Silvia Gómez Tagle
El término “corrupción” se aplica generalmente al ámbito de lo social; sus sinónimos se refieren en general a procesos de transformación de la materia orgánica como putrefacción, descomposición, fermentación e infección, es decir, alteraciones que pueden convertirse, pero no necesariamente, en “algo malo”, por ejemplo: la fermentación se usa en muchos casos para la fabricación de alimentos y sobre todo de bebidas altamente apreciadas. Esta fermentación que se ha dado en la política mexicana ¿podría acabar dando algunos frutos positivos?
Varios casos ejemplares de corrupción, “en el mal sentido”, motivan la reflexión. ¿Qué ha pasado en México en los últimos 11 años? ¿Por qué este proceso de descomposición en la política mexicana, que siempre estuvo presente, ahora se ve agigantado?, justamente cuando parecían haberse alcanzado algunas de las metas que se habían trazado quienes, por muchos años, lucharon por la democracia, la alternancia pacífica en el poder político por la vía electoral.
Casos de soborno que involucraron al entonces director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) hace más de cinco años, sin embargo esta dependencia guardó la averiguación previa, al estimar que en aquel momento “no había datos suficientes”. Actualmente dos de los implicados en el daño patrimonial a la paraestatal por millones de dólares se encuentran prófugos, lo cual no es extraño dado el tiempo que tardaron las autoridades en actuar.
Otro caso espectacular involucra a 18 jueces de Sinaloa, 20 funcionarios de la CFE y 20 peritos asesores; también ha ocasionado pérdidas a esta empresa por aproximadamente mil 230 millones de pesos por pagos de servidumbre de paso, realizados a los propietarios de terrenos por donde atraviesan los cables y las torres para la transmisión de energía eléctrica. Esto debido a la complicidad de abogados de la CFE, empleados y jueces del fuero común que aprobaron pagos indebidos por concepto de indemnizaciones, entre 2008 y 2010.
De acuerdo con información federal, éste podría ser uno de los casos más importantes de corrupción en un Poder Judicial; sin embargo, a la fecha la Contraloría Federal solamente ha sancionado a ocho funcionarios de la CFE, cinco de ellos con inhabilitación por 10 años y sanciones económicas que suman 475 millones de pesos. En este caso también era conocido por el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y por la CFE, pero al parecer ni unos ni otros lograron hacer nada en tres años, porque las sanciones que ahora se imponen a algunos de los responsables son todavía menores respecto al tamaño de los hechos. Cabe la duda sobre las sanciones que se ejerzan sobre los integrantes del Poder Judicial.
Y qué decir del casino Royale, donde el incendio sufrido el 25 de agosto obligó a sacar a la luz irregularidades en la operación de los centros de apuestas, pero finalmente la SIEDO ha concluido que el incumplimiento en las medidas de seguridad no fue determinante de la muerte de 52 personas.
Otro asunto espectacular ha sido el endeudamiento del estado de Coahuila en el periodo de gobierno de Humberto Moreira, donde los créditos se elevaron de 184 millones a 35 mil 457 millones. Por lo cual los coahuilenses deberán pagar impuestos más altos y tendrán nuevos derechos que se cobrarán a partir del 2012. Además también es fundamental preguntar ¿adónde fueron a dar esos enormes recursos? Pero como ese estado es gobernado no sólo por el mismo partido, sino por el hermano del ex gobernador, sin mayores argumentos ni legales ni políticos, la Auditoría Superior del Estado reservó por ocho años la información de la cuenta pública de 2010. La renuncia a la dirección del PRI es una sanción simbólica que no corresponde a la magnitud del daño patrimonial causado a su estado. Sus compañeros de partido no han dejado de señalar que en el PAN también se han vivido escándalos de corrupción, como en Nuevo León.
Pero el verdadero problema en el caso Moreira, como en los casos de la CFE y del casino Royale es la impunidad, ya que no se han podido establecer responsabilidades ni por la falsificación de documentos, o la interpretación omisa de la ley y mucho menos por el uso de los recursos.
Finalmente podemos concluir que la democratización ha permitido mayor transparencia, porque quizás hechos similares hubieran permanecido ocultos cuando había un solo partido en todos los niveles de gobierno, pero la corrupción sigue presente y prevalece la impunidad. No se ha logrado un procedimiento para exigir rendición de cuentas y menos para sancionar a los responsables. El poder político sigue siendo utilizado para un manejo irresponsable y oscuro de los recursos públicos en beneficio de empresarios y funcionarios en turno. Ahora la gran diferencia es que los funcionarios públicos involucrados pertenecen a varios partidos, lo que les permite al PRI y al PAN intercambiar acusaciones y politizar este tipo de asuntos, muchas veces con fines electorales.
sgomez@colmex.mx
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
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