José Antonio Crespo
No me queda nada claro que Felipe Calderón haya incurrido en crímenes de guerra o de lesa humanidad, según se le acusa ante la Corte Penal Internacional. Me parece que el esquema aplicable a esos delitos no corresponde a lo que ocurre en México.
Sí creo, en cambio, que se violó la Constitución al sacar al Ejército y la Marina en tiempos de paz, pues en estricto sentido no estamos en guerra (al menos no convencional), aunque así haya bautizado Calderón a su estrategia.
También ha habido múltiples violaciones a los derechos humanos, aunque difícilmente como consecuencia de una orden específica de Calderón con propósitos concretos de torturar y asesinar a presuntos sicarios del crimen organizado o a ciudadanos sospechosos de serlo.Se habla también de miles de desaparecidos y desplazados, ante lo cual me parece indispensable que se instaure una comisión de la verdad (cualquiera que sea su denominación), tal como lo ha exigido Javier Sicilia, pues hoy por hoy no sabemos casi nada de quiénes son los famosos 50 mil muertos (o el número que termine siendo) ni las circunstancias en que murieron, ni los responsables de cada uno de esos crímenes.
Y, por supuesto, los resultados de tales indagaciones tendrían que llevar a investigaciones formales y, en su caso, a sanciones legales. Es lo menos que podemos exigir tras un sexenio marcado por la violencia fuera de control y la inseguridad creciente.La defensa de Calderón ha sido y seguirá siendo que es obligación del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos, aplicar la ley a quien la rompa y actuar contra el crimen organizado. En principio así es, pero cabe retomar la distinción hecha por Max Weber entre la ética de principios y la ética de la responsabilidad.
Desde luego, un gobernante debe seguir ciertos fines a partir de valores sociales y la obligación del Estado, pero debe atender primordialmente a la ética de la responsabilidad, es decir, tomar en cuenta los efectos reales, más que ideales, de sus decisiones, pues “El honor del caudillo político (es decir, del estadista dirigente) está en asumir personalmente la responsabilidad de todo lo que hace, responsabilidad que no debe ni puede rechazar o arrojar sobre otro” (Weber).
La ética de los principios atiende a los fines, las intenciones consagradas por alguna escala de valores, en tanto que la ética de la responsabilidad se centra en los medios, a partir de la relación causal entre la política a aplicar y sus posibles consecuencias. Si se eligen medios irracionales, entonces la política en cuestión puede ser inútil en sus propósitos, e incluso
contraproducente.A partir de ello, un gobernante en una democracia no puede, en estricto sentido, defenderse de una política fallida o contraproducente aduciendo que sus intenciones eran buenas o que tenía la obligación de hacer algo frente a un problema (y menos atribuirlo a la inescrutable voluntad de Dios, como si estuviéramos en el Medioevo). Debe rendir cuentas sobre los medios que utilizó para buscar esos fines que, por elevados que sean, deben ser perseguidos a través de políticas racionales, de medios adecuados a la consecución de esos fines.De ahí que en la normatividad de los países avanzados y democráticos prevea sanciones de distinta índole a quienes apliquen políticas que, pese a sus buenas intenciones, no hayan tomado en cuenta los medios adecuados en su aplicación.
En el caso de Calderón no me parece, pues, que aplique la etiqueta de criminal de guerra o violador sistemático y deliberado de derechos humanos, pero sí la de haber puesto en práctica una estrategia de manera improvisada, atropellada, negligente e irresponsable; por no haber hecho un cuidadoso y preciso diagnóstico (como el propio Calderón ha reconocido en varias ocasiones), sin la exploración adecuada y sin discutir más ampliamente la racionalidad de los medios elegidos por él.
Así, nadie puede poner en duda el valor de legalidad, la seguridad pública y el castigo al crimen, todo es buscado por la estrategia calderonista, pero muchos sí pueden objetarle no haber planeado con más detenimiento esa política, a fin de aplicar los medios adecuados a los fines, y no unos que a la postre demostraron haber sido contraproducentes causando grave daño a numerosos ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.¿Quién responde por ello? Nadie, en el país de la impunidad que siempre hemos sido, donde además Enrique Peña Nieto manda el mensaje a Calderón de que preservará su impunidad frente a las amenazas de una parte del obradorismo.
Sí creo, en cambio, que se violó la Constitución al sacar al Ejército y la Marina en tiempos de paz, pues en estricto sentido no estamos en guerra (al menos no convencional), aunque así haya bautizado Calderón a su estrategia.
También ha habido múltiples violaciones a los derechos humanos, aunque difícilmente como consecuencia de una orden específica de Calderón con propósitos concretos de torturar y asesinar a presuntos sicarios del crimen organizado o a ciudadanos sospechosos de serlo.Se habla también de miles de desaparecidos y desplazados, ante lo cual me parece indispensable que se instaure una comisión de la verdad (cualquiera que sea su denominación), tal como lo ha exigido Javier Sicilia, pues hoy por hoy no sabemos casi nada de quiénes son los famosos 50 mil muertos (o el número que termine siendo) ni las circunstancias en que murieron, ni los responsables de cada uno de esos crímenes.
Y, por supuesto, los resultados de tales indagaciones tendrían que llevar a investigaciones formales y, en su caso, a sanciones legales. Es lo menos que podemos exigir tras un sexenio marcado por la violencia fuera de control y la inseguridad creciente.La defensa de Calderón ha sido y seguirá siendo que es obligación del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos, aplicar la ley a quien la rompa y actuar contra el crimen organizado. En principio así es, pero cabe retomar la distinción hecha por Max Weber entre la ética de principios y la ética de la responsabilidad.
Desde luego, un gobernante debe seguir ciertos fines a partir de valores sociales y la obligación del Estado, pero debe atender primordialmente a la ética de la responsabilidad, es decir, tomar en cuenta los efectos reales, más que ideales, de sus decisiones, pues “El honor del caudillo político (es decir, del estadista dirigente) está en asumir personalmente la responsabilidad de todo lo que hace, responsabilidad que no debe ni puede rechazar o arrojar sobre otro” (Weber).
La ética de los principios atiende a los fines, las intenciones consagradas por alguna escala de valores, en tanto que la ética de la responsabilidad se centra en los medios, a partir de la relación causal entre la política a aplicar y sus posibles consecuencias. Si se eligen medios irracionales, entonces la política en cuestión puede ser inútil en sus propósitos, e incluso
contraproducente.A partir de ello, un gobernante en una democracia no puede, en estricto sentido, defenderse de una política fallida o contraproducente aduciendo que sus intenciones eran buenas o que tenía la obligación de hacer algo frente a un problema (y menos atribuirlo a la inescrutable voluntad de Dios, como si estuviéramos en el Medioevo). Debe rendir cuentas sobre los medios que utilizó para buscar esos fines que, por elevados que sean, deben ser perseguidos a través de políticas racionales, de medios adecuados a la consecución de esos fines.De ahí que en la normatividad de los países avanzados y democráticos prevea sanciones de distinta índole a quienes apliquen políticas que, pese a sus buenas intenciones, no hayan tomado en cuenta los medios adecuados en su aplicación.En el caso de Calderón no me parece, pues, que aplique la etiqueta de criminal de guerra o violador sistemático y deliberado de derechos humanos, pero sí la de haber puesto en práctica una estrategia de manera improvisada, atropellada, negligente e irresponsable; por no haber hecho un cuidadoso y preciso diagnóstico (como el propio Calderón ha reconocido en varias ocasiones), sin la exploración adecuada y sin discutir más ampliamente la racionalidad de los medios elegidos por él.
Así, nadie puede poner en duda el valor de legalidad, la seguridad pública y el castigo al crimen, todo es buscado por la estrategia calderonista, pero muchos sí pueden objetarle no haber planeado con más detenimiento esa política, a fin de aplicar los medios adecuados a los fines, y no unos que a la postre demostraron haber sido contraproducentes causando grave daño a numerosos ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.¿Quién responde por ello? Nadie, en el país de la impunidad que siempre hemos sido, donde además Enrique Peña Nieto manda el mensaje a Calderón de que preservará su impunidad frente a las amenazas de una parte del obradorismo.
Facebook: José Antonio Crespo Mendoza
Investigador del CIDE
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