Familia exige condiciones para enfrentar proceso
Luego
de que este día se tenía previsto iniciar el juicio por el homicidio de
la defensora de Derechos Humanos Berta Cáceres, en la Corte Suprema de
Justicia en Honduras, éste se suspendió.
Activistas, familiares, abogadas y abogados tuvieron que esperar más
de tres horas, ya que a la hora avisada, la Corte inició una audiencia
de proposición de pruebas de otro proceso judicial, según denunció el
Centro Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh),
organización fundada por la defensora Berta Cáceres y en la que se
mantuvo hasta su asesinato, el 3 de marzo de 2016.
La defensora se opuso a la construcción de la represa hidroeléctrica
Agua Zarca en el río Gualcarque, por el impacto que podía tener en el
territorio de la comunidad indígena lenca. Uno de los ocho acusados en
este proceso era gerente de Desarrollo Energéticos (DESA), empresa que
pretendió construir la represa.
Las hijas de Cáceres, integrantes de la Copinh y otras organizaciones
civiles, reclamaron que la investigación por parte de las autoridades
no se llevó a cabo a fondo, y que los autores intelectuales del crimen
no están sentados en el banquillo.
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Honduras y Amnistía Internacional (AI) indicaron
que era necesario profundizar en la investigación, y que el Estado es
responsable de realizarla con la “debida diligencia”. AI lamentó que “no
se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber
estado implicados en ordenar su homicidio".
Por su parte, una de las hijas de Berta, Laura Zúñiga, explicó a “El
Diario” un periódico de España, que la familia fue marginada del
proceso. “A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al
expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras
no pudimos tener acceso. No pudimos participar", narró al diario
español.
Esta mañana, ante la sede de la Corte, en Tegucigalpa, se habían
reunido decenas de amigas, amigos y personas solidarias, de las
comunidades indígenas y garifuna del país. Con tambores, porros y
pancartas pidieron justicia para Berta.
Poco después, las organizaciones sociales denunciaron la llegada de
personas pagadas por la empresa DESA, que vinieron a provocar a las y
los integrantes de la manifestación pacífica e iniciar un
enfrentamiento. También denunciaron que la policía permitió que llegaran
a plantarse en el mismo lugar que las y los defensoras de la tierra.
Asimismo, dentro del edificio de la Corte, resultó que la sala donde
tuvo lugar el proceso era demasiado pequeña para recibir a todas las
personas interesadas en el proceso. Entre otras, iban a participar
expertas y expertos observadores de organizaciones internacionales.
El juicio oral quedó suspendido después de pocos minutos, ya que el
tribunal dio paso al recurso de recusasión que planteó la familia junto
al Copinh y el equipo legal porque “rechazamos su accionar y su aptitud
para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un
tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este
proceso.”
En declaración previa señalaron “queremos y hemos exigido que se haga
justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos
facilitado y hecho más de lo que deberíamos pero el Estado ha fallado en
brindar las garantías de un debido proceso.”
Según activistas, la situación para defensoras y defensoras del medio
ambiente en Honduras es peor que cuando murió Berta Cáceres. La
organización Front Line Defenders registró siete personas defensoras
asesinadas en 2017.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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