Activistas y representantes
de los trabajadores de empresas maquiladoras ubicadas en Baja
California, protestaron ayer en contra del gobierno de la entidad por
permitir la reapertura de plantas industriales mediante una
reclasificación de sus actividades como presuntamente esenciales. En un
manifiesto dado a conocer por distintas organizaciones, denunciaron como
criminal la decisión del gobernador, Jaime Bonilla, cuya administración
sostuvo que
los trabajadores están más segurosdentro de las empresas, y, asimismo, denunciaron que los dueños de las fábricas anteponen sus ganancias a las vidas de los empleados.
Tijuana, ciudad fronteriza donde laboran 232 mil de las 332 mil 533
personas adscritas a la industria manufacturera de Baja California, se
ha vuelto un caso tristemente emblemático, debido a que la ciudad
acapara 153 de las 223 muertes producidas por la enfermedad Covid-19
hasta el pasado 30 de abril en la entidad, lo cual la convierte en la
zona más afectada dentro del estado que ocupa el segundo lugar en número
de muertes y el tercero en contagios a escala nacional. En Ciudad
Juárez, otro de los grandes centros manufactureros del norte del de la
República, los trabajadores denuncian que al menos 25 personas que
laboraban en las maquilas han muerto a causa del coronavirus.
Desde inicios del mes pasado, los trabajadores han denunciado la
negativa de decenas de empresas a cumplir con las medidas dispuestas por
las autoridades federales para frenar la propagación de la pandemia,
así como la inacción o incluso la connivencia de autoridades de
distintos niveles al permitir que las plantas continúen abiertas. Entre
las prácticas registradas en compañías de Tijuana, Ciudad Juárez,
Matamoros y otras ciudades del norte del país, se encuentra el obligar a
los obreros a ejercer sus labores en condiciones que violan cualquier
protocolo de prevención: desde la ausencia flagrante de la sana
distancia necesaria para reducir el riesgo de contagio, hasta la
negativa a permitir el lavado de manos o a proporcionar insumos de
protección personal. También se ha señalado que algunas plantas se
niegan a cerrar, incluso cuando existen casos comprobados de contagio
entre sus trabajadores que han producido muertes entre los mismos, pese a
que semanas antes habían alertado a los patrones sobre los riesgos, e
incluso se ha despedido al personal que se atreve a denunciar la
situación.
En suma, ante la crisis sanitaria que enfrenta la nación, algunas de
las empresas maquiladoras han hecho gala de una irresponsabilidad
temeraria y una notoria falta de consideración por el bienestar de sus
trabajadores, muchos de los cuales ya enfrentaban condiciones adversas
antes de la pandemia: como es sabido, la industria maquiladora es un
modelo de negocio basado en atraer procesos de manufactura con el
perverso incentivo de una reducción de costos lograda a expensas de la
precarización laboral, las altas tasas de explotación y los bajos
salarios.
Cabe esperar que las autoridades de todos los niveles dejen atrás
cualquier actitud omisa y, en cambio, cumplan con su deber de proteger
las vidas de los centenares de miles de empleados que se encuentran
expuestos al contagio en estas plantas. Asimismo, las autoridades en
materia laboral deben impedir represalias por parte de los patrones
contra quienes han exigido el respeto a su derecho a la vida y la salud.
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