Se ha comprobado que en las entidades donde se ha
emprendido un mayor número de proyectos mineros hay un constante
decrecimiento de la calidad de vida de sus habitantes, aseguró Aleida
Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X).
Dijo que de acuerdo con datos oficiales, de 2000 a 2016 se otorgaron
más de 50 millones de hectáreas que se suman a las concesionadas el
sexenio precedente y, debido a los largos permisos –hasta de 50 años–,
se debilita y dificulta la actividad del sector rural. En total, una
tercera parte del territorio nacional ha sido concesionado para
actividades de extracción, sobre todo en Sonora, Durango y Chihuahua.
Para la experta y autora del libro Minería en América Latina y
México: problemas y consecuencias, editado por la UAM, las múltiples y
sucesivas reformas legislativas en el sector han fortalecido la
estructura empresarial monopólica, y debilitan la capacidad de
regulación extractiva por parte del Estado mexicano.
De hecho, nuestro país no cuenta con instituciones específicas para
regular la minería, lo que origina falta de acceso a información
precisa, actualizada, amplia y centralizada sobre esta industria, además
de que existen intereses que dificultan controlar esta actividad.
Respecto a la recaudación fiscal, advierte que ésta es muy baja en
contraste con el alto nivel de producción de metales preciosos –México
es de los 10 primeros lugares del mundo en generación de plata y oro–
debido esencialmente a que la Ley Minera imposibilita que el Estado
conozca el volumen de explotación, así como los minerales que se están
extrayendo, por lo que los impuestos no son representativos respecto a
la cantidad de ingresos que se obtiene por los proyectos.
En el libro de 200 cuartillas se analiza desde la normatividad
socioambiental para la minería en la región y algunos casos en Zacatecas
y Baja California Sur. Azamar Alonso señala que la minería se practica
en 24 entidades del país, principalmente en comunidades rurales donde no
se ha traducido en crecimiento económico o desarrollo, pues una de las
características comunes de estos espacios es la marginación y la
pobreza.
La investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM-X
analizó los indicadores sociales más importantes en los principales
estados mineros en 1990, 2000 y 2016, y observó que no hubo mejoramiento
para la población en situación de pobreza.
Además, indicó que entre los múltiples problemas asociados a este
sector se encuentran 120 conflictos socioambientales generados por el
extractivismo, además de población perjudicada por los accidentes
mineros –derrames de presas de jales y derrumbes, entre otros–, cientos
de miles de casos de envenenamiento por contaminación de fuentes de
agua, destrucción de territoriol, enfermedades degenerativas, etcétera.
“Entre todas las formas del extractivismo, una de las más
problemáticas –por sus efectos negativos socioambientales– es la
minería”, señaló la investigadora Aleida Azamar.
José Antonio Román
Periódico La Jornada
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