada desapareció del aparato de
propaganda gubernamental: Luis Miranda Navas, el actual titular de la
Sedesol, nunca la menciona en sus escasas apariciones públicas, y la
noticia más reciente del portal sinhambre.gob.mx tiene fecha del pasado
10 de noviembre.
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