En la revisión inicial del paquete económico 2019 los
grupos parlamentarios detectaron los primeros ajustes: por ejemplo, un
incremento de los intereses de la deuda; un recorte de 20 por ciento al
campo, aplicado en la disminución de los fondos para la Secretaría de
Agricultura, así como cambios, por ejemplo, a la operación de fondos
como el Fonregión, que permiten transferencias de recursos a los
estados.
Se encontró un aumento del déficit de 8 por ciento, ya que deberán
pagarse 503 mil millones de pesos por intereses de la deuda, monto mayor
en 2 mil 466 millones de pesos al aprobado para 2018.
La disminución en Agricultura es de 6 mil 982 millones, dependencia
que dispuso para este año de 64 mil 325 millones, y la propuesta del
Ejecutivo es ahora de 57 mil 343.
El Programa Concurrente para el Campo tendrá un ligero aumento de 21 millones, al pasar de 320 a 341 millones.
Los diputados también identificaron que se propone un recorte de 20
por ciento en el subsidio a estados y municipios en el rubro de
seguridad.
El Fondo Regional se constituirá en un fideicomiso y se eliminará la
previsión de que 50 por ciento de sus recursos se destinarían a los tres
estados con mayor pobreza, esto es Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
También se detectó que en la Secretaría de Gobernación se suprimió el rubro de recursos para personas desaparecidas.
El Poder Legislativo ajustó su gasto en 17 por ciento, de 15 mil 374
millones a 13 mil 2 millones. El Senado reducirá su monto de 4 mil 905
millones a 3 mil 940, y la Cámara de Diputados de 8 mil 239 a 6 mil 758
millones.
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores se disparó de 17 mil
millones a 29 mil millones de pesos, esto es, el denominado pasivo
circulante crecerá 64 por ciento.
También el ramo Participaciones a Estados y Municipios creció de 811
mil a 914 mil millones de pesos, como parte del compromiso presidencial
con los gobernadores.
Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas explicó
que del total del gasto por 5 billones 814 mil millones de pesos, 4.1
billones corresponden al gasto programable, y de este monto 2.9 billones
son al gobierno federal, 899 mil millones a Petróleos Mexicanos y
Comisión Federal de Electricidad, y un billón a organismos de control
directo.
Refirió que el recorte a los poderes y entes autónomos es de 13 por ciento.
De acuerdo con el centro, el proyecto
está orientado a la eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos para promover el desarrollo y la productividad.
Así, en ese contexto plantea
reasignación de recursos a proyectos y programas con reglas claras; elimina gastos innecesarios; desaparecen o fusionan programas duplicados o que no cumplen su propósito; se suprimen proyectos de poco impacto social o productivo y, en cambio, se financia infraestructura y programas sociales prioritarios.
Concluyó:
La política de gasto descansa en dos pilares: disciplina fiscal y austeridad.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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