Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad
civil exigieron por medio de una carta al presidente Andrés Manuel López
Obrador que explique cómo las medidas de austeridad por COVID-19 que
decretó el pasado 23 de abril impactarán los recursos presupuestados
para atender las violencias contra las mujeres durante y después de la
contingencia sanitaria.
A pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) reportó que durante el mes de marzo el número
telefónico 911 registró un incremento del 22.31 por ciento de llamadas
de emergencia de mujeres con respecto a febrero, el presidente de
México emitió un decreto el pasado 23 de abril en el que no queda
establecida ninguna información con respecto al presupuesto para la
prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
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Por esto, 12 organizaciones civiles (entre ellas Amnistía
Internacional y Equis Justicia para las Mujeres) presentaron una carta a
en conferencia de prensa este 6 de mayo, la cual será enviada al
mandatario federal y presentada en reuniones posteriores con el
Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Si bien no hay claridad sobre cómo la austeridad afectará a programas
específicos dirigidos a las mujeres, las organizaciones informaron
sobre algunas afectaciones que ya se están viendo sobre programas
presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2020) y
en la atención que ellas brindan directamente a víctimas de violencia.
Por ejemplo, como se establece en la carta al presidente, el pasado 3
de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó
que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF2020 para
las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no
hay condiciones para los proyectos y para proteger a las
beneficiarias”.
Asimismo, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, A.C., los 69
espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se
encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad, pero aún no
reciben los recursos extraordinarios que se prometieron para que hagan
frente a la contingencia sanitaria, como lo son las Casas de Emergencia,
mitigar la propagación del coronavirus dentro de estos espacios, así
como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su
proceso no cuentan con opciones de vivienda.
Por su parte, Equis Justicia para las Mujeres recordó que a esto se
suma que, con base en un estudio elaborado y dado a conocer previos al
decreto, ya se observaba que entre 70 y 80 por ciento de los poderes
judiciales no garantizaban los servicios adecuados durante la pandemia
para dar a seguimiento a la violencia contra las mujeres y el
cumplimiento y las órdenes de protección, y muchos otras poderes
judiciales estatales no están brindando información sobre las órdenes de
protección que efectivamente se están llevando a cabo.
Exigen claridad en el decreto
Frente a este panorama, las organizaciones pidieron al presidente
detallar si el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril
(sobre protección de los Derechos Humanos), incluye programas
orientados a la prevención y atención de las violencias contra las
mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su
operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado
que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Las organizaciones solicitaron que, en caso de que no sea así, se les
informe cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
durante esta pandemia. También pidieron a López Obrador claridad y
transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se
van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra
las mujeres durante y después de la contingencia.
“No tenemos la información suficiente para saber si las mujeres van a
estar protegidas adecuadamente y van a estar cuidadas por el Estado (…)
la carta es porque tenemos dudas, no entendemos y no queremos
interpretar el decreto de manera errónea, queremos que la autoridad
competente nos dé explicación al decreto (…) no queremos interpretar que
hay una brecha entre el reconocimiento que hace la Secretaría de
Gobernación de que la violencia ha aumentado y después no haya dinero
para atender la violencia machista contra las mujeres”, explicó en la
conferencia, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional México.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy
Figueroa, dijo que desde la experiencia de la sociedad civil se sabe
que hay varias instituciones que no están dando la atención al cien por
ciento. “Cuando (las dependencias) nos refieren los casos, nos refieren
que no tienen recurso, que están tramitando para la gasolina, para poder
hacer alguna cuestión incluso de compra de medicamentos. Esto habla de
la carencia o la falta de interés que están teniendo los gobiernos
estatales y municipales para suministrar estas atenciones, detalló.
Entre las instituciones que están direccionando a las víctimas de
violencia están los Centros de Justicia, el DIF y otras dependencias;
sin embargo, tras el decreto presidencial, la RNF determinó que ya no
aceptarán ningún caso si no hay una carta de corresponsabilidad en la
que se asuma un compromiso por parte del gobierno.
Las organizaciones civiles también solicitaron en su misiva que las
medidas señaladas como programas prioritarios, en la fracción V del
decreto de austeridad, sean gestionadas con la perspectiva de género
debida, es decir, que incluyan en su ejecución una visión de las
afectaciones diferenciadas a las que hacen frente las mujeres durante la
contingencia sanitaria.
Pese a los datos y a que la misma secretaria de gobernación, Olga
Sánchez Cordero, informó sobre el aumento de la violencia contra las
mujeres durante durante los primeros meses de la contingencia sanitaria,
en la conferencia de prensa matutina de este 30 de abril, el presidente
Andrés Manuel López Obrador negó que en México hubiera tal aumento
porque tiene los núcleos familiares “más fraternos”.
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