Arturo Alcalde Justiniani
Hoy nace una nueva
federación de sindicatos de la banca de desarrollo; convocan: Miguel
Osorio Mota, María Luisa Velásquez Galicia y José Flores Morales,
dirigentes de los sindicatos del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior. Esta nueva
organización es fruto de un largo proceso de diálogo y encuentro entre
los trabajadores de este sector, decididos a enriquecer la calidad de su
representación gremial, juntar esfuerzos y asumir en unidad los retos
de la restructuración laboral derivada de la reforma financiera
promulgada a principios de 2014,
que ha generado preocupación por la amenaza de regresiones laborales, como la segmentación contractual, el deterioro de la bilateralidad en las relaciones de trabajo y la restricción del derecho de sindicalización.
No se trata de una sigla más en el entorno de un sindicalismo
desprestigiado y plagado de emblemas y consignas falsas, sino del
tránsito a una etapa superior de sindicatos reales que eligen a sus
representantes democráticamente, rinden cuentas a sus agremiados y
asumen en forma colectiva sus principales decisiones.
Un elemento a destacar de esta nueva organización es que no sólo
sustenta propuestas de defensa gremial, sino que ha venido promoviendo
el fortalecimiento de la propia banca de desarrollo como un instrumento
clave en la política económica para apoyar a los sectores productivos
que no atiende la banca comercial, promover empleos en sectores
estratégicos y lograr reducir la desigualdad y la pobreza; ésa que se
pretende ocultar por el Inegi a partir de un repentino cambio de
instrumentos de medición, que tratan de probar, que gracias a la
estadística, existen menos pobres en nuestro país.
En otros lugares del mundo la participación del sindicalismo bancario
ocupa un lugar destacado en la acción laboral por la propia condición
profesional de los trabajadores del sector; sin embargo, en el nuestro,
su historia ha sido bastante accidentada. Todavía recordamos el último
informe del presidente José López Portillo, cuando en 1982 anunció, con
lágrimas, la nacionalización de la banca como una respuesta al saqueo
empresarial, señalando que ahora sí, los trabajadores del sector podrían
organizarse sindicalmente. Esta aspiración había enfrentado muchos
obstáculos interpuestos por el gobierno y los banqueros, que, como suele
suceder, advertían de graves riesgos para el país si ese derecho humano
fundamental se hiciera efectivo en sus empresas e instituciones.
Concretada la nacionalización, se fue reformando el régimen laboral
bancario, dando tumbos, unos días considerados como trabajadores del
Estado y otros, como trabajadores comunes. La promesa de libertad
sindical se diluyó y de inmediato se promovieron, en la mayoría de los
bancos, organizaciones controladas por los patrones, encabezadas incluso
por personal de confianza. Finalmente, se creó un régimen laboral
especial contenido en una fracción XIII Bis del apartado B del artículo
123 constitucional y su ley reglamentaria. Vino luego la privatización, y
los trabajadores de la banca comercial regresaron al régimen laboral
general, común para todos los trabajadores, quedando la banca pública o
de desarrollo sujeta al régimen especial.
A partir de la privatización, miles de trabajadores de la
banca comercial sufrieron un saqueo laboral sin límites; fueron
despedidos los de mayor antigüedad para que no recibieran su jubilación,
a pesar de que el costo de esta prestación fue considerada en la
compra-venta de los bancos; se amplió el personal de confianza de 20 por
ciento original, a 60 por ciento promedio; se reprimieron los intentos
democráticos y se fueron cancelando las prestaciones históricas de
servicio médico, préstamos hipotecarios y jubilación, hasta llegar a
nuestros días en que la casi totalidad de los trabajadores no son
reconocidos como tales por los bancos privados, puesto que pertenecen a
empresas outsourcing, creadas artificialmente por las propias
instituciones bancarias para soslayar su responsabilidad laboral, a
pesar de que el Poder Judicial Federal ha declarado ilegales los
contratos bajo los cuales se subcontrata a los empleados. Todo, para
cancelarles sus derechos, incluida la prestación más temida, pero aún
vigente en la Constitución y en la ley, que es el reparto de utilidades,
el cual obliga a los patrones a cubrir 10 por ciento de sus ganancias a
sus empleados. Sería interesante conocer a uno de la banca privada al
que aún se le respete este derecho. Sería una auténtica aguja en un
pajar.
Se supone que todos los empleados bancarios pertenecen formalmente a una federación sindical, cuyas siglas son Fnasib,
única reconocida por el Estadodice la inconstitucional ley laboral bancaria; sin embargo, este organismo es prácticamente inexistente, por la simple razón de que han desaparecido los trabajadores que dice representar, precisamente por la simulación que conlleva el cáncer laboral del outsourcing.
En este contexto laboral bancario que priva en nuestro país, de
penosa degradación del sindicalismo convertido en la mayoría de los
casos en un deleznable negocio, es de gran importancia la presencia de
un nuevo actor legítimo, como la nueva federación de la banca de
desarrollo. Si reconocemos que el trabajo es el patrimonio común de la
población, la organización en favor de su defensa resulta esencial no
sólo como instrumento de protección específica, sino como vía de diálogo
social para el diseño de políticas públicas. La recuperación del
sindicalismo auténtico por los trabajadores es entonces una necesidad
social. De ahí, la importancia de las nuevas leyes de transparencia, la
iniciativa de reforma constitucional para recuperar la justicia laboral
imparcial por la vía del Poder Judicial y el creciente reclamo de mejora
salarial. El nacimiento de esta organización democrática de los
trabajadores bancarios es motivo de celebración.
PD: Nuestra solidaridad con Sergio Aguayo y Carmen Aristegui y por la
defensa de la libertad de expresión. No cabe duda, Humberto Moreira y
Joaquín Vargas no tienen vergüenza.
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