2/19/2017

Usaron 3 empresas inexistentes para estafar casi 500 mdp a Sedesol, concluye la Auditoría

Las iregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2015 en Sedesol comprenden: pagos realizados a empresas con el mismo domicilio, duplicidad de beneficiarios en los padrones, entrega de los bienes a personas fallecidas, entre otras.
Sedesol
La licitación para los sistemas de recolección y almacenamiento de agua pluvial generó la malversación de 98 millones 117 mil 400 pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Cuartoscuro

La Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) malversó más de 499 millones de pesos, que estaban destinados a la instalación de baños ecológicos, sistemas para la recolección y almacenamiento de agua pluvial e instalación de techos de lámina en el país, de acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Estas obras estaban previstas como parte del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, que atiende infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios básicos en municipios de “alta” y “muy alta” marginación.
Las irregularidades comprenden pagos en exceso, duplicidad de beneficiarios en los padrones de Sedesol, pagos realizados a empresas con el mismo domicilio, entrega de los bienes a personas fallecidas, entre otras.
A continuación, Animal Político te presenta las observaciones más relevantes de estas tres auditorías.

Sedesol y los baños ecológicos: duplicidad y pagos excesivos

Para la instalación de 15 mil baños ecológicos, la Sedesol contrató al consorcio conformado por las empresas BPG Ingeniería, Grupo Daxme, y Muebles y Mudanzas, para realizar el suministro, distribución e instalación de los baños en viviendas de zonas rurales. Esto generó una malversación de 240 millones 262 mil pesos.
En una visita domiciliaria a la empresa Grupo Daxme, la Aditoría Superior de la Federación constató que ésta adquirió los baños ecológicos con la empresa Rotoplas con un costo de 14 mil 300 pesos por unidad, aunque a la Sedesol le vendieron cada baño en 74 mil 800 pesos, es decir, un sobreprecio de más de 60 mil pesos más por unidad.
Además, este consorcio empresarial realizó diversas transferencias de recursos a otras 21 compañías y siete personas físicas, ajenas a los servicios solicitados por la Sedesol, entre las que se encuentran Matchser, Factores y Servicios Humanos y Srevint.
Estas tres últimas empresas, que recibieron transferencias por 334 millones 55 mil pesos, son también investigadas en otra auditoría —la 1639-DS, practicada por Sedesol— como proveedores de las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, por lo que “se presume un vínculo entre estas empresas y la Secretaría de Desarrollo Social”.
Además, se encontraron 77 entregas duplicadas de baños en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz, que suman una pérdida de 2 millones 977 mil 300 pesos.

Sistemas de Agua Pluvial, inconsistencias y pagos indebidos

La licitación para los sistemas de recolección y almacenamiento de agua pluvial fue ganada por las mismas empresas implicadas en la compra irregular de los baños ecológicos y generó la malversación de 98 millones 117 mil 400 pesos.
En 2015, la Sedesol realizó un estudio de mercado, para definir el precio promedio de 21 mil 292 sistemas para la recolección y almacenamiento de agua pluvial, a partir del cual se determinó un costo de 53 mil 900 pesos por unidad. Según la ASF, ese estudio de mercado fue manipulado para inflar los precios.
De acuerdo con la investigación de la Auditoría, la Secretaría de Desarrollo Social invitó a personas físicas y morales sin capacidad, experiencia y especialidad en la materia, además de que los costos reportados por cada participante no fueron congruentes a las condiciones del mercado, “lo que permite suponer que los precios establecidos en esta etapa fueron manipulados para incrementarse”.
Además, la Auditoría documenta que las empresas contratadas por Sedesol, a su vez, subcontrataron a una persona física y a tres empresas que presentaban el mismo domicilio fiscal (en el cual no se localizó ninguna de ellas). La persona física es Karina Rosalba Chacón López, y las empresas son MUSC Construcciones, Construproyecto Vivienda y Comercializadora Rojmoc.
Karina Chacón y las tres empresas con el mismo domicilio recibieron una cantidad de 75 millones 831 mil pesos.
Los convenios que Grupo Daxme estableció con las tres empresas a las que subcontrató contienen el mismo objeto y, en conjunto con Karina Chacón, realizaron los mismos trabajos que dijo haber prestado la firma BPG Ingeniería.
De los sistemas de recolección y almacenamiento de agua pluvial instalados, ocho fueron otorgados dos veces y en 42 casos se detectaron inconsistencias, lo que generó un daño por dos millones dos mil pesos.
Esta auditoría concluyó que Sedesol “realizó pagos indebidos por un total de 95 millones 807 mil 500 pesos a los proveedores contratados”, que se limitaron a ser intermediarios entre Sedesol y el proveedor final, que nuevamente fue la empresa Rotoplas.

Láminas perdidas y falta de documentación

En la auditoria realizada al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se investiga el destino de 160 millones 635 mil pesos, que debían usarse para entregar 105 mil paquetes de láminas para techos fijos, que serían colocados en zonas marginadas del país.
La Sedesol pagó a la empresa Mexalit Industrial un monto de 992 millones de pesos.
En esta auditoría, se determinó que existieron irregularidades como el reporte de 110 mil 562 viviendas beneficiadas de techos fijos, sin que se encuentren acreditadas en el Padrón de Beneficiarios que la Sedesol entregó, con sólo 80 mil 369 registros; además, 23 estados entregaron el padrón de beneficiarios incompleto.
La Auditoría Superior de la Federación encontró que Sedesol incurrió en irregularidades principalmente en la aplicación o destino de los paquetes de láminas, así como en la comprobación de los trabajos de instalación en Chiapas, Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Michoacán.
El desvío de recursos públicos destinados a programas sociales “atenta contra los derechos humanos”, concluye la Auditoría y agrega que “los montos desviados pudieron privilegiar (…) la adquisición de tecnología forense para favorecer áreas de investigación y procuración de justicia, que hoy día, la sociedad padece agravios significantes derivados de la carencia de esta infraestructura básica en zonas marginadas”.

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