En declaraciones a IPS, la especialista consideró algo “innovador y
pionero” la incorporación en septiembre de 2014 de la Subcomisión de
Género, dentro de la Mesa de los Diálogos de Paz entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que acoge la capital cubana desde noviembre de 2012.
Sanz resaltó que el alto porcentaje de mujeres que han intercambiado
con los integrantes de la mesa de diálogo, en los foros regionales y
nacionales y en las visitas de víctimas y expertas en género a La
Habana, demuestran la creciente voluntad de las partes por incorporar
las propuestas de género en los acuerdos finales y en su implementación.
Los resultados de la labor realizada por esa subcomisión, conformada
por representantes de las dos partes, se dieron a conocer en La Habana,
en un acto especial el sábado 23, exactamente un mes después de que se
celebrará aquí el histórico acuerdo del cese el fuego bilateral y
definitivo entre los contendientes por más de medio siglo.
Para el acto vinieron a La Habana la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la representante especial del secretario general de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, la sierraleonesa Zainab Hawa Bangura, además de Sanz, cuya oficina ha acompañado especialmente la labor de la subcomisión.
También participaron María Paulina Riveros, delegada del gobierno
colombiano en la subcomisión, y Victoria Sandino, su contraparte por las
FARC, junto con el resto de las integrantes de esa instancia, los
delegados en los diálogos de paz y representantes de los países
garantes.
Durante la presentación se divulgaron los frutos de su trabajo, que
abarcan la inclusión de la perspectiva de género y de derechos humanos
de las mujeres en cada uno de los acuerdos parciales logrados hasta el
momento, comenzando por las garantías en el acceso y tenencia de la
tierra para la población femenina en el sector rural.
Además, se acordó la participación de mujeres en espacios de toma de
decisiones para la implementación de una paz estable y duradera, medidas
de prevención y protección en cuanto a una vida libre de violencias,
garantías de acceso a verdad y justicia y medidas contra la impunidad y
el reconocimiento a las formas diferenciales en que el conflicto las
afectó a ellas de manera desproporcionada.
“Son algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos e inspiradores para
otros procesos de paz en el mundo”, recalcó Sanz desde Bogotá, tras su
regreso a la capital colombiana.
En su opinión, “estos avances constituyen hitos en la promoción de
los derechos de las mujeres y la transformación de la desigualdad de
género en situaciones de construcción y transición hacia la paz y, con
ajustes en función de las particularidades y contextos, podrían ser
exportados a otros lugares en el mundo”.
La introducción del enfoque de género incluye asimismo la búsqueda de
condiciones para que personas con identidad sexual diversa puedan
acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país
sin conflicto armado.
“El hecho de que las mujeres y personas con identidad sexual diversa
puedan disfrutar de un país en paz no es solo una cuestión básica de
derechos humanos: sin su participación en la construcción de paz y, por
lo tanto, sin su disfrute de los beneficios de la paz, la misma paz y su
estabilidad se ve amenazada”, recalcó Sanz, de nacionalidad española.
Al respecto, citó un estudio encargado en 2015 por el secretario
general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, a
los 15 años de emitirse la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad,
destinada a promover la participación de las mujeres en los procesos de
paz.
Esa investigación mostró
que la participación de las mujeres aumenta en 20 por ciento la
probabilidad de que un acuerdo de paz dure por lo menos dos años, y en
35 por ciento la probabilidad de que un acuerdo de paz dure 15 años.
“Por lo tanto, si las mujeres no participan de los procesos de
construcción de paz, no solo como ‘beneficiarias’, sino como sujetos de
cambio y actoras políticas, es difícil hablar de una paz estable y
duradera”, acotó Sanz.
El estudio de ONU muestra también los riesgos que enfrentan las
mujeres en las etapas posteriores a la firma de los acuerdos de paz.
Según esa investigación, las mujeres en zonas afectadas por el
conflicto y en recuperación tienen menos oportunidades económicas y
soportan las cicatrices emocionales y físicas del conflicto, sin apoyo
ni reconocimiento. Eso, además de enfrentar violencia cotidiana en sus
hogares y comunidades y hacer frente a las cargas del cuidado de niños,
ancianos y las labores domésticas no remuneradas.
En un sentido más amplio, “las estructuras de desigualdad permanecen y
se requieren medidas para su desmantelamiento, así como del compromiso
de la sociedad en su conjunto”, admitió Sanz, para quien un proceso de
transición como el que puede vivir Colombia es “una oportunidad
fundamental” para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad.
Consideró “vital” el trabajo de la Subcomisión de Género y su
continuidad en el tiempo, así como el de las organizaciones de mujeres,
con el acompañamiento de la cooperación internacional, para incorporar
disposiciones en los acuerdos que permitan ir transformando esas
situaciones de desigualdad, pensando en la fase posterior a la firma e
implementación de los acuerdos.
Por ello la inclusión de provisiones en materia de género en los
acuerdos “abre una ventana de oportunidad a la transformación de
estructuras de desigualdad existentes y puede suponer una oportunidad
para otros procesos de paz, en la firma de sus acuerdos y sus etapas de
implementación”, reiteró la directora nacional de ONU Mujeres.
Se estima que son mujeres más de 40 por ciento de las filas de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyo número exacto
no se conoce públicamente.
En general, la población femenina de Colombia representa algo más de
la mitad del total, que según datos oficiales de 2015 supera los 48
millones de habitantes. Sin embargo se trata de uno de los países de
América Latina con la menor representación de las mujeres en la
política.
En 2015, eran solo 14 por ciento de las concejalas, 17 por ciento de
diputadas, 10 por ciento de alcaldesas y nueve por ciento de
gobernadoras. “Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría
justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad”, de acuerdo a
un informe de ONU Mujeres.
Editado por Estrella Gutiérrez
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