Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de noviembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus similares de las 32 entidades del país acordaron crear una base de datos de los funcionarios públicos que han recibido recomendaciones por haber violado las garantías de los ciudadanos, con el fin de hacerlos responsables de sus actos e inhibir la repetición de estas acciones.
Los acuerdos fueron resultado del 31 congreso nacional ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que reúne a los ombudsman de las 31 estados y el Distrito Federal y de la CNDH.
La primera base de datos conjunta, que estaría lista en seis meses, es la de los nombres de los servidores públicos que según las recomendaciones han cometido alguna violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
En la reunión se dijo que se ha detectado que servidores públicos “recomendados” e incluso inhabilitados para ocupar funciones públicas en algunas entidades son contratados en otras, donde llegan a reproducir sus actuaciones. Por ello, dijeron, los ombudsman harán públicos, en sus páginas electrónicas, los nombres de estas personas.
La otra base de datos que estará disponible al público es la del Sistema Nacional de Consulta de Precedentes, que constituirá una herramienta para transparentar el sentido de las recomendaciones y sentar los mínimos necesarios sobre los que se deben juzgar las actuaciones de los servidores públicos.
Durante dos días los ombudsman debatieron sobre la explotación sexual infantil, los derechos humanos en los centros penitenciarios y las violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
Jesús Naime Libién, secretario técnico de la CNDH, advirtió ante los ombudsman que “la profunda crisis económica y de seguridad pone en riesgo la existencia del estado de derecho en el país”.
Garantizar la paz, deber del Estado
Dijo que el Estado mexicano debe cumplir con su función de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, pero dentro de la ley y con respeto absoluto a los derechos humanos.
En lo que va del año, se dijo durante el encuentro, los organismos humanitarios de diversos estados, entre ellos Chihuahua, Sinaloa, Durango y Michoacán, han presentado entre 25 y 30 quejas contra los cuerpos militares y policiacos federales que combaten la delincuencia organizada. Casi todas han sido por la presunta comisión de actos que van desde allanamientos de morada, lesiones, retenciones ilegales o arbitrarias.
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■ Denunciar ante la ONU 169 casos de agresiones, el objetivo
Unos 40 grupos, en el Frente Morelense contra la Represión
■ Los ataques, durante los desalojos en Xoxocotla y Amayuca el mes pasado
Rubicela Morelos Cruz (Corresponsal)
Xoxocotla, Mor., 8 de noviembre. Unas 40 organizaciones sociales de derechos humanos, campesinas, magisteriales y sindicales constituyeron aquí el Frente Morelense Contra la Represión (FMCR) para presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 169 casos de personas atacadas en octubre por órdenes de los gobiernos estatal y federal en tres comunidades, durante los desalojos de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y de simpatizantes.
El FMCR –que forma parte del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)– se integró en Xoxocotla porque fue la comunidad más reprimida, donde el pasado 9 de octubre incluso intervino el Ejército para someter a los pobladores durante la primera etapa de lucha magisterial contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), aseguraron los organizadores.
Los otros desalojos estuvieron a cargo de policías estatales y federales, los días 7 y 8 de octubre en las comunidades de Tres Marías y Amayuca; y en los tres hubo 169 casos de represión, además de que las autoridades federales y estatales criminalizaron el movimiento de maestros contra la ACE, y por lo que el expediente se presentará ante la ONU en febrero del próximo año, afirmó José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
En Xoxocotla hubo 16 detenidos, de manera ilegal, entre mujeres, niños y hombres por manifestarse junto a los maestros contra el pacto educativo oficial, “que lesiona sus derechos laborales, sindicales y la Constitución misma”; mientras en Amayuca fueron 49 y en Tres Marías dos: todos acusados de atacar las vías de comunicación, sabotaje y sedición, entre otros delitos, para luego quedar libres, con fianzas de 10 mil pesos, aunque las averiguaciones continúan y las órdenes de aprehensión pueden ejecutarse en cualquier momento.
A las detenciones –aclaró Martínez Cruz– deben sumarse los casos de maestras y maestros retenidos por padres de familia a los que azuzaba el gobierno estatal; así como los golpeados por gente de los líderes charros y 45 denunciados por la Secretaría de Comunicaciones de Transportes (SCT) luego de tomar casetas de peaje durante las protestas contra la ACE, principalmente.
Las 169 personas a que se refiere el paquete padecieron menoscabo de sus garantías individuales, entre ellas, el derecho a manifestarse, o fueron víctimas de violaciones mayores como privación de la libertad, todo lo cual atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, expuso.
La toma de protesta del FMCR tuvo lugar la mañana de hoy en el zócalo de esta comunidad, ante unos 300 representantes de las 40 organizaciones sociales que lo integran.
Por su parte, Édgar Sánchez Ramírez, del Frente Nacional Contra la Represión, calificó a la Alianza por la Calidad de Educación como una iniciativa “endeble e ilegal” que puede venirse abajo con un esfuerzo conjunto de todos los estados que la rechaza; por provenir de “los ilegítimos” Felipe Calderón, presidente de la República, y Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
Al término de la ceremonia de constitución y toma de protesta del FMCR, el activista planteó a los profesores de todo el país que se unifiquen y “luchen de manera conjunta, estado por estado”, para que no se aplique la ACE, pues lesiona sus derechos, además de invirtarlos a “aprovechar” la crisis política que atraviesa el gobierno federal por la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Reconoció que la lucha magisterial de distintos estados comenzó de forma desigual y dijo esperar que en la segunda etapa los docentes de Morelos traten de unificarse con los demás profesores del país, dado que la ACE “no es ley ni decreto oficial, y por vía de la descentralización los gobernadores tienen facultad de firmarla o rechazarla”.
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