Funcionarios poco capacitados desconocen normas en la materia
Por Anaiz Zamora Márquez
México, DF, 8 dic 11 (CIMAC).- La falta de capacitación y sensibilización a funcionarios, de un protocolo de seguridad para las mujeres que han denunciado violencia y desconocimiento de normas en la materia, son algunos de los factores que impiden a las mujeres del Distrito Federal y del Estado de México, acceder a la justicia.
Así lo señala una investigación realizada por el Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud, con el apoyo de la Asociación Civil Servicios a la Juventud (SERAJ) y el financiamiento del programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social, presentada hoy en conferencia de prensa.
De acuerdo con el análisis, en el Distrito Federal y Estado de México, persisten las deficiencias en los organismos encargados de impartición de justicia en los casos de mujeres víctimas de violencia, pues los funcionarios no se encuentran capacitados en el tema y no existe un modelo único de atención y protección.
Gabriel Morales Hernández, coordinador operativo del Observatorio, señaló que aún existen Agentes del Ministerio Público que ponen en duda los testimonios de mujeres que acuden a denunciar delitos y que desconocen los delitos en la materia que ya han sido tipificados.
Sobre el tema de la capacitación y sensibilización, el Observatorio reportó que ello obedece a la resistencia de algunas instituciones para capacitar a su personal, constantemente, dijo, el tiempo y modo destinado a ello es negociado por los directivos.
La investigación reveló que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no cuenta con un protocolo de seguridad para las mujeres que han denunciado violencia, lo que las coloca en situación de riesgo ante su agresor.
En el caso de las mujeres indígenas que han sufrido violencia, se encontró que ambas entidades (DF y Estado de México) carecen de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, y los pocos que existen no se encuentran calificados para intervenir en procedimientos de esta índole.
El análisis pone en evidencia que las y los funcionarios que no han cumplido con sus obligaciones respecto a la atención a víctimas de violencia, no han sido sancionados, y tampoco existen datos estadísticos sobre las sentencias dictadas contra agresores de mujeres.
Si bien la investigación destaca que ha habido avances como las Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, protocolos y modelos de atención para que el personal detecte a víctimas de violencia y los esfuerzos para capacitar a funcionarios, hacen falta estadísticas y evaluaciones sobre el funcionamiento de casos atendidos en los sistemas de procuración e impartición de justicia para mejorar el acceso a ésta.
La investigación se realizó en función de 23 de los indicadores del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará).
El Observatorio surgió en 2009, con el objetivo de recabar, sistematizar, analizar y difundir información sobre la violencia social que se vive en el Distrito Federal y funge como un órgano de vigilancia ciudadana que evalúa la forma en que la violencia afecta la vida pública y privada.
Cuenta con un Comité Técnico Consultivo conformado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y la Trata de Personas, de la Procuraduría General de la Republica (FEVIMTRA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SS-DF), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre otras.
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