Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- La viuda de Juan Carlos Escobedo, Laura Sifuentes Ávila, pensaba trabajar mañana haciendo tortillas de harina, para comprar útiles escolares, pues el lunes 22 es el regreso a clases de sus hijos, pero no podrá hacerlo. Debe cuidar a María de Jesús Estrada –viuda de Julio César Sifuentes Vázquez–, que este miércoles dará a luz un hijo que nacerá huérfano… otro huérfano del carbón.
El pasado 3 de mayo, en el Pozo 3 de Beneficiarios Internacionales del Norte (Binsa), el hermano de Laura, Juan Alberto, y su primo, Julio César, murieron al lado de su marido, Juan Carlos, en el accidente que cobró la vida de 14 mineros y dejó a un adolescente mutilado.
Las esperanzas de Laura y de María de Jesús estaban puestas en que hoy, luego de la visita del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, se terminara definiendo la situación de sus indemnizaciones y pensiones, pero eso no sucedió.
En entrevista con Apro, la joven viuda lamenta: “Quedamos igual, quedamos igual. Aquí no varía nada y ese señor Lozano nada más vino a decirnos lo que ya nos han dicho (en la STPS), que no tenemos derecho a indemnización”.
Y es que después de las promesas hechas por Javier Lozano durante los días que sucedieron al siniestro, poco o nada se ha cumplido y los deudos de los mineros se topan con una maraña jurídica y de intereses políticos que los tienen literalmente en la calle.
Víctimas del huracán Alex, que el año pasado dejó sus viviendas cuarteadas o de plano las desapareció, ante la muerte de sus esposos no lograron hacer válida una solicitud al Infonavit para que les dotara de casa. El argumento: la petición la debe firmar el trabajador, y cómo está muerto…
Por eso, la viuda Viviana Morín, con su niño de seis meses en brazos –otro huérfano del carbón— le espetó con amarga ironía a Lozano Alarcón:
“Pues entonces le exijo que saque a mi esposo de la tumba, lo haga que firme y lo regrese a la tumba, pero usted correrá con los gastos, porque como no nos quieren pagar la indemnización, no tengo con qué”.
Ante el cúmulo de reclamos, Lozano escuchaba con parsimonia y respondía con su habitual tono de autoridad, que ya no espanta a las viudas, como en los primeros días, enfrascadas en reclamar que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) actúe en contra de sus intereses.
De acuerdo con Laura Sifuentes, un enviado de Lozano Alarcón, empleado de la Profedet, de apellido Ornelas, se ha hecho cargo de proteger los intereses de Binsa, intentando obligarlas a desistirse de sus demandas en diferentes materias jurídicas, a fin de que el caso quede cerrado.
El argumento de Ornelas –quien estuvo presente hoy en el encuentro con Javier Lozano, pero en su afán por no quedar expuesto interrumpía las intervenciones de las viudas– se basa en que a las mujeres se les asignaron pensiones, razón por la que no pueden demandar indemnización.
Sin embargo, las viudas se han negado a cobrar hasta que no quede resuelta la indemnización que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, les corresponde. De hacerlo, se enfrentarían de nuevo a la impunidad, pues como sucedió en Pasta de Conchos, la firma que exige Ornelas implicaría un perdón legal que obstruiría la acción en materia penal.
Cuando denunciaba lo anterior ante el secretario del Trabajo, describiendo la forma en que las presionó y las hizo acudir a cobrar lo que ellas no querían recibir, el burócrata intervino:
–Lo que pasa, señor, es que ellas me pidieron que fuera por lo de la inseguridad. Como iban a recibir dinero, tenían miedo de que algo les pasara, por eso accedimos a ir –alegó.
Ahí mismo lo desmintieron, pero Lozano ordenaba que se actuara con cordura.
Este martes las viudas consiguieron dos acuerdos: el primero, que la STPS aumentará la atención; el segundo, un fideicomiso anunciado por el gobernador Jorge Torres López para que las becas de sus hijos se mantengan cuando acabe su gestión en diciembre próximo.
Laura explica su posición:
“Si nosotras firmamos es como darles el perdón legal. Yo no quiero nada entonces. Primero que los juzguen, los metan a la cárcel, paguen indemnizaciones y se fijen las pensiones, no al revés, como quiere el subprocurador (de Profedet) Ornelas”.
Para que ellas otorguen el perdón, advierte, tiene que haber un reconocimiento de que se actuó mal, de que ahí murieron por negligencia, pero eso no ha ocurrido. Lo explica:
“Cuando uno acepta una culpa, lo hace pensando en que no volverá a hacer lo que hizo mal, pero ahí tiene lo que pasó el 4 de agosto, el pocito de atrás del Tecnológico”.
La mujer se refiere a la muerte de otro trabajador, fallecido en un pozo carbonero de la villa minera de Agujita, en el mismo municipio de Sabinas donde ocurrió el siniestro de Binsa, y que en este reciente caso se trataba de otro pocito carbonero propiedad de Alfonso González Garza, dueño del fundo minero donde operaba Binsa, la empresa responsable del siniestro de mayo, cuyo hijo, Melchor González Vélez, es el dueño.
Esta vez la dimensión del accidente no atrajo los reflectores mediáticos, y los pocos reporteros que se aproximaron a la zona fueron repelidos por la policía municipal.
La revista Proceso, en su edición 1805, publicó que el alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor Garza, es hijo de Jesús María Montemayor Seguy –hermano de Rogelio, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, quien a su vez es socio de los hermanos Luis y Alfonso González Garza, en negocios del carbón.
Así, fue la policía bajo las órdenes de Montemayor Garza la que evitó la cobertura del accidente en que murió otro trabajador, en un fundo minero propiedad de los socios de su padre.
Como sea, en el nudo de complicidades, los deudos de los mineros se debaten hoy entre la exigencia de justicia y las apremiantes necesidades.
“Ya no tenemos nada, no tenemos dinero. Iba a trabajar haciendo tortillas de harina, pero no puedo ir porque mañana cuidaré a mi prima María de Jesús, viuda de otro minero que murió en Binsa. Hay que cuidarla nosotros porque su esposo también murió en el pocito y no tiene a nadie más. Ya que salga de la cirugía (parto), pues a ver cómo resolvemos”, concluye Laura Sifuentes.
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