Norma violenta derechos reproductivos de las mujeres
Representantes de organizaciones feministas dominicanas protestaron este
fin de semana frente al Palacio Nacional para demandar a los poderes
del Estado, representados allí, que garanticen los derechos de las
mujeres, violentados por la aprobación del nuevo Código Penal en la
Cámara Baja, que penaliza la interrupción del embarazo.
En entrevista con SEMlac, la integrante de la directiva de Colectiva
Mujer y Salud, Cintia Velásquez, dijo que no se detendrán en las luchas
que durante décadas han sostenido las mujeres dominicanas.
“Los derechos no están para negociaciones, sino que el Estado tiene que
garantizarlos, por lo que le exigiremos al Senado que corrija esta
medida tan inhumana y al presidente Danilo Medina que se manifieste en
el mismo sentido que lo hizo en 2014, porque ese era un derecho ya
ganado”, indicó.
Velásquez recordó que el mandatario observó entonces “que el aborto
estaba despenalizado en su tres causales, o sea, que se interrumpiera el
embarazo en caso de violación, incesto o malformación congénita.
Nosotras apelamos a la conciencia política y responsabilidad ciudadana,
para que cada legislador e integrante del gobierno actúe en apego a los
más altos estándares de reconocimiento de derechos humanos y no a
criterios personales”, enfatizó.
Otra de las voces que se alzó ese día frente a la Casa de Gobierno, fue
la de la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lourdes Contreras quien agregó
“llamamos a los legisladores y al Presidente de la República, Danilo
Medina, a asumir responsablemente su compromiso con la vida y salud de
las mujeres. En este país las estructuras del sistema político están
marcadas por las fuerzas organizadas de los partidos y ellos son los
actores y responsables de todo cuanto ocurre en ese sentido”, dijo a
SEMlac.
Contreras subrayó “el retroceso y, en definitiva, la traición del
partido gobernante, porque su líder principal, el presidente Medina, fue
quien envió hace dos años un mensaje al propio Congreso y a la sociedad
para que se cumplieran las tres causales”.
La activista feminista resaltó que la penalización del aborto, más que
disminuir su práctica, “empuja a las mujeres a la clandestinidad y las
expone a potenciales complicaciones médicas que conllevan a una muerte
segura”.
¿Quién legisla por las mujeres aquí?
Desde Santiago de los Caballeros, segunda mayor ciudad del país, arribó
desde horas tempranas de la mañana del pasado viernes un grupo de
mujeres convocadas en este sentimiento común de indignación y rechazo a
lo que significa “un verdadero retroceso, de todo lo que se había
logrado a favor de nosotras”.
“Todo se fue por la borda porque definitivamente las mujeres no tenemos
aquí quien legisle a nuestro favor”, denunció airada la integrante del
Núcleo de Apoyo a la Mujer en Santiago, Manuela Vargas.
Junto a Vargas, dos jóvenes madres de apenas 18 y 21 años,
respectivamente, las hermanas Eloisa Lucero Sánchez y Carolina Sánchez,
con sus pequeños hijos en brazos y la segunda en estado de gestación,
confesaron a esta corresponsal sentirse desprotegidas y abandonadas “por
un sistema que no nos tiene en cuenta”.
“Fíjese que en el caso nuestro, somos de los campos, donde a veces no
sabemos ni cómo protegernos para no tener tantos muchachos, y si algo
anda mal y queremos abortar ¿a dónde vamos? ¿a quién llamamos? Estamos
aquí para protestar, porque las más pobres somos las más perjudicadas”,
revelaron.
Esta manifestación contó con la presencia de la Colectiva Mujer y Salud;
Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf); Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(Cladem); Instituto de Género Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD); Women's Link Worldwide (WLW); Movimiento de Mujeres
Dominico-Haitiana (Mudha); Confederación Nacional de la Mujer del Campo
(Conamuca) y el Foro Feminista Magaly Pineda.
En un comunicado emitido por el Foro Feminista que integra estas
organizaciones, califican como un retroceso brutal para el país la
aprobación por la Cámara de Diputados, en tan sólo un par de horas, de
este Código que deja a la zaga el del 2014 y condena a muerte a miles de
mujeres vulnerables en el país.
El nuevo Código Penal castiga con penas de 2 a 4 años de prisión a las
mujeres y hasta 10 años cuando se trata de personal de la salud.
“Responsabilizamos a funcionarios de todos los partidos políticos de las
nefastas consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las
mujeres tras la implementación de este Código”, puntualiza.
Apoyo internacional
En una nota de prensa, las organizaciones Amnistía Internacional (AI), y
Oxfam criticaron que República Dominicana mantenga la criminalización
del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida
en su nuevo Código Penal, aprobado por los diputados.
“Con esta decisión, no sólo le da la espalda a miles de mujeres, sino
que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les
son básicos”, expresó la directora adjunta de Campañas de Amnistía
Internacional, Juliana Cano Nieto.
En tanto, el director de Oxfam en el país, Raúl del Río, afirmó que
“constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres,
que va a afectar desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en
condiciones de pobreza”.
“Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del
Estado y mandan un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones
de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y
alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12)”.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades dominicanas a
garantizar el ejercicio de la maternidad segura y elegida, como un
derecho humano con disposiciones legales libres de discriminación.
“Obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo
producto de una violación sexual o llevarlo a término cuando existe
constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer, constituye un
acto cruel, inhumano y degradante, según ha sido considerado el Comité
de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia”, concluyen.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Mercedes Alonso
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, RD.-
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