Ante la inminente privatización de Pemex, la propuesta de reforma hacendaria del gobierno peñista busca sacar dinero de donde se pueda. El problema es que apenas podrán arrancar unos cuantos pesos sin menoscabar los privilegios de los más ricos del país. Las mayorías, sin embargo, sí pagarán las consecuencias
Como progenitores, a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y por añadidura a sus parasitarios apologistas a sueldo o forzados por razones circunstanciales, no les queda más que alabar su iniciativa de reforma hacendaria. Aunque ésta sea un engendro más.
Como generalmente sucede con esta clase de temas, se ha vuelto común
prometer “la gran reforma fiscal integral” que requiere el país. Y, al
cabo, terminan pariendo ratones. Como ocurre desde las fallidas
reformas de 1961 y 1964, las cuales abortaron la rara posibilidad de
corregir los defectos congénitos del sistema tributario
mexicano; de fortalecer la estructura fiscal, basada en el principio de
la equidad y progresividad del lado de los ingresos (que paguen más los
grupos de mayores ingresos, de acuerdo con su capacidad económica) y la
distribución del ingreso del lado del gasto, como forma de mejorar el
bienestar social y la justicia; de afianzar la rectoría estatal y la
política económica y fiscal como instrumentos del desarrollo y
contracíclicos.
Rara, porque ese evento se presentó
durante el gobierno de Adolfo López Mateos y su conservador responsable
de las finanzas públicas, Antonio Ortiz Mena, artífice del mítico
“milagro” mexicano –junto con Rodrigo Gómez, en el banco central– y gurú de los Chicago Boys que heredarán su puesto a partir de 1983, con el ascenso de los neoconservadores al poder y su proyecto neoliberal de nación.
Preocupado por la baja capacidad
recaudatoria del sistema, “los impuestos relativamente bajos” y su
“regresividad”, entre otros problemas –como consigna en su documento Política económica nacional,
de 1958–, Ortiz Mena contrató en 1960 a Nicholas Kaldor para que
evaluara el sistema tributario local y recomendara cambios al mismo. En
su Informe sobre la reforma fiscal mexicana, del 28 de
septiembre de 1960, el economista keynesiano constató sus deficiencias
y su naturaleza injusta. Destacó los efectos perniciosos de la endeble
capacidad recaudatoria sobre el gasto y la política monetaria; la
escasa base gravable derivada del trato privilegiado recibido por una
parte sustancial del ingreso nacional, en especial el proveniente del
capital, las exenciones y omisiones, los subsidios y estímulos, la
elusión y evasión en el pago de impuestos, entre otros factores, así
como la “necesidad urgente de una reforma radical y general del
sistema” debido a que “los ingresos provenientes de los impuestos son
inadecuados para las necesidades de un desarrollo acelerado”, “la
creciente desigualdad entre las diferentes clases y el carácter
regresivo del sistema [que] amenaza con minar el edificio social” (“Las
reformas al sistema fiscal en México”, en Comercio Exterior, México, abril de 1964).
En tierra de caciques monetaristas,
Kaldor propuso una herejía: impulsar una política fiscal progresiva, al
eliminar el anonimato de las acciones, las exenciones a las ganancias
financieras, las industrias nuevas y los tratos preferenciales como a
las escuelas privadas; revisar la conveniencia de dar más apoyos al
capital (depreciación y amortización), pues disponían [y aún disponen]
de numerosos beneficios fiscales; permitir solamente las deducciones al
gasto destinado directamente a la generación del ingreso (regla de oro);
un impuesto sobre la renta (ISR) global (agregar todas las fuentes del
ingreso familiar), con una tasa mínima de 10 por ciento e intervalos de
5 puntos hasta llegar a una máxima de 40 por ciento en el ingreso
personal, nivel último que también debería aplicarse a las empresas;
acotar las deducciones; retener automáticamente los intereses y
dividendos de los accionistas con una tasa máxima, por parte de las
empresas, para evitar la evasión o la subestimación en las
declaraciones; crear un impuesto anual sobre la riqueza neta (todo tipo
de activos: la propiedad raíz, los bienes tangibles e intangibles, los
valores de toda clase y los depósitos bancarios, las joyas y obras de
arte que excedieran cierto valor), con el derecho de deducir sus
pasivos, pues la idea era gravar el ingreso y los activos de capital
netos de las personas físicas; una carga universal sobre las donaciones
(a mayor riqueza, más alto sería el gravamen al heredero); y una tasa
sobre el gasto personal para cerrar la última puerta a la evasión y la
elusión.
Según Kaldor, la progresividad en el
ISR y los impuestos a la riqueza, las ganancias del capital y las
donaciones elevarían la recaudación de 6.5 por ciento del producto
interno bruto (PIB), nivel registrado en 1959 a un conservador 11,
porcentaje similar al de 2012, y hasta 20 por ciento, en caso de que se
aplicara la totalidad o la mayoría de sus sugerencias.
Como era predecible, el ocurrente López
Mateos (en 1960 calificó a su gobierno de “extrema izquierda” dentro de
la Constitución) y Antonio Ortiz Mena desecharon las innovadoras y
turbadoras propuestas de Kaldor (en la India provocaron motines y en
Guyana incendios y la desestabilización del gobierno). Prefirieron la
“moderada” continuidad conservadora, el anacronismo fiscal, la
insuficiencia tributaria y la regresividad. Era la época de los
estertores revolucionarios; la nacionalización de la industria
eléctrica (1960); la furia pública oligárquica (“¿Por cuál camino,
señor presidente? ¿Nos encaminamos, a través de un intervencionismo
creciente, hacia el socialismo de Estado?”; Excélsior, 24 de
noviembre de 1960); de la “concesión a los grupos de ingresos
elevados”, como dijo Ortiz Mena; de la nueva “alianza conservadora”
entre el Estado y la elite económica (N Hamilton, México: los límites de la autonomía del Estado);
del abandono de la idea del ISR como pilar de los ingresos tributarios
progresivos, en sustitución de los gravámenes indirectos dentro de una
hacienda fuerte, y “la redistribución de la riqueza mediante medios
pacíficos”, como supuso Alberto J Pani, responsable de Hacienda en los
gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Del pago de los
costos del desarrollo desestabilizador y el subdesarrollo fiscal,
corresponsables de la crisis fiscal del Estado de 1976 y 1981-1982.
Es el triunfo de la rancia ortodoxia fiscal y de sus fundamentalistas legatarios: Pedro Aspe –el ventrílocuo de
Videgaray–, Jaime Serra, Guillermo Ortiz, Francisco Gil, José Ángel
Gurría, Agustín Carstens, Ernesto Cordero. De los devotos de los
“nuevos” fiscalistas (Arthur Laffer y demás), los ofertistas bastardos
reaganianos, cuya divisa es “que paguen más los que menos tienen”. De
los cruzados del recorte impositivo a las empresas y los sectores de
altos ingresos, el alza de los gravámenes al consumo (impuesto al valor
agregado y otras), la petrodependencia fiscal, la austeridad y
el balance público equilibrado. De los responsables de la ruina e
indigencia estructural de los ingresos y egresos gubernamentales, del
desmantelamiento y el autismo del Estado. Ese oneroso legado que Peña
Nieto y Luis Videgaray supuestamente aspiran corregir pariendo ratones,
los cuales, para colmo, han provocado el malestar y la furia de todos
los sectores sociales que se sienten traicionados, sobre todo los del 1
por ciento y del 19 por ciento que lo acompaña: la oligarquía y la
burguesía que apoyaron y financiaron ilegalmente su camino a la
Presidencia, y los clasemedieros que cedieron sus votos a cambio de la
ilusoria prosperidad y el autoritarismo realmente existente contra la
inseguridad, a las mayorías, cuyos beneficios esperados son siempre
difusos. Todos, en diferentes grados, sienten amenazados sus bolsillos,
sus ingresos y sus niveles de vida, debido al aumento esperado en los
impuestos directos e indirectos, la invención de otros, el alza en los
precios de los bienes y servicios públicos, la reducción y eliminación
de deducciones, los cambios en los regímenes especiales y
preferenciales sin que quede claro qué beneficios se obtendrán a
cambio; sin las garantías legales que eviten el despilfarro, la
corrupción y la rapiña de los recursos.
Peor aún, si las cuentas alegres de los beneficios esperados con la reforma hacendaria son de suyo cuestionables, ya que éstos se reflejan descoloridamente en el presupuesto y las metas económicas de 2014 y lo que resta del sexenio, en caso de que el gobierno se despeñe,
no sería exagerado afirmar que dicha reforma murió antes de nacer y las
finanzas públicas estarán condenadas a sobrevivir, con sucesivos
remiendos, en la crónica indigencia. Su lápida será la
devastación urbana y rural provocada por los fenómenos climatológicos,
los costos de la reconstrucción de la infraestructura, sus secuelas
destructivas en la producción –en especial la agropecuaria y pesquera–
y los hogares. Ese cúmulo de factores redundará en una estanflación más
profunda y extensa, en un mayor malestar social merced ante los
gobiernos estatales y federal indolentes ante una tragedia que se pudo
prevenir y atemperar sus efectos, e incapaz de instrumentar un programa
contingente ordenado y eficaz durante y después del desastre. Todo
gravitará peligrosamente sobre las cuentas estatales.
¿El tigre es como lo pintan?
¿Realmente la reforma fortalecerá la
capacidad financiera del Estado; contribuirá al diseño de un sistema
más justo y equitativo al excluir el IVA en alimentos y medicinas y
promover la progresividad en el pago de impuestos y eliminar o reducir
los privilegios que gozan algunas personas, empresas o sectores
económicos; se beneficiará el federalismo fiscal al incentivar la
recaudación de impuestos locales y la coordinación del ejercicio del
gasto; los cambios permitirán un mayor crecimiento económico; se
reforzará a Petróleos Mexicanos (Pemex) al dotársele un régimen fiscal
“más moderno y eficiente”; se apoyará el bienestar con la pensión
universal y el seguro de desempleo?
Lo anterior no es más que un catálogo
de buenos deseos, basado en razonamientos de dudoso sustento que no
logran ocultar el desolado fondo.
Jesús Reyes-Heroles González, Chicago Boy y priísta-empanisado, o si se prefiere un “técnico” mercenario al mejor postor, y por tanto libre de toda sospecha, ofrece la respuesta: “se perdió la oportunidad para una reforma fiscal de fondo. La reforma que [se] necesita ha de ser fiscal, recaudatoria, equitativa, integral y gradual” y “la iniciativa” de Peña y el ventrílocuo de Aspe “no satisface esas características” (El Universal, 12 de septiembre de 2013; las cursivas son mías).
Así de sencillo. Si no es una propuesta de reforma de esas características, entonces, ¿qué es?
Cómo saquear los bolsillos de la población
La reforma no es más que un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es recaudatorio, morrallera. El histrión de Aspe puso a sus Chicago Boys
a revisar con lupa cualquier concepto susceptible de ser gravado o
desgravado con el único sentido programático de sacarle a la población
la mayor cantidad de dinero posible. Después le dieron una manita de gato para barnizarla de “social”, “equitativa” y demás frivolidades, algunas de ellas francamente hilarantes. El engendro,
empero, apenas otorgará unos cuantos pesos para ajustar y sobrellevar
las cuentas públicas sin que se desfonden. A unos renglones les
concederán unas monedas; a otros, les pasarán la tijera. Al
déficit fiscal que no incluye la inversión de Pemex (1.5 por ciento del
PIB en 2014, 1 en 2015 y 0.5 en 2016), asociado a la reprivatización de
la industria y al pago de las corsarias trasnacionales, le pusieron la simpática etiqueta de “contracíciclas” (dizque keynesianas, pero que no expresa más que la ineficiencia de los Chicago Boys
para obtener más recursos) para simular su angustia por sacar a la
economía de su estanflación. Al balance equilibrado en 2017 y 2018 lo
califican de “disciplina”.
Las cuentas no dejan lugar a dudas. En
2014 apenas se juntarán 240 mil millones de pesos adicionales (354 mil
millones de pesos menos 114.5 mil millones, que se perderán con la
eliminación del impuesto empresarial a tasa única, IETU), 1.4 por
ciento más del PIB. Aristóteles Núñez, del Servicio de Administración
Tributaria, calcula que la evasión fiscal es de 2.6 por ciento del PIB,
alrededor de 350 mil millones de pesos (El Universal, 20 de
septiembre de 2013). Los ingresos tributarios pasarían de 10.1 por
ciento del PIB a 11.5. El coeficiente medio de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es de 26.3 y el de
América Latina de 18.4 por ciento. Las peores recaudaciones
latinoamericanas, después de México, son las de Guatemala, con 10.6 por
ciento, y Haití, con 12.9 por ciento.
Los ingresos acumulados en 2014-2018
sumarán alrededor de 435 mil millones de pesos: el 2.9 por ciento del
PIB. Pero éstos bajarán anualmente: a 0.6 por ciento del PIB en 2015 y
a 0.3 por ciento en cada año de los que restan del sexenio. En
2015-2018, el promedio anual sería del orden de los 49 mil millones de
pesos. Se espera que los ingresos petroleros pasen de 7.6 a 8.8 por
ciento del PIB entre 2013 y 2018, es decir, seguirá el saqueo de la
renta que será compartida con las corporaciones (¿cómo se beneficiará
Pemex?). Los no petroleros, de 13.5 a 15.2 por ciento. Según la OCDE,
los ingresos públicos promedio del organismo equivalen a 33.8 por
ciento del PIB. En México a 18.8 y con la reforma subiría a 19.5. Con
esa limitada recaudación total y adicional es obvio que tampoco se
ampliará significativamente el gasto público programable. Sólo
aumentará de 16.6 a 17.9 por ciento del PIB. El 77 por ciento se
destinará al gasto corriente. El resto a la inversión pública y la
amortización de Pidiregas (proyectos de infraestructura diferidos en el
registro del gasto), de obras privadas de turbio origen.
¡Ése será el gran parto de los montes!
El efecto de la iniciativa es ridículo. Lo es más porque la recaudación
no dependerá exclusivamente de los ajustes. También estará subordinada
a la recaudación adicional que pueda obtenerse por el ritmo de
crecimiento estimado en 5.1 por ciento, en promedio anual sexenal (más
consumo e inversiones, y lo que suceda con la economía estadunidense y
sus importaciones). Y ese ritmo está asociado al destino de las
reformas en las telecomunicaciones, energética, financiera y fiscal. El
principal aporte será dado por la reprivatización energética. El fiscal
será marginal. Sin lo anterior, la expansión estimada sería de 3.6 por
ciento. Es decir, la mitad del crecimiento dependerá de las
reprivatizaciones y la trasnacionalización neoliberales. ¿Qué garantiza
el 5.1? Nada. En 1983-2012 se aplicaron las mismas recetas y el
crecimiento medio anual fue de 2 por ciento.
Ni la tasa de 3.6 por ciento ni la de
5.1 servirán para generar más de 1 millón de empleos que se requerirán
anualmente. En 1997 y 2000 el crecimiento real fue de 7 y 5.3 por
ciento, y se crearon 712 mil y 796 mil plazas formales,
respectivamente. La tasa media anual en 1997-2000 fue de 4.9 por ciento
y el empleo medio de 704 mil. En 2013-2014 seguirá acumulándose el
desempleo, la informalidad y el número de personas que desertarán de un
mercado laboral que nada tiene para ellos. Al menos 300 mil cada año.
Iguales pero diferentes
La supuesta equidad es cuestionable. El
alza en la tasa marginal del ISR de 30 a 32 por ciento afectará a
quienes ganan más de 500 mil pesos anuales, 41.7 mil mensuales,
equivalentes a 22 veces el salario mínimo. De 50 millones de ocupados
formales, quizá 1 millón, el 2 por ciento del total, percibe ese
ingreso. Pero no se compara un académico de estudios superiores que
obtiene esas remuneraciones con los de un ministro corto de justicia,
que se despacha con la cuchara grande, o con un Carlos Slim, Ricardo Salinas o Emilio Azcárraga. Éstos y aquéllos, luego de las deducciones y la magia
contable, prácticamente no pagan impuestos. La tasa marginal de 2
puntos más trata a los primeros como iguales a los burócratas de lujo y
a la oligarquía global. ¿Cuánto representarían en impuestos esos dos
puntos? 10 mil pesos más sobre la base de 501 mil pesos, menos las
reducidas deducciones. Un buen contador hará una buena poda legal hasta
reducirlos al mínimo.
¿Acaso no se dice que somos primermundistas?
¿Por qué entonces no aceptan que se les apliquen tasas efectivas como
las que existen en la OCDE (42 por ciento), Estados Unidos (58 por
ciento) o Chile (40 por ciento)?
Desde luego, lo que más les duele es la
aplicación de otros gravámenes (10 por ciento a la distribución de
dividendos y las ganancias especulativas, como en Argentina que se
impuso una tasa de 15 por ciento), el acotamiento, reducción o
eliminación en las deducciones personales y empresariales (inversión,
operaciones relacionadas, donaciones, compra y renta de automóviles, en
restaurantes, IVA en educación privada, la enajenación de casa
habitación, interés de créditos hipotecarios, introducción temporal de
mercancías importadas, homologación de dicha tasa en la zona
fronteriza), o el cambio en los regímenes especiales y preferenciales
(autotransporte, maquila, sociedades civiles) que, de paso, sacrificará
a los pequeños contribuyentes, las cooperativas y a los productores
agropecuarios tradicionales.
El régimen de consolidación fiscal
Pero, sobre todo, lo que más le duele a
la oligarquía es la supuesta eliminación del régimen de consolidación
fiscal que se ha convertido en un gran negocio para las grandes
empresas y los grupos controladores, como Carso, Televisa, Tv Azteca,
ya que les permite diferir el pago del ISR y compensar las pérdidas de
algunas empresas contra las utilidades de las demás empresas del grupo,
en aras de reducir la retribución global.
¿De qué se quejan si la iniciativa
“establece un esquema de salida para estos grupos de sociedades”?: se
les ofrecen “dos alternativas para el cálculo del impuesto diferido que
se tenga al 31 de diciembre de 2013, así como un esquema de pago
fraccionado en cinco ejercicios para el entero del impuesto diferido.
Las empresas que aún se encuentren en el periodo obligatorio de 5 años
de tributación en este régimen podrán seguir aplicando las
disposiciones actuales de la consolidación fiscal y, una vez que
concluya ese periodo, deberán calcular y enterar el impuesto diferido
que tengan a esa fecha, a través del esquema fraccionado de pagos.”
Peña Nieto y Videgaray declaran
triunfalmente ese fraude legalizado para la elusión en el pago de
impuestos. Pero la senadora perredista Dolores Padierna dice que esa
medida es un vil “engaño”, “una simulación”, y acusa al dúo dinámico
de “mentirosos”, porque “dicho régimen no desaparece con la propuesta
oficial”, sólo “cambia [el] nombre” a una excepción privilegiada que
durante 40 años ha beneficiado a 422 grupos propiedad de la oligarquía
mexicana, permitiéndoles evadir y eludir el pago de impuestos,
cubrirlos con un ISR de 2 por ciento y no de 30 como se les aplica
rigurosamente al resto de los contribuyentes.
El propio Videgaray se vio obligado a
aceptar que “la reforma hacendaria no lo elimina”; lo hará “por
etapas”. Para 2014, dijo Videgaray, “el gobierno sólo quiere tener
información de quienes se benefician de ello, porque hoy no la tiene,
para contar con un mayor control de los grupos corporativos”. ¿Entonces
qué información tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
para qué sirve? ¿O Enrique Peña y Luis Videgaray son unos verdaderos
sinvergüenzas?
Según Videgaray, el costo de la
consolidación es de 10 mil millones de pesos. Pero para Padierna, el
Servicio de Administración Tributaria ha calculado que esa práctica de
los 422 grupos equivale a 850 mil millones (La Jornada, 19 de
septiembre de 2013). En 2011, el entonces diputado del Partido del
Trabajo y actualmente alegre neopriísta, Mario Di Costanzo, había
estimado dicho monto (“Las grandes empresas eluden y ‘difieren
impuestos’ a través del régimen de consolidación fiscal”; http://www.slideshare.net/juanjo79/empresas-evasoras-de-impuestos-2011). Es decir, 3.5 veces más de lo que se espera recaudar adicionalmente con el reformón.
Social, pero no tanto
Según la iniciativa, parte de la
recaudación adicional se empleará para fortalecer la seguridad
universal (el Seguro Popular), otorgar una pensión general para los
adultos mayores de 65 años y crear un seguro de desempleo… Pero
acotados.
El acceso a los servicios de salud sólo
será para los trabajadores del sector formal, a quienes sus
contratantes les esquilman ese derecho constitucional con la venia del
gobierno. Es decir, el 60 por ciento de los ocupados informales,
manifestación de la exclusión social neoliberal, ya sea porque el
sistema no tiene espacio para ellos o porque los hombres de presa
“ahorran” gastos, quedará fuera. Primero se “incentivará” a ese sector
para que se “formalice” y, desde luego, pague sus impuestos. Luego se
les masificará en un deteriorado, ineficiente y saturado sector público
de salud, ya que las “reformas no crea[rá]n nuevos organismos de
seguridad social, sino que se [incluirán] a más trabajadores en las
instancias ya existentes…”. Hasta que revienten financieramente.
El seguro de desempleo es limitado.
Sólo será para los desocupados que hayan laborado al menos 2 años antes
en el mercado formal. Tendrá vigencia de 6 meses y sólo se podrá
recurrir a otra vez al mismo 5 años después. El trabajador tendrá que prender veladoras
para que la “flexibilidad” laboral no lo arroje antes a la calle. El
apoyo será decreciente: el primer mes equivaldrá al 60 por ciento del
promedio de las últimas 24 cotizaciones; el segundo al 50 y los cuatro
restantes de 40 por ciento. Si es un desempleado que ganaba un salario
mínimo, recibiría, según mis cálculos 1 mil 115 pesos, 929 y cuatro
pagos de 743 pesos. Globalmente se le darían 5 mil pesos y que
sobreviva como pueda. Los 10 mil millones que se destinarán al seguro
podrían apoyar a alrededor de 896 mil personas.
El gobierno capitalino ofrece un seguro
mensual por 1 mil 942 pesos hasta por medio año y, mientras el
beneficiado busca empleo, recibe cursos de capacitación. En total ha
beneficiado, al menos, a 240 mil personas.
La pensión universal para los adultos
de 65 años será de 1 mil 92 pesos, siempre y cuando no reciban otro
tipo de pensión y tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15
salarios mínimos, es decir, 945 pesos. La pensión media del Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado equivalen a 1 y 1.1 veces al
salario mínimo, alrededor de 1 mil 894 y 2 mil 83 pesos. La otorgada
por el Gobierno del Distrito Federal es de 934.95 pesos.
Es la homologación de los viejos en el abismo de la miseria. Estarán subalimentados, pero no morirán de inanición.
¿Por qué no se les paga esas cantidades a los privilegiados pensionados como José Ángel Gurría, Vicente Fox, los cortos
de justicia o Felipe Calderón? Por 6 años, y no los casi 30 de
cualquier mortal, Calderón recibe una pensión vitalicia por 215 mil
pesos mensuales, además de disponer de 45 militares y 22 marinos para
su seguridad personal y familiar.
Lo social no es muy social. No quedará indemne del pellizquito
fiscal: se reducirán o se eliminarán las exenciones a aguinaldos,
primas vacacionales, fondos de retiro, las cuotas de seguridad social
del trabajador pagadas por los patrones, vales despensa que compensan
la contención salarial y los pagos de miseria, pagos extras, entre
otras baratijas.
La lluvia de impuestos
Antes de elaborar su iniciativa,
es probable que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray hayan revisado las
proezas tributarias de otras latitudes y las de los ingeniosos Antonio
López de Santa Anna y su entonces ministro de Hacienda, Ignacio Sierra
y Rosso. Éstos impusieron una contribución por cada puerta y ventana de
las casas, por cada caballo frisón (robusto) o flaco, o por mascotas
como un perro, entre otras. Guillermo Padrés, el panista desgobernador
de Sonora, aplicó en 2013 un pago de tenencia de 100 pesos por burros,
caballos o animales de carga. A partir de 2005, en Maryland, Estados
Unidos, los habitantes fueron obligados a pagar por los escusados. En
2002 se impuso en Arkansas, Estados Unidos, un gravamen por los
tatuajes. En Finlandia fracasó el intento de gravar la obesidad (por
razones de salud, desde luego). Por las mismas causas, en 2011,
Dinamarca aumentó el impuesto a las grasas saturadas (mantequilla y
aceite), y Tennessee, Estados Unidos, gravó, entre 2005 y 2009, la
posesión de drogas (sustancias prohibidas, como mariguana, cocaína y
anfetaminas); las consumes, pero antes pagas.
En esa tesitura, los ingeniosos Peña-López de Santa Anna y Videgaray-Sierra y Rosso preparan nuestros devastadores Ingrid y Manuel
tributarios para 2014, unos justificados por la salud pública y
cuestiones ambientales, otros por simple disparate, todos para
bolsearnos: IVA para alimentos y compra de mascotas (perros, gatos y
demás), espectáculos públicos (salvo el teatro y el circo), chicles o
goma de mascar, servicio de transporte público foráneo de pasajeros,
enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u
ornamentales, lingotes, congresos y convenciones, impuesto especial a
bebidas saborizadas con azúcares (refrescos y demás) y energizantes; postergación en la reducción de impuestos a la cerveza y el alcohol; impuestos verdes a
la emisión de dióxido de carbono y plaguicidas, a los gases natural,
butano y propano, entre otros productos; la reducción en el ritmo de
aumento del precio de las gasolinas será compensado por el gravamen verde.
Sólo los obtusos que se tragan las
“bondades” de los gravámenes a los bienes nocivos para la salud y el
ambiente, obviando el hecho de fondo: obtener dinero de donde sea.
Una reforma hacendaria hasta lo grotesco.
*Economista
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