Primera parte del texto publicado en Proceso No. 1831.
Sergio Hidalgo Monroy Portilla. Fuente: http://revista.impacto.mx/
Designado por el presidente Felipe Calderón como el tercer director del ISSSTE en lo que va del sexenio, Sergio Hidalgo Monroy Portilla, llega al instituto que atiende a poco más de 12 millones de derechohabientes con varios expedientes de opacidad y manejos irregulares de recursos públicos, de las subastas de los bienes decomisados al narcotráfico, así como en el manejo de empresas en liquidación como la Compañía de Luz y Fuerza, tras su paso como director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Al asumir la dirección general del ISSSTE, Monroy Portilla prometió que durante su gestión “no habrá media transparencia. Lo que van a encontrar conmigo es abrir todas las cuentas del ISSSTE, enseñar la forma de administrar los recursos que nos encomiendan”.
“El encargo que me hace el presidente no se relaciona con cuestiones políticas sino a concentrar el trabajo a profesionalizar la seguridad social”, afirmó Monroy Portilla.
Sin embargo, sus antecedentes como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, entre diciembre de 2006 hasta julio de 2010 y, sobre todo, como director general del SAE contradicen el compromiso por la transparencia y, según informes de la Secretaría de la Función Pública existen al menos 124 procesos de investigación sobre responsabilidades en la dependencia que dejó a partir del 28 de noviembre.
La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de fiscalización de la cuenta pública de 2009, emitió un dictamen negativo sobre el desempeño del SAE en materia de Administración y Procedimientos Legales que, al parecer, no se resolvieron durante la administración de Monroy Portilla.
“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y seguimiento de los procesos legales relativos a la recuperación de cartera” porque:
“-El SAE no reportó indicadores con el fin de evaluar el desempeño de los procesos legales para la recuperación de cartera vencida.
“-Al no encontrarse actualizado el Sistema Integral Jurídico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no permite al SAE conocer el estado procesal en el que se encuentran los juicios a su cargo.
“-El SAE no supervisa que los terceros especializados en materia jurídica actualicen el Sistema Integral Jurídico del SAE de los actos y diligencias que impulsen el procedimiento judicial, de los asuntos que tienen asignados.
“-El SAE permitió la caducidad de dos juicios: la prescripción de la acción en la vía mercantil de un juicio; y carece de información de cinco más, lo que no permite identificar la etapa procesal en que se encuentran los juicios”.
El análisis de la Auditoría Superior de la Federación sobre los 7,188 juicios en trámite durante 2009 también revela que el SAE contrató “por asignación directa” 54 contratos plurianuales para la prestación de servicios profesionales de 237 abogados externos. De manera aleatoria, la Auditoría seleccionó 69 juicios mercantiles por un monto de 60 millones 495 mil pesos y detectó varias irregularidades.
Por ejemplo, en 36 asuntos “no se localizó el registro de la fecha de emplazamiento y el resultado de la diligencia de embargo”; en 9 “no contaron con el inventario de los bienes embargados; y en 15, “no se encontró el registro de la inscripción del inmueble embargado en el Registro Público de la Propiedad y de la inscripción del embargo”.
La adjudicación directa de contratos no es exclusiva de los servicios jurídicos. Durante la etapa de Monroy Portilla como director del SAE se firmó un contrato por 80 millones de pesos para contratar los servicios de la policía auxiliar mexiquense, denominada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), para vigilar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en proceso de liquidación desde el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009. El SAE tomó el control de los bienes de la Compañía.
El SAE no ha hecho públicos los términos de la asignación directa para los servicios de policía privada que ejerce CUSAEM. Testimonios recabados por Proceso, confirmaron que se trató de una asignación directa y que existen diversas irregularidades. Por ejemplo, a cada uno de los agentes de CUSAEM que vigilan las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza se le deben pagar 9 mil pesos mensuales, por contrato, pero muchos reciben menos de la cuarta parte (2 mil pesos mensuales). No existe ningún informe sobre el destino de los recursos sobrantes.
“La parte de liquidación de empresas es una de las más oscuras dentro de la administración del SAE. Se amparan en la información confidencial para otorgar contratos directos, lo mismo en materia de seguridad privada que en distribución de medicamentos”, reveló a Proceso una fuente interna, que pidió reservar el anonimato.
Esta misma fuente reveló que desde el SAE, el equipo de Monroy Portillo realizó una asignación directa por 400 millones de pesos para la distribución de medicamentos a los jubilados del Banrural, Ferronales y los trabajadores de Luz y Fuerza.
“En lugar de entregar medicamentos de patente, como señala el contrato, entregan genéricos intercambiables, a un menor costo. ¿Quién se beneficia con esta maniobra?”, advierte la fuente interna del SAE.
Este mismo informante denuncia que existe una “red de corrupción” en la que presuntamente está involucrado el propio Monroy, su secretario privado Francisco Díaz Corsas, así como Héctor Orozco Fernández, brazo derecho del actual director del ISSSTE y al que pretenden dejar al frente del SAE. Orozco Fernández fue uno de los responsables de la contratación de despachos externos para que se levantara el inventario de la Compañía de Luz y Fuerza.
Continúa mañana
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