La dependencia también deberá ofrecer una disculpa en medios
Teresa González Cornelio (der) y Alberta Alcántara Juan
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFyA) reiteró que la Procuraduría General de la
República (PGR) debe reparar el daño a Teresa González Cornelio,
indígena otomí que en 2006 fue encarcelada por el supuesto secuestro de
seis agentes de la Agencia Federal de Investigación.
A casi 10 años de que Teresa fuera detenida y encarcelada, el TFJFyA
ordenó a la dependencia difundir en los medios de comunicación la
inocencia de Teresa, informó en un comunicado el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Con esta resolución la PGR está obligada a reconocer que acusó
falsamente a Teresa, tal como lo hizo con las indígenas Jacinta
Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, acusadas por el mismo
delito. De las tres mujeres, Jacinta fue la primera en ser liberada y
después en solicitar la reparación del daño.
Es de recordar que en mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA, quien un año
antes ordenó otorgar la reparación del daño a Jacinta. Dicha sentencia
ya fue notificada a la PGR por lo que tiene un plazo de 4 meses para que
sea cumplida.
En el caso de Teresa, permaneció privada ilegalmente de su libertad más
de tres años, acusada por el presunto secuestro de seis policías,
quienes en 2006 realizaban un supuesto operativo para decomisar
mercancía en el tianguis del municipio de Amealco, Querétaro, cuando
fueron plagiados.
Por esta acusación, el
9 de agosto de 2006 el juez Cuarto de Distrito en el estado de
Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, la condenó a 21 años de prisión
y luego el 19 de febrero de 2010, el mismo juez confirmó la sentencia,
sin embargo Alberta y Teresa interpusieron un amparo para inconformarse
por la resolución.
Después de ser condenada injustamente, en febrero de 2010 Amnistía
Internacional (AI) nombró a Teresa presa de conciencia y manifestó que
se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social,
por ser una mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
Luego de pasar casi 4 años en prisión, el 28 de abril de 2010 la
indígena, junto con Alberta, fue liberada por una sentencia de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al
resolver la apelación, consideró que no había elementos para probar su
culpabilidad.
Después de obtener su libertad comenzó el camino para exigir la reparación del daño por parte de la PGR y en 2013 tuvo respuesta favorable por parte del TFJFyA pero la PGR no quedó conforme con la resolución por lo que interpuso un recurso que finalmente este mes fue resuelto.
Con la reciente resolución, sólo queda pendiente el caso de Alberta,
quien además fue acusada de delitos contra la salud por supuestamente
portar cocaína.
Alberta está a la espera de la petición que hizo para que se le repare
el daño toda vez el recurso de revisión que interpuso la PGR, donde pide
revocar la orden de reconocer su inocencia; se encuentra en análisis
ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito.
Tanto el Centro Prodh como AI, consideran que los casos de Jacinta,
Alberta y Teresa, continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de
reparación, pues con la lucha de las indígenas, se puede ganar un
precedente fundamental para que la dependencia se responsabilice por los
daños que genera el Ministerio Público cuando incurre en actividades
irregulares.
| CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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