Duante la guerra sucia, noviembre era mes negro en cuanto a desapariciones: ONG

■ Nuevo plantón del Comité Eureka y la agrupación HIJOS frente a la Suprema Corte

■ Denuncia Rosario Ibarra al gobierno panista por practicar, como el PRI, la desaparición forzada
Emir Olivares Alonso

Noviembre representó “un mes negro” durante la época de la guerra sucia, en las décadas de los 70 y 80, pues en ese periodo el Estado mexicano desapareció de manera forzada a por lo menos 33 personas, con lo que incurrió en un delito de lesa humanidad, señalaron el Comité Eureka y la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).

Las agrupaciones, formadas por familiares de desaparecidos políticos, asistieron por segundo mes consecutivo a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir, como desde hace casi cuarenta años, la presentación con vida de los desaparecidos y justicia para las víctimas del “terrorismo de Estado”.

“Los desaparecidos nos faltan a todos, todo el tiempo. Su ausencia implica su recuerdo, pero también nos mueve a seguir luchando contra la impunidad, el olvido y la falta de justicia”, aseguraron integrantes de esas organizaciones no gubernamentales (ONG).

La cerca de la entrada principal de la SCJN sirvió de soporte para exhibir decenas de fotografías con los rostros de algunos de los desaparecidos de manera forzada por el gobierno mexicano durante ese periodo. La consigna fue la misma de décadas: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”, lo que llamó la atención de las personas que transitaban por el lugar.

La fundadora del Comité Eureka y actual senadora, Rosario Ibarra de Piedra, aseguró que, pese al cambio de partido en el gobierno, las familias de los desaparecidos no han obtenido justicia. “En estos dos sexenios panistas no ha cambiado nada, todo sigue igual.”

Mencionó que existen más de 500 desaparecidos políticos de esa época, y a la fecha el Estado mexicano no ha presentado con vida a la mayoría. Por el contrario, expresó, el actual gobierno incurre en las mismas prácticas, por lo que este crimen –considerado por órganos internacionales de lesa humanidad– se sigue presentando de manera sistemática en el país, aun cuando México está obligado a impedirlo y sancionar a quienes incurran en él.
La legisladora refirió que la actual administración federal “está ocupada con sus propios problemas y no por los del pueblo. Este gobierno está metido en un problema terrible y no sabe para dónde hacerse”.

Señaló que las organizaciones de la sociedad civil repudian la violencia provenga de donde provenga, por lo que lamentó la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otras personas al desplomarse el avión en que viajaban. Indicó que si se confirma que no fue un accidente “sería un golpe muy fuerte; nunca le habían hecho algo a un secretario de Gobernación. Esto no sólo sería grave para el gobierno, sino para todo el pueblo porque puede haber persecuciones contra inocentes”.

Por casi 40 años los familiares de desaparecidos políticos han levantado la voz para clamar justicia, “sin que hasta la fecha llegue” dijeron. Por ello, desde octubre pasado el Comité Eureka e HIJOS informaron que el primer sábado de cada mes acudirán a la SCJN “para reclamar castigo para los represores”.

Recordaron que las 33 personas que desaparecieron en noviembre durante los años de la guerra sucia eran “maestros, campesinos, amas de casa y estudiantes que no están donde deberían estar y por cuya desaparición forzada nadie ha respondido”.