Prejuicios machistas acotan derecho a decidir de las jóvenes

ESTADOS

Periodistas por el Respeto de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Juventud

   CAMPAÑA DSyR JUVENTUD

   En Chiapas son criticadas por informarse y defender derechos

Por: Itandehui Reyes Díaz, enviada

Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez.- 

Hace un par de años Iris García, estudiante de veterinaria de 19 años, acudió a sus prácticas de campo. Durante el viaje, un joven ebrio intentó besarla a la fuerza. Contrario a lo que ella esperaba, sus compañeros de la universidad la acusaron de haber “provocado” la situación. De víctima pasó a “culpable”.

Después de vivir en carne propia el intento de abuso, gracias a la recomendación de una psicóloga de su escuela, Iris se involucró como promotora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser-Chiapas), labor en la que encontró un ambiente de confianza y oportunidad de crecimiento personal.

La joven originaria de Salina Cruz, Oaxaca, vino a Tuxtla Gutiérrez por cuestiones familiares, luego ingresó a la universidad, pero su familia se regresó a Oaxaca. Ella se quedó a vivir sola en Chiapas.

Según cifras del Consejo Nacional de Población, en este estado residen 1.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, poco más del cuarto del total de su población que asciende a 5 millones 110 mil personas.

De la población joven de 15 a 19 años, sólo 26 por ciento tiene un grado aprobado de bachillerato. El porcentaje de quienes acceden a estudios superiores disminuye, pues sólo el 15 por ciento de jóvenes entre 20 y 24 años se encuentran en este nivel.

Iris es una de las 33 mil mujeres jóvenes que puede ir a la universidad; proviene de un municipio de Oaxaca de aproximadamente 82 mil habitantes. Dice que pese a no ser una gran ciudad, en la capital chiapaneca “se siente un machismo más marcado”.

A decir de la joven, en la entidad existen muchos prejuicios contra quienes ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo a ella le decían que “por estar informada, por saber, me dicen: ‘tú ya estás bien vivida’”.

A pesar de que los servicios de salud estatales cuentan con programas de sexualidad y salud reproductiva especializados en atención juvenil, los índices de embarazo en adolescentes se mantienen entre los tres primeros lugares a nivel nacional.

Iris ha sido testigo de cómo las jóvenes son juzgadas por “salir embarazadas”. “La gente se va directo a juzgar cuando realmente no sabe qué pasa, puede ser que la joven estaba informada pero no tuvo el acceso (al método anticonceptivo), o no logró negociar con su pareja el uso del método, o ella simplemente se quiso embarazar”, comenta.

Según los sondeos de organizaciones civiles en Chiapas, como Ddeser, las campañas de salud sexual y reproductiva encaminadas a reducir el índice de fecundidad en adolescentes no son efectivas debido a tres problemas fundamentales: el desabasto de anticonceptivos, la falta de personal capacitado para atender a la población joven, y el hecho de que culturalmente a las mujeres se les ubique como seres destinados a la maternidad.

Por su parte, la joven activista ha cambiado su perspectiva: de juzgar a mujeres que se han practicado un aborto, se ha convertido en una promotora para canalizar a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados.

Cuenta el caso de una menor de edad de escasos recursos a la que se le pagó su traslado a una clínica especializada en interrupción del embarazo. “Ayudar me hace sentir bien”, celebra.

En Chiapas, la interrupción del embarazo es legal en caso de violación sexual, cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando el producto tenga malformaciones congénitas. Las tres causales están estipuladas en el artículo 181 del Código Penal estatal.

Sin embargo, como han reportado activistas, en diversas ocasiones tales causales no son respetadas por las autoridades locales al negar el derecho de abortar a las chiapanecas.

Chiapas es una de las 17 entidades federativas que desde 2008 modificaron sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, con lo que se abrió paso a restricciones en el derecho al aborto y a una criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos.