La Jornada
Al cumplirse un mes del
intento de desalojo que dejó entre nueve y 11 muertos en la comunidad
oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, ayer arribó a la Ciudad de México
(CDMX) la Caravana motorizada de los pueblos originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia,
con la intención de reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong. Encabezados por 157 presidentes municipales, además
de autoridades agrarias de varias comunidades de la entidad, los casi
mil integrantes de la movilización se suman a las demandas de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en
exigencia de justicia para las víctimas del operativo policiaco del mes
pasado, la abrogación de todas las reformas estructuralesdel actual gobierno federal, en especial la educativa; la liberación de los presos políticos del magisterio disidente y la destitución de Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación.
Para poner en contexto los reclamos de la Caravana por la Paz y la Justicia,
y en general los del amplio movimiento social que tiene lugar en
Oaxaca, debe recordarse que el domingo 19 de junio elementos de las
policías estatal y federal atacaron a miembros de la CNTE y pobladores
de Nochixtlán que mantenían cerrada la carretera que conecta la CDMX con
la capital del estado para exigir la apertura del diálogo en torno de
la reforma educativa. Durante la refriega, al menos nueve y hasta 11
personas resultaron muertas y más de un centenar recibieron heridas de
distintas magnitudes, en lo que fue denunciado como un episodio de
represión violenta en el cual las propias autoridades han reconocido el
uso de armas de fuego por las corporaciones presentes.
A la gravedad de los hechos referidos se suman la ausencia, hasta el
momento, de una postura oficial para esclarecer lo sucedido y fincar las
responsabilidades correspondientes, así como los improcedentes intentos
de atajar la situación mediante versiones contradictorias y carentes de
verosimilitud, emitidas durante las horas que siguieron al episodio
violento. Tampoco abonan a la credibilidad de las investigaciones
oficiales la tardía atracción del caso por parte de la Procuraduría
General de la República, que se produjo apenas el 6 de julio, a 17 días
de los acontecimientos; ni que el primer funcionario federal, Roberto
Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se apersonara
en la comunidad casi tres semanas después.
La caravana es un recordatorio de que a partir de los trágicos
sucesos de Nochixtlán, el movimiento magisterial se encuentra lejos de
amainar y, al contrario, el intento gubernamental de resolver el
conflicto por la vía policial llevó a una visible difusión de la
disidencia en el territorio nacional. Al respecto, cabe rescatar como
saldo positivo la aparente toma de conciencia por parte de las
autoridades de las dimensiones del conflicto abierto con los profesores y
la consiguiente creación de canales de diálogo tanto con éstos como con
los familiares de las víctimas del fallido operativo de desalojo.
El esclarecimiento de lo ocurrido en Nochixtlán, la justicia efectiva
para las víctimas y la reparación del daño resultan de la máxima
urgencia no sólo por el respeto debido a las garantías fundamentales de
los afectados, sino para evitar que los acontecimientos de Oaxaca se
sumen a la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país y
que constituye un pendiente principal de la presente administración.
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