16 de 27 son víctimas de violencia política
La síndica Susana Fuentes Rodríguez y la regidora Carolina Bahena Castillo en conferencia de prensa
La síndica del municipio de Amacuzac, en Morelos, Susana Fuentes
Rodríguez, denunció que es víctima de violencia política de género por
parte del alcalde Jorge Miranda Abarca, quien no le permiten ejercer sus
funciones.
La regidora de Asuntos de la Juventud del mismo municipio, Carolina
Bahena Castillo, aseguró que también ha sido víctima de violencia por
parte del secretario general de Amacuzac, Silvano Brito Uribe.
La semana pasada ambas mujeres denunciaron en conferencia de prensa las
agresiones de las que son víctimas que van desde las amenazas,
obstrucción de funciones, suspensión de sueldos y retiro de su personal.
La síndica Fuentes Rodríguez destacó que una de las principales razones
por las que se agudizó el conflicto es que ella manifestó su desacuerdo
en solicitar más créditos y dejar al municipio endeudado.
La funcionaria denunció que en marzo comenzaron las agresiones en su
contra, al negarle el derecho de entrar a las sesiones; desde abril le
suspendieron al pago de salario y la dejaron sin personal, según
reportaron medios locales.
Otra de las mujeres que denunció violencia fue la síndica del municipio
de Zacualpan de Amilpas, Ortensia Muñoz Pérez, quien aseguró que es
agredida por el presidente municipal, Zenón Barreto Ramos, quien le
niega información y no la consulta para tomar decisiones que le
competen.
Por otra parte, de acuerdo con la Asociación de Síndicas y Síndicos de
Morelos, que preside la síndica de Cuautla, Paola Cruz Torres, en el
estado al menos 16 de las 27 síndicas que desempeñan este cargo son
violentadas por los alcaldes y regidores que trabajan con ellas.
Desde otra perspectiva, en días pasados la diputada del Partido Acción
Nacional y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso
local, Norma Alicia Popoca Sotelo, informó que el 21 de junio presentó
una iniciativa para tipificar la violencia política de género.
La reforma propone definir como violencia política “cualquier acto u
omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione y dañe la integridad y
libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
También propone reformar las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal y el Código
Penal local, a fin de establecer sanciones que van de 1 a 7 años de
prisión y de 100 a 500 días de multa para quienes cometen este delito.
Cabe decir que a nivel federal la violencia política de género no es un
delito, sin embargo autoridades como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras, crearon un protocolo
para identificar esta violencia.
| Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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