Hace unos días, una colega de Chihuahua me comentó desconsolada que miembros de un cártel visitaron a sus padres sexagenarios para advertirles que su pequeño rancho ahora pertenece a “su jefe”. Sembrarán droga, no advirtieron si mariguana o amapola, y ofrecen a la familia dos opciones: o aceptan el trato y mantienen a su pequeño grupo de trabajadores al servicio de la siembra y cosecha del cártel, y a cambio reciben protección de cualquier ataque de las autoridades, o se niegan y toda la familia será asesinada con un mensaje que diga que los mataron por narcos. Por si fuera poco, le mostraron a la pareja un pequeño álbum con recortes periodísticos (particularmente páginas completas de la revista Proceso) en que aparecen cadáveres con letreros que les inculpan de pertenecer a bandas criminales.
Luego de pensarlo, ella decidió consultar con un juez local a quien conoce. La recomendación fue tajante, que ni se le ocurra denunciar porque les asesinarán a todos. La tierra pertenece a su familia desde hace seis generaciones; fueron campesinos honrados, que poco a poco tuvieron que mandar a los hijos e hijas a la ciudad a estudiar y trabajar. La agricultura quedó abandonada por las políticas públicas que promovieron solamente la industrialización y la maquila y abandonaron la promoción y apoyo de los pequeños y medianos horticultores.
Hoy día, los municipios de Guadalupe y Calvo están tomados por el narco y ante la inutilidad de los gobernadores, la sociedad es rehén de la delincuencia organizada como nunca antes en la historia. Lo pierden todo ante el poder criminal y luego, en una mancuerna perversa, las procuradurías local y federal, incapaces de investigar adecuadamente los asesinatos, asumen los mensajes dejados junto a las personas asesinadas como argumento de culpabilidad tácita y el inminente cierre de caso.
No es el único estado cuyo campo está tomado. Guerrero, Oaxaca y Michoacán sufren situaciones muy similares. Las historias son prácticamente idénticas y lo cierto es que ninguna familia (contrario a lo que se repite constantemente como parte de un discurso simplista de desinformación) se entrega, o entrega, al narco sus tierras y su libertad con gusto y complicidad. La mayoría sufre en solitario. Las familias lo pierden todo, quedan atrapadas en una realidad de la que no hay salida posible, sino la muerte y el descrédito.
El reciente secuestro de un miembro de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad en Santa María Ostula, Michoacán, recuerda los signos de los primeros levantones de los paramilitares narcos en la sierra de Colombia; primero tomada para la siembra, luego como territorio acorazado de guerra.
Son muchos los factores que dan lugar a este fenómeno, uno de ellos es el abandono del campo por parte del Estado mexicano. Los priístas quisieron producción rápida, Salinas promovió el libre comercio, a cambio de transgénicos y dinero, el debilitamiento de la agricultura regional. Le siguieron los otros, Godoy no hizo sino entregar Michoacán a “La Familia”. El PAN no lo hizo mejor en Guanajuato. Todos ellos abandonaron al campo y la milenaria cultura de las huertas para consumo personal, que ahora son casi sólo privilegio de la clase media pro ambientalista.
Por su parte, Felipe Calderón ha tenido cinco años para articular adecuadamente un programa de erradicación de cultivos de heroína y marihuana; sin embargo, ya lo han dicho las y los expertos, nunca puso en marcha una política para sustituir los cultivos ilícitos por una producción lícita, tarea que resultaba imprescindible para proteger al campo y a la población que vive prácticamente secuestrada en zonas rurales.
En días recientes un grupo de países latinoamericanos por fin inquirió a Barack Obama, exigiendo que o baja el consumo de drogas en su país, que genera un mercado que desangra a una parte de Latinoamérica, o legaliza la mariguana y se sientan a negociar cómo debilitar al narco desde una economía lícita. Pero Calderón, que en un principio estaba convencido de la legalización de la mariguana cayó, como Obama, en el discurso del pánico moral que nos dejó otra vez en el punto de partida.
Tal vez lo más frustrante para toda la sociedad, particularmente para las miles de familias honradas (cuyas pequeñas y medianas tierras han sido cooptadas por el narco ante la mirada de políticos cobardes y vividores), es escuchar a Calderón y ahora a Peña Nieto defendiendo la guerra, pero evitando a toda costa las discusiones que podrían en realidad proteger a la sociedad mientras se debilita a la delincuencia organizada.
Lo que México quiere escuchar no es si está bien o no apresar y castigar a los delincuentes, todo el país concuerda en ello; lo que necesitamos saber es cómo defenderán a la agricultura, cuándo dejarán de culpabilizar a las familias secuestradas por los sembradores y les darán herramientas para tener cultivos lícitos, cuándo se atreverán a discutir la legalización de la mariguana y la destrucción de los crecientes sembradíos de opio. ¿Cuándo comenzarán las autoridades a enfrentar el verdadero debate sobre las drogas controladas y las ilegales? Si una simple reportera como yo conoce los territorios en que está sembrado el opio, ¿cómo es que el Ejército no los ha detectado y erradicado?.
El reciente secuestro del activista en Michoacán está relacionado con este tema, huele a FARC, me dice un agente de Interpol en Europa, ahora será imposible que los campesinos defiendan sus tierras si el Estado no lo hace primero. Y esa es la discusión que queremos escuchar.
Twitter: @lydiacachosi
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