John M. Ackerman
La sensatez e
inteligencia del emergente movimiento juvenil es asombrosa. Todas sus
manifestaciones han sido pacíficas y sus exigencias siempre concretas y
estratégicas. En lugar de sabotear las elecciones, llaman a participar
en ellas. En lugar de convocar a acciones violentas u obstruir
vialidades, ocupan banquetas y lanzan consignas. En lugar de pedir la
inmediata cancelación de la concesión a Televisa, exigen que esta
empresa transmita el próximo debate presidencial por cadena nacional.
Los estudiantes sin duda tienen grandes ideas y una sed de revolucionar
el sistema de raíz, pero también saben bien cómo evaluar el impacto de
sus acciones y calibran perfectamente sus decisiones.
oratesinmersos en una
indigencia políticay que carecen de
la cultura política que se esperaría de un sector tan privilegiado. Enrique Krauze guarda mejor las formas, pero lanza una sugerencia igual de venenosa. Para el integrante del consejo de administración de Televisa, la mejor opción que queda a estos jóvenes rebeldes es despedirse de la espontaneidad y riqueza de un movimiento social para mejor dedicarse a construir un nuevo partido político. Así, la efervescencia juvenil se canalizaría hacia la creación de nuevas burocracias fácilmente controladas por el poder y el dinero.
Simultáneamente, estos agudos intelectuales y sus aliados solicitan al Instituto Federal Electoral la aplicación de medidas cautelares para permitir la contratación por particulares de propaganda electoral en radio y televisión. Así buscan apuntalar aún más la voz de los que más tienen y opacar al movimiento juvenil con nuevos espots que expresarían el punto de vista de una sociedad civil supuestamente más
responsabley
respetuosa. Los otrora
abajo firmantesdeliberadamente también cancelan nuestro derecho a la información al negarse a convocar a debates presidenciales adicionales o asegurar la cobertura nacional de aquellos organizados por el IFE.
Queda claro que los verdaderos
orates, o
personas de poco juicio y prudencia, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, no serían los jóvenes en busca de un mejor país, sino los intelectuales orgánicos del poder que insisten en seguir estirando la liga para ver hasta cuándo se rompe.
El gran éxito del movimiento juvenil hasta ahora ha sido que ha desenmascarado el mito de la supuesta
transicióndemocrática en México. A pesar de décadas de valientes luchas por elecciones más libres y limpias, así como una enorme inversión en la construcción de instituciones electorales, siguen siendo los poderes fácticos y no la ciudadanía quienes eligen a los gobernantes.
Los estudiantes quizás no recuerden bien la corrupción y la
inefectividad del PRI-gobierno, pero padecen cotidianamente los estragos
de la manipulación mediática y la opacidad electoral. Ellos no están
dispuestos a aguantar otros seis años con un presidente de la República
de dudosa legitimidad que no cuenta con el respaldo social o la voluntad
política para resolver de raíz los grandes problemas nacionales.
Las manifestaciones juveniles de hoy, entonces, no solamente
recuerdan el movimiento estudiantil de 1968, sino también constituyen la
continuación histórica del movimiento civil pro democrático de la
década de los noventas y de las protestas poselectorales de 2006. Las
caras, las consignas y la forma de organizarse son innovadoras, pero los
fines son los mismos. Por ejemplo, la página de Internet yosoy132.mx
indica que el objetivo es
construir un proceso democrático limpio y honesto por parte de los candidatos, instituciones y medios. Asimismo, las tres exigencias básicas serían
que el proceso electoral sea transparente y claro,
que el voto sea consciente e informado, así como la
democratización de los medios de comunicación.
Son exigencias tan claras y sencillas que dan en el blanco de la
problemática actual. Sin procesos electorales auténticamente
democráticos jamás habrá justicia, desarrollo o rendición de cuentas.
La exigencia de la marcha del sábado de transmitir en cadena nacional
el próximo debate presidencial sería entonces el símil histórico a la
solicitud de recuento total de la votación que coreaban millones de
ciudadanos libres hace seis años. Si en 2006 fue totalmente falso el
argumento de que las instituciones electorales estaban impedidas por la
ley a dar trámite a esta justa petición, hoy existirían aún menos
obstáculos legales para que el IFE y la Secretaría de Gobernación puedan
responder positivamente a la nueva solicitud ciudadana. El consejero
presidente, Leonardo Valdés, incluso ha confesado públicamente que el
IFE efectivamente sí cuenta con la facultad de solicitar una cadena
nacional y que lo hará el día de la jornada electoral, aunque de manera
inexplicable no le parece conveniente hacerlo para el debate
presidencial.
Las autoridades y los poderes mediáticos harían bien en pensar dos
veces antes de ignorar a los jóvenes movilizados. Una actitud de
cerrazón frente a una solicitud tan sensata fácilmente podría incendiar
la pradera con consecuencias impredecibles.
Twitter: @JohnMAckerman
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