CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. Bajo el efecto de las medidas de
contención para enfrentar la pandemia del COVID-19, hay un subregistro
de las violencias que sufren niñas y adolescentes en México y en
Centroamérica. Esta fue una de las conclusiones de expertas que
participaron en un Webinar de „Tejiendo Redes de Infancia“.
En el diagnóstico que hicieron Ana Graciela Cabrera, Coordinadora del
Área de Mujeres, Paz, Seguridad, Justicia y Asistencia Humanitaria de
ONUMujeres en Guatemala, María Salguero, Geofísica y creadora del Mapa
Nacional de Feminicidios en México, y la defensora de 18 años, Melissa,
de El Salvador, constataron que los Estados no dan seguimiento a las
medidas que se anuncian al nivel gubernamental para contrarrestar la
violencia en tiempos de la pandemia.
Cabrera reportó que en Guatemala existen medidas de prevención y
confinamiento, se pararon las escuelas, y se estableció un toque de
queda, de las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana. “Lo
primero que hemos visto es una baja del 65 por ciento de denuncias de
violencias contra mujeres a través del Ministerio Público“, narró. Las
mujeres no pueden reportar por varias razones: Uno, porque ya no tienen
autonomía económica, muchas mujeres trabajando en el sector informal
perdieron su empleo.
La segunda razón es que “el poco dinero que tienen no lo invierten en
tiempo de aire o telefonía”. La tercera, que el confinamiento las aleja
de sus redes sociales normales, como las familias u organizaciones. Y
la cuarta razón es la restricción de movilidad de ciertas horas: “Para
mujeres que viven en aldeas lejanas, no les permite ir y volver el mismo
día”, dijo la experta. También la suspensión del transporte público
dificultaría el traslado en casos de emergencia.
Contrario a las cifras de denuncias reportadas por los Ministerios
Públicos, ONU Mujeres en Guatemala registró un incremento en llamadas:
si antes de la pandemia fueron 55 denuncias diarias, dos de ellas sobre
violencia sexual, sobre todo violación, ahora son 125 denuncias diarias,
y de tres a cinco de ellas, violaciones.
“El Estado mexicano nos debe estadísticas de calidad“, exigió María
Salguero, la creadora del mapa de feminicidios en el país. Un ejemplo de
datos contradictorios sería que la Secretaría de Gobernación habló de
un incremento de 100 por ciento de violencia contra mujeres. En cambio,
el gobierno de la Ciudad de México habló de un subregistro. Salguero
mencionó varios casos de feminicidio de adolescentes, o feminicidio
infantil que ocurrieron durante el confinamiento.
El confinamiento agrava la situación de violencia familiar
En la mayoría de los casos, el supuesto perpetrador venía de la
familia de la víctima, por ejemplo, el padrastro. “Tengo a 21 niñas y
adolescentes asesinadas, entre el 16 de marzo al 20 de abril. En el caso
de violencia sexual la vemos principalmente de parte de padrastros. O
padres que asesinan a golpes a sus hijas. Por el confinamiento también,
porque hay situaciones de estrés”, opinó.
Melissa, de El Salvador, narró que la Corte Nacional de Justicia del
país habilitó un número de emergencia para mujeres que vivían violencia
sexual, el 24 de abril, y que tan sólo en los primeros cinco días se
recibieron 129 llamadas. Lamentó que con el inicio de las medidas de
contención, se hayan detenido los procesos de justicia. “Sólo dan
asesoría de cómo hacer una denuncia, si yo tuviera un problema en mi
hogar, no me ayudan y no me sacan del lugar donde estoy”, dijo.
También se mostró preocupada por un aumento de la violencia sexual
hacia niñas y adolescentes, y la falta de acceso a planificación
familiar. “Muchas niñas violadas, están abandonadas”, constató. “Se han
detenido todos los sistemas de planificación familiar, de la
distribución de anticonceptivos, es una cifra muy preocupante. Hay una
falta de educación sexual integral en El Salvador. En 2017, tuvimos 20
mil niñas y adolescentes embarazadas, ¡el sistema de educación les está
fallando a las niñas y adolescentes!”
Ante las ponencias, una persona de la audiencia comentó que sería
necesario definir los servicios “esenciales”, que siguen trabajando bajo
las condiciones de la pandemia, y que la definición debería de incluir a
los servicios que atienden a la población infantil, tanto en acceso a
la salud reproductiva, la justicia, y la seguridad como a la salud
mental, por ejemplo. Se mencionó que también la cifra de suicidios
aumentó en El Salvador durante el confinamiento.
Juan Martín Pérez García, de Redim, recordó que según las
proyecciones de científicas y científicos, el encierro que se vive ahora
“será recurrente, restringido a regiones o ciudades. Eso significa
pensar en albergues para mujeres y niñas”. Otras de las buenas prácticas
que las panelistas observaron en otros países del mundo, eran cadenas
de hoteles habilitadas para personas en situación de crisis, la campaña
“Mascarilla-19” en España, donde las mujeres pueden pedir ayuda en
farmacias, líneas de ayuda donde niñas o adolescentes pueden contactar a
las autoridades vía WhatsApp, o, en Guatemala, el número 1562, que nos
es gratuito, pero recoge prueba en tiempo real con un sistema
georeferenciado, para ayudar a mujeres y niñas en situación de riesgo.
Ana Graciela Cabrera recordó además que en el caso guatemalteco,
sería muy difícil investigar la cantidad de denuncias que llega al
sistema de justicia, y que de acuerdo con las recomendaciones de la
CEDAW, también se pueden aplicar mecanismos ancestrales en los pueblos
originarios, para garantizar los derechos de la niñez y de las mujeres.
En tanto, Melissa, desde El Salvador, consideró necesario monitorear los
sistemas de protección en el país. “Muchos países no están trabajando
en poder realizarlo”, dijo. “Hay que presionar al Estado, para que
asigne los presupuestos”.
20/SG/LGL
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