Pedro Miguel
El régimen político
mexicano tiene una probada y documentada capacidad para distorsionar la
voluntad popular expresada en las elecciones. El escandaloso fraude
a la antigüitaperpetrado en 1988, la manipulación digital de los sufragios efectuada en 2006 y la compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto en 2012 son los ejemplos más relevantes y catastróficos para el país, pero no los únicos, de los métodos ilegítimos por los cuales el proyecto oligárquico neoliberal ha mantenido el poder presidencial durante más de un cuarto de siglo, complementados con guerras mediáticas contra la oposición, cooptación de disidencias, campañas de terror y hasta coerción armada a votantes en diversas regiones.
Pero estos mecanismos adulteradores no son eternos; están sujetos al
desgaste propio del ejercicio del poder y especialmente a la erosión de
la credibilidad que causan las acciones del gobierno y de una alianza
electoral estratégica (aunque sus integrantes operen como adversarios
tácticos en algunos comicios locales) que descansa en un pacto simple:
mantener el modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad. A cada
nueva elección, y conforme avanza en la destrucción del país, la
oligarquía neoliberal encuentra dificultades multiplicadas para
mantenerse en el control de las instituciones, se reduce su margen de
maniobra para desvirtuar el verdicto ciudadano y se le incrementan los
saldos negativos de los comicios, tanto en derrotas como en fracturas
cada vez más arduas de resanar.
En estas circunstancias es claro que mientras mayor sea el caudal de
votos de un frente opositor ajeno al pacto mencionado menor será la
capacidad del régimen para perpetuarse mediante un fraude. De allí la
importancia de sumar la mayor cantidad posible de fuerzas, movimientos,
organizaciones y personas a una propuesta de cambio de régimen, no sólo
para revertir los intentos de adulterar la voluntad popular sino también
para obtener un mandato con amplia legitimidad y respaldo que haga
posible desarticular las espesas redes de complicidad y encubrimiento
sobre las que descansa el control institucional del grupo en el poder.
Pero las razones por las cuales es necesario conjuntar un amplio
espectro opositor en torno a Morena de cara al proceso electoral de 2018
van más allá de lo electoral: hasta noviembre del año pasado podía
pensarse en la perspectiva de un frente popular que retomara el conjunto
de las exigencias y reivindicaciones de los sectores marginados y
depauperados por el modelo neoliberal y gobernar para todos desde una
plataforma con un claro sentido social y popular. La llegada de Trump a
la Casa Blanca y la manifiesta ofensiva contra México en la que está
empeñado el nuevo gobierno de Estados Unidos obliga a repensar esa
perspectiva y a cohesionar al país a fin de hacer frente a lo que se
viene, lo que implica, a su vez, transitar de la idea de un frente
popular a un frente amplio en el que tengan cabida sectores que hasta
hace poco simpatizaban con (o formaban parte del) régimen neoliberal.
Sólo de esa manera es posible auspiciar la necesaria unidad nacional que
el actual gobierno está manifiestamente incapacitado para impulsar.
Es necesario, en suma, realinear a las fuerzas políticas,
sociales y económicas del país en torno a un programa de gobierno
diametralmente opuesto del que enarbolan quienes hoy en día hablan a
nombre del Estado mexicano.
Ciertamente, ello obliga a los sectores populares a llevar el debate
ideológico al interior de ese frente en formación y a establecer
acuerdos con actores individuales y colectivos que hasta ahora les han
sido adversos. Ello no significa diluir el objetivo de la regeneración
nacional y mucho menos renunciar a él; se trata, en cambio, de darle
viabilidad electoral y, posteriormente, institucional.
No son pocos los militantes de Morena que experimentan una marcada
incomodidad ante el caudal de adhesiones que empieza a registrar el
partido desde ámbitos políticos y empresariales que hasta ahora han sido
vistos como adversarios. Muchas de esas adhesiones se perciben como
acto de mero oportunismo y camaleonismo político y en algunos casos tal
percepción es reflejo fiel de la realidad. Toca a esos militantes
preservar los principios mediante la lucha
de
ideas, echar mano de los mecanismos internos de fiscalización para
impedir el contagio de prácticas políticas impresentables y tener claro
que esta vez la unidad en torno a un proyecto político propio y opuesto
al de las presidencias neoliberales.
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