México, 10 dic (EFE).- México registró en el último año nuevos avances normativos en defensa y protección de derechos humanos pero sigue lejos de que el marco legal existente se aplique con eficacia, revelaron hoy varios expertos en la materia.
Sus comentarios surgen a propósito de la conmemoración hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos en una efeméride que recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948.
Entre las reformas ocurridas recientemente en México destaca la constitucional del pasado 10 de junio, que amplió el marco normativo sobre derechos fundamentales al equiparar los tratados internacionales en la materia con la Constitución del país.
Jorge Ulises Carmona Tinoco, experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), celebró a través de un comunicado la reforma legal pero sostuvo que en el país aún falta “un ajuste estructural en la procuración de justicia, nuevas generaciones de jueces y una renovación en las autoridades administrativas” para hacerla más efectiva.
Carmona Tinoco señaló que 2011 ha sido “uno de los peores años que ha vivido” México en cuanto a protección de los derechos humanos debido a situaciones como la ola de violencia que vive el país, y los asesinatos de al menos once defensores de derechos humanos en distintos puntos de la geografía nacional.
Las muertes de Marisela Escobedo, el 16 de diciembre de 2010; la de la poetisa y activista de los derechos de la mujer Susana Chávez, el 11 de enero, y las más recientes de tres miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) -Pedro Leyva, el 5 de octubre; Nepomuceno Moreno, el 28 de noviembre, y Trinidad de la Cruz, el 6 de diciembre- sacudieron a la sociedad y a los colectivos donde trabajaban.
“El Estado falla en su deber de protección de los derechos humanos. Tenemos una incidencia muy alta en violaciones a las garantías de periodistas y defensores de derechos humanos, y así lo confirman organismos internacionales”, alertó el experto.
Por su parte, el coordinador del área de Derecho Constitucional del IIJ de la UNAM, Miguel Carbonell, reconoció que en México hay “una institucionalidad tuteladora” mejorada si se compara con la que había “hace dos o tres décadas” pero llamó la atención sobre los abusos asociados con “la actividad del Estado en contra de la delincuencia y el derecho a la salud”.
Más en concreto citó como peligros incipientes “el incremento de los casos de tortura, las desapariciones forzadas y entradas a domicilios sin orden judicial”, así como la falta de protección de datos personales, y las violaciones graves del derecho al agua y al medio ambiente.
Según Carbonell, en México “vivimos en un avance medio pues, aunque no estamos tan mal como en otros países, tampoco estamos en el nivel óptimo”, señaló.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció hoy en una nota informativa que en 2012 “redoblará sus esfuerzos” en materia de protección a los derechos humanos, “tanto en la aplicación de las nuevas reformas, como en la capacitación de ministros, magistrados y jueces, para que velen adecuadamente por el respeto de dichos derechos”.
Anticipó que la reforma constitucional del pasado 10 de junio, así como otras de índole penal y en el juicio de amparo, “cambiarán el modelo de impartición de justicia que se vive en el país para beneficiar en mayor medida a la población”.
LA GRAVE SITUACIÓN EN MÉXICO
Según cifras de la CNDH en julio pasado, 27 promotores de derechos humanos murieron entre 2005 y mayo de 2011 en México. Pero la cifra sigue corriendo.
Debido a la guerra del presidente Felipe Calderón, México ha recibido el castigo –recomendaciones, amonestaciones, alertas, advertencias– de casi todos los más fuertes organismos internacionales derechos humanos. De Amnistía Internacional a Naciones Unidas.
Hace un par de semanas, un grupo de ciudadanos, encabezados por Netzai Sandoval, joven abogado de 28 años, presentaron ante la Corte Penal Internacional una demanda en contra de funcionarios del gobierno federal (entre ellos el Presidente Calderón) y también narcotraficantes, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en su lucha contra el narco.
Y está el caso reciente de dos asesinatos de padres que buscaban a sus hijos o justicia para ellos. Pero citemos sólo dos casos recientes, dos asesinatos en menos de un año. El de Marisela Escobedo, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ella exigía que el asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre, fuera sentenciado y no quedara en libertad tras un dudoso juicio oral. Ella también luchaba por mujeres desaparecidas y asesinadas en esa entidad.
Recientemente en Sonora fue asesinado Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Esta realidad contrasta con lo que dijo ayer el subsecretario de Asuntos Multilaterales Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, Juan Manuel Gómez Robledo, que informó ayer que el presidente Calderón giró instrucción clara a SEDENA y a la PGR para que en la medida en que la legislación vigente lo permita, “la jurisdicción militar decline competencia en favor de la jurisdicción civil cada vez que haya presunción de violación de derechos humanos de parte de fuerzas armadas”.
LOS RECLAMOS DE LAS ONG`S:
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a México a proteger a la defensora de derechos humanos Norma Andrade, tras el ataque que sufrió el pasado viernes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en el que resultó herida de cinco balazos. Andrade, que dirige el grupo “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” dedicado a la búsqueda de jóvenes desaparecidas o asesinadas en el estado de Chihuahua, es beneficiaria de medidas cautelares tomadas por el organismo multilateral.
Por ello, la CIDH solicitó al Estado mexicano investigar el atentado, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
De acuerdo con un reporte del Centro de Comunicación Social (Cencos) de enero a la fecha tienen registrados 68 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en México, basados en comunicaciones con diferentes ONG, monitoreo de medios y denuncias de activistas.
En estos 68 casos de agresiones y amenazas, según Cencos, hay involucradas y están en riesgo alrededor de 126 personas de diferentes organizaciones de todo el país, el mayor número de casos se encuentran en Oaxaca, seguido de Chiapas, Chihuahua y Guerrero; los responsables de las amenazas y agresiones son en su mayoría funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales; el tipo de agresión más frecuente son las amenazas, seguidas del asesinato y el hostigamiento.
Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un líder indígena del estado de Michoacán (oeste), fue secuestrado el lunes pasado cuando viajaba con varios compañeros por hombres fuertemente armados y encontrado muerto un día después con huellas de tortura en un camino rural del pueblo de Santa María Ostula.
El activista había defendido durante los últimos años los derechos de los campesinos sobre la tierra, especialmente frente a grupos armados que buscaban controlar el pueblo de Santa María Ostula, ubicado en la ruta de trasiego de droga hacia Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico y uno de los puertos comerciales más importantes de México.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, denunció además el secuestro el martes en la noche de los ecologistas Marcial Bautista y Eva Alarcón en Guerrero, estado vecino de Michoacán.
Los dos plagiados son residentes de dos pueblos cercanos a Lázaro Cárdenas, donde han sido incautados la mayor parte de los cargamentos ilegales de droga que llegan a México por la vía marítima.
“El asunto no es nada más con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es un asunto con todos los defensores de derechos humanos y todos aquellos que están buscando una justicia y una dignidad para este país y eso es indignante”, dijo Sicilia a la televisora Milenio.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los defensores o activistas en México se han recrudecido “en niveles verdaderamente alarmantes”, dice la CNDH. De 2005 a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado 523 expedientes por casos que van desde las amenazas y agresiones hasta la privación de la libertad o la vida, por lo que “es necesario que el Estado cumpla con su papel de proteger a este sector”.
“AI está preocupada que las confesiones obtenidas mediante tortura sigan siendo aceptadas como pruebas en los procesos judiciales y la evidencia de tortura excluida e ignorada por el ministerio público (agentes de la fiscalía) y algunos jueces”, señaló la ONG Amnistia Internacional, también el día de ayer.
En un comunicado, Amnistía Internacional sostuvo que la falta de voluntad plena para investigar y esclarecer debidamente alegaciones de tortura, daña gravemente los procesos judiciales en México.
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