Segunda parte del texto publicado en Proceso No. 1831.
Bienes Decomisados a Precio de Ganga
Foto: Notimex. Fuente: esmas.com
No sólo con la Secretaría de la Función Pública ni con la Auditoría Superior de la Federación el SAE, bajo la dirección de Monroy Portillo, tuvo diferencias. También con el Instituto Federal de Acceso a la Información que en dos ocasiones le ordenó a la dependencia entregar la relación completa de los domicilios asegurados al crimen organizado.
El 5 de junio de este año, los comisionados del IFAI resolvieron por unanimidad que el SAE debe entregar la relación completa de domicilios de los bienes inmuebles asegurados en 2009 y 2010 que fueron declarados como “decomisados” y que se pusieron en “subasta pública”.
El IFAI explicó que mediante dos solicitudes de acceso, una particular pidió saber la dirección de todos los bienes inmuebles puestos a disposición del SAE entre 2009 y 2010. El SAE entregó una relación incompleta. La solicitante presentó un recurso de revisión alegando que el SAE no proporcionó la dirección íntegra, es decir, calle, número, colonia, delegación o municipio y el estado en donde se encuentran dichos bienes.
El SAE respondió que esta información estaba reservada por seis años y argumentó que son datos específicos que permiten identificar los inmuebles que se encuentran vinculados a averiguaciones previas o procesos judiciales.
La comisionada María Marván, ponente del caso, advirtió que la categoría de “bienes inmuebles decomisados” que están en subasta, no son susceptibles de la reserva y, por tanto, constituyen información pública.
Las subastas del SAE sobre los bienes que el gobierno federal le incauta al crimen organizado han despertado múltiples críticas y suspicacias por la falta de publicidad de las mismas. Se convocan sólo a través de internet, no se difunden a través de medios masivos ni de spots y en muchas ocasiones se rematan en un precio menor a su valor real.
Por ejemplo, la base de datos que ha proporcionado el SAE al IFAI revela que se una residencia en las Lomas de Chapultepec, decomisada al narco, se vendió en 3 millones de pesos, cuando su valor en el mercado es el doble o triple.
Se subastó un departamento de 177 mil pesos, una finca en construcción en 103 mil pesos o terrenos de 8 mil metros cuadrados en 5 millones de pesos. Una avioneta Cessna en 48 mil pesos, pantallas televisivas LCD a cinco pesos, Ipods en 17 pesos y relojes con baño de oro en 110 pesos.
Otras gangas que benefician sólo a quienes el SAE quiere que se enteren son las siguientes: un Ford Gran Marquís a 8 mil pesos, una Jeep Liberty modelo 2004, en 43 mil pesos, o una aeronave Douglas en 100 mil pesos.
En octubre de 2011, el IFAI volvió a resolver que el SAE no podía negar la información relativa a quién es el propietario y qué uso le está dando actualmente a la fibra óptica que operaba la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El SAE había resuelto que esta información debía estar reservada por “dos años” ya que darla a conocer podía entorpecer el proceso de liquidación de Luz y Fuerza. La comisionada María Elena Pérez Jaen, ponente en este caso, explicó que la propiedad de la fibra óptica sigue siendo de la Compañía de Luz y Fuerza, independientemente de que haya sido entregada y esté siendo utilizada por la Comisión Federal de Electricidad, y que el levantamiento del inventario de bienes de la compañía no impide al SAE manifestar de quién es la propiedad de la fibra óptica.
El 1 de octubre, Sergio Hidalgo Monroy informó públicamente que el SAE había vendido ya el 60 por ciento de los bienes muebles que poseía la Compañía de Luz y Fuerza en 80 millones de pesos. Precisó que de los 900 vehículos que fueron decomisados a los electricistas, 600 han sido vendidos a través de “subastas periódicas” que realiza el SAE.
En esa misma ocasión, Monroy informó que sólo el 0.3 por ciento de los bienes que llegan al SAE provienen de los decomisos que realiza la PGR a la delincuencia organizada, el resto son incautados en las aduanas d México. El 33 por ciento de los recursos que se obtienen de las subastas realizadas casi en secreto se destinan a la Secretaría de Salud “para el combate a las adicciones”.
Padrinos Poderosos
Las relaciones de Monroy Portillo con el círculo íntimo del presidente Felipe Calderón no son un secreto. Su esposa, Verónica González Rossi, amiga personal de la primera dama Margarita Zavala, fue nombrada en diciembre de 2006 como directora general adjunta de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República.
Sus relaciones con el panismo son fuertes desde el sexenio anterior. Vicente Fox lo nombró en junio de 2003 como director corporativo de Operación del recién creado Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que sustituyó al anterior Fideliqu.
Su amistad con Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la presidencia de la República, y con Ernesto Cordero Arroyo, ex titular de la Secretaría de Hacienda, le permitió mantener una estrecha relación con el primer círculo calderonista.
En diciembre de 2006, al iniciar el sexenio, fue designado Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Ya antes se había desempeñado como Director de Procedimientos Legales de Crédito en la misma dependencia y fue consejero comercial del Banco Nacional de Comercio Exterior.
Sin embargo, sus padrinos no son sólo del círculo calderonista. El presume entre sus allegados tener cercanía y buenas relaciones con el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el “precandidato único” del PRI a la presidencia de la República.
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